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La decisión de Juan Carlos I de irse a vivir fuera de España ante las informaciones sobre sus presuntos negocios ocultos supone el trago más duro que Felipe VI ha tenido que afrontar en lo personal en sus seis años de reinado, después de haber tenido que tomar algunas medidas severas en el plano familiar.
El estupor generado por el goteo de noticias publicadas sobre el supuesto dinero Juan Carlos I en Suiza, parte de él procedente de la donación de 65 millones de euros de la monarquía saudí, ha llevado al rey Juan Carlos a alejarse aún más de su hijo para evitar que la controversia salpique a la Corona.
En el comunicado divulgado este lunes por la casa real, don Felipe ha expresado su "sentido respeto y agradecimiento" por el paso dado por su padre, si bien su marcha de España agranda el distanciamiento que ya provocó la renuncia a su herencia y la retirada de la asignación del Estado el pasado 15 de marzo.
El detonante fueron las informaciones en las que Felipe VI aparecía como beneficiario de la fundación Lucum, a través de la que don Juan Carlos presuntamente movió el dinero oculto.
Don Felipe tuvo conocimiento de este hecho en marzo de 2019 y en abril acudió a un notario para renunciar a cualquier beneficio de Lucum y de su padre.
Tras estos movimientos, Juan Carlos I comunicó a Felipe VI su retirada de la actividad institucional a partir del 2 de junio de 2019, coincidiendo con el quinto aniversario de su abdicación.
Aquel paso se tradujo en un primer momento como un deseo de centrar todo el protagonismo en su hijo, aunque, transcurridos los meses, se ha interpretado más como un distanciamiento por parte de don Felipe ante las informaciones que le habían llegado tres meses antes.
Tras la retirada de don Juan Carlos de la esfera pública, don Felipe suprimió la secretaría que se le había creado tras el relevo en el trono, aunque le mantuvo como miembro de la familia real y la residencia en Zarzuela, además de conservar su tratamiento vitalicio de rey.
El paso dado por don Juan Carlos refuerza el compromiso que Felipe VI adoptó en su proclamación de mantener una conducta ejemplar para ganarse la confianza de los ciudadanos.
"Para ello, hay que velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente (...) Porque, sólo de esa manera, se hará acreedora de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones", proclamó.
Al año siguiente, en el primer aniversario de su llegada al trono, reiteró que España se construye desde el respeto de la Constitución, pero también "desde la afirmación de principios éticos y morales".
Hasta que estalló la polémica, Felipe VI siempre aireó la admiración que sentía por su padre, como cuando en su 80 cumpleaños, en enero de 2018, le agradeció "tantos años de servicio leal a España".
Desde el relevo en la Corona, Felipe VI ha tenido que tomar medidas firmes en relación con su familia encaminadas a garantizar el decoro y la transparencia de la institución monárquica y tratar de frenar la erosión en que la estaba sumida.
Nada más empezar su reinado, redujo la familia real a seis miembros -los reyes y sus hijas Leonor y Sofía, don Juan Carlos y doña Sofía- y excluyó a sus hermanas: las infantas Elena y Cristina salieron de ella.
Un año después, tomó otra decisión drástica que suponía romper amarras con su hermana menor: la retirada del título de duquesa de Palma a causa de su imputación en el caso Nóos, del que finalmente quedó absuelta, mientras que Urdangarin fue condenado a cinco años y medio de prisión.
Este título le había sido otorgado a doña Cristina por su padre, Juan Carlos I en 1997, cuando contrajo matrimonio.
A estas acciones, añadió otras como la de publicar las retribuciones de los altos cargos de Zarzuela y de los contratos y convenios suscritos y el grado de ejecución de sus presupuestos, así como la prohibición de que los miembros de la familia real aceptasen regalos que comprometiesen la dignidad de sus funciones.