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Viviendas en riesgo por la ceniza, amenazadas por la lava. El volcán está dejando auténticos dramas personales. Ya son más de 2.000 edificaciones desaparecidas en esta crisis, pero hay familias que no solo han perdido su casa sino su medio de vida. No es la realidad de toda La Palma porque también hay palmeros que ya preparan la Navidad, pero sí es la de muchos.
Es el caso de Pilar y José, que han perdido una explotación ganadera. Adiós a su quesería, a su vivienda, a todo lo que tenían en su casa. A solo 500 metros de la erupción no les dio tiempo a nada, sino a salir corriendo. Abrieron la puerta a los animales, para que al menos se salvaran. Muchos murieron en la huida, rodeados por la lava. Otros lograron salvarse pero aún presentan quemaduras.
La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, ha aprobado destinar 79.209 euros para iniciar la contratación, en colaboración con el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Tenerife, de nuevo personal para reforzar la atención social que se da a las familias afectadas por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en La Palma. Con esa partida se van a contratar a 12 trabajadoras sociales más con la finalidad de ayudar al equipo que ya está desplegado desde hace semanas, formado por 15 trabajadoras, con el objetivo de agilizar los trámites y poder ofrecer con mayor celeridad una alternativa habitacional a quienes han perdido su vivienda.
La contratación de estos 12 profesionales se espera que esté completada la próxima semana y desde que se incorporen al equipo social ya habilitado se sumarán a las gestiones que ya se están llevando a cabo en la Oficina de Atención a la Ciudadanía Afectada por el volcán que se ha abierto en la Casa Massieu, en los Llanos de Aridane, y en las entrevistas que se realizan por toda la zona a los damnificados.
El alto número de damnificados por las coladas del volcán que se registra cada día en el Valle de Aridane ha hecho necesario que se amplíe este equipo para facilitar una respuesta más ágil a la emergencia habitacional por la que están atravesando decenas de familias, informa la Consejería en una nota.
El Gobierno de Canarias pretende agilizar y reforzar así la atención a la población afectada mediante un equipo más amplio y coordinado con el que completar el registro único de damnificados acordado entre la Consejería, el Cabildo y los ayuntamientos y puesto en marcha hace varias semanas.
Este registro único permite clarificar la documentación, organizando y ordenando todos los datos que ya han sido recogidos por los ayuntamientos y el Cabildo de La Palma, así como ofrecer atención directa a las personas afectadas. Desde la puesta en marcha del operativo de profesionales, el equipo de trabajadoras sociales ya desplegado en La Palma ha realizado un total de 1.164 llamadas y han realizado 557 fichas sociales.
El equipo de trabajadoras sociales realiza entrevistas personales a los evacuados para crear una ficha social con datos cuantificables que permitan establecer una tipología de las necesidades de estas familias. Tras esta ficha se crea un informe social con una valoración diagnóstica completa que permite gestionar de forma eficaz los recursos disponibles. Por último, una comisión técnica formada por todas las administraciones implicadas realiza un baremo para evaluar las necesidades de cada familia y establecer el orden de prioridad para ser atendidas en base a criterios objetivos y de justicia social.