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La baja por menstruaciones dolorosas amenaza con abrir otro frente en el seno del gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. El anuncio de la ministra de Igualdad, Irene Montero de incluir en el borrador de la nueva Ley del Aborto una incapacidad de tres días al mes, ampliable a otros dos más, para mujeres que sufran este problema ha sido matizado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá quien asegura que está todavía "en discusión". La medida ha sido recibida con disparidad entre responsables de Recursos Humanos y sindicatos.
Ofrecer una baja a mujeres que padecen reglas dolorosas no es nuevo en España. Ayuntamientos como el de Girona o Castellón ya lo tienen recogido en sus convenios laborales, pero su inclusión en una ley de carácter nacional ha desatado la polémica.
UGT a través de su vicesecretaria general, Cristina Antoñanzas salía al paso de la propuesta criticando la medida al considerar que no sabía "si nos hace un flaco favor a las mujeres" ya que, añade puede "estigmatizarnos otra vez", corriendo el peligro de "ponernos en el foco".
Pero esta postura de la actual cúpula de UGT contrasta con la expresada en 2017 por Juan Carlos Hidalgo, de la Ejecutiva de UGT en Andalucía que aplaudía una medida similar debatida por el parlamento de Italia, según informa La Información.
Según Hidalgo, "si los hombres tuvieran algo similar no solo estaría legislado, además toda la sociedad estaría concienciada de la necesidad de esos tres días de permiso retribuido sin ningún tipo de problema".
Tampoco hay unanimidad entre los expertos en Recursos Humanos consultados por Informativos Telecinco. Valentín Bote, director de Randstad Research cree que "a priori al ser una cuestión vinculada con la protección de la salud puede ser algo positivo" y que, al igual que todas las medidas adoptadas en las dos últimas décadas para mejorar la situación de las mujeres en el mercado laboral "no tendrá un impacto negativo para su contratación".
Para Bote, "nunca las mujeres han tenido una situación laboral como la actual, por lo que puede que haya algo de incertidumbre al principio, pero con su aplicación, seguro que la medida se asienta sin problemas”.
Una incertidumbre que sitúa en si "esta baja se utiliza demasiado y por ello genera algún tipo de riesgo para las mujeres desde el punto de vista laboral".
“Creo que la medida hay que encuadrarla en todos los avances de este tipo y la experiencia nos ha demostrado que no han tenido un impacto negativo para la contratación de las mujeres, por lo que a priori no habría que pensar que ahora vaya a ser distinto”, concluye.
Mucho más concluyente es Javier Blasco, director de Adecco Group Institute al asegurar que "no creo que una empresa vaya a dejar de contratar a una mujer por algo tan obvio como es esta cuestión de la menstruación."
Blasco ve "poco recorrido a esta polémica" además de ser un "debate un poco estéril" porque, "las empresas españolas ya tienen la igualdad totalmente interiorizada y llevan muchos años trabajando en ello", algo que demuestra, concluye, el que "las estadísticas a nivel internacional nos dicen que las empresas españolas estamos por encima de la media en temas de igualdad".
Pero no todos los consultados contemplan esta medida como algo positivo para las mujeres. Al igual que la representante de UGT, Pilar Llácer, experta en Recursos Humanos, cree que la medida "podría ir en contra de las mujeres".
Llácer está convencida también de que este tipo de propuestas "ponen el foco en la mujer, pero en un sentido negativo". Y no duda que, en caso de entrar en vigor, "el profesional que decida una contratación se lo pueda pensar"
Según esta experta, "si una mujer tiene un problema derivado de la menstruación, este deberá de ser considerado como una baja, pero no por defecto porque si no al final nos ponemos palos nosotras mismas".
Y concluye asegurando que "lo que habría que hacer es personalizar cada caso y si es una enfermedad tratarla como tal".
Por el momento, el Gobierno no ha dado más indicios de cómo piensa desarrollar este nuevo derecho para las mujeres, pero las experiencias en ayuntamientos como el de Girona o Castelló pueden ayudarnos a entender su aplicación.
El ayuntamiento catalán fue pionero en España en adoptar esta medida, algo que fue demandado por las funcionarias y trabajadoras de Castelló. En este consistorio, un 45 % del personal laboral son mujeres a las que se les ha ofrecido la posibilidad de solicitar hasta ocho horas mensuales que han de ser recuperadas en los tres meses siguientes.
El acuerdo entre partidos y sindicatos recoge también que, para solicitarlo, las afectadas deberán adjuntar un certificado médico que justifique la ausencia por este motivo concreto.