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El Gobierno aprobará este martes el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley para regular el procedimiento que se utiliza para determinar la edad de los menores no acompañados "con todas las garantías legales". La nueva normativa incluye que los menores tengan asistencia jurídica gratuita desde el inicio del procedimiento, la asistencia de interprete, la representación legal .
Después de varios tirones de oreja a España desde la UE y de organizaciones internacionales por usar desnudos integrales y exploraciones genitales para la determinación de la edad de los menores migrantes el Gobierno toma nota para dar una adecuada protección a las personas menores de edad con independencia de su condición de nacional o extranjero, según han explicado fuentes del Ministerio de Justicia que dirige Pilar Llop.
España garantizará la asistencia jurídica gratuita desde el inicio del procedimiento, la asistencia de interprete, la representación legal del menor, y el nombramiento de defensor judicial en caso de conflicto con aquel.
"El procedimiento concluirá mediante resolución motivada susceptible de recurso de apelación, y en el caso que se determine la minoría de edad, se fijará la fecha en la que la persona cumple la mayoría de edad, remitiendo testimonio de la resolución firme al Registro Civil para su inscripción", apunta el departamento de Llop en el informe para la consulta pública de la norma, recogido por Europa Press.
"La finalidad es regular un procedimiento de evaluación de la edad que, sin desconocer la realidad actual del fenómeno migratorio, resulte acorde con los compromisos internacionales asumidos por España, que garantice la adecuada protección a las personas menores de edad con independencia de su condición de nacional o extranjero, y ello teniendo presente que nos encontramos ante un elemento esencial del derecho a la identidad de toda persona que afecta al estado civil, y que asimismo incorpore los estándares jurisprudenciales más recientes sobre la materia", ha añadido Justicia.
El Ministerio de Justicia explica en el informe las críticas recibidas a la normativa actual en relación con el procedimiento para determinar la edad de los menores son "especialmente profusas entre las instituciones nacionales e internacionales encargadas de velar por el respeto de los Derechos Humanos y entre los sectores de la sociedad civil comprometidos con los derechos de los menores extranjeros no acompañados", como el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, el Defensor del Pueblo, la Agencia Europea de Apoyo al Asilo (EASO), la Agencia Europea de Derechos Humanos (FRA) o la División de derechos del Niño del Consejo de Europa.
También recuerda que el Tribunal Supremo se ha pronunciado "en múltiples ocasiones" al respecto "sentando una doctrina, que sigue sin ser recogida por el legislador.
Este anteproyecto de ley el Gobierno pretende dar respuesta, por un lado, a las críticas hechas a España por el Comité de Derechos del Niño por las deficiencias que el actual sistema para la determinación de la edad tenía; y por otro lado, para cumplir con lo dispuesto en la Disposición final vigésimo cuarta de la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia", ha apuntado Justicia.
Esta norma, aprobada el año pasado, establece que el Gobierno, en el plazo de doce meses desde la aprobación de esta ley, procederá al desarrollo normativo del procedimiento para la determinación de la edad de los menores, de modo que se garantice el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por España, así como la prevalencia de interés superior del menor, sus derechos y su dignidad.