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El Congreso "revisará" los denominados delitos de expresión del Código Penal tras apoyar la mayoría de la Cámara una iniciativa impulsada por Unidas Podemos para derogar las injurias al rey, el enaltecimiento del terrorismo, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a las instituciones y sus símbolos, según informa EFE.
Los socialistas, como ya hicieron en 2018 ante una iniciativa similar, han respaldado la toma en consideración de la proposición de ley que registró la formación morada cuando se ordenó el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, pero, frente a la pretendida derogación, han dejado claro que su objetivo es revisar esos delitos buscando el máximo consenso y sin que se ponga en riesgo la seguridad del Estado, el orden público o la convivencia.
El Ministerio de Justicia ya había avanzado su intención de revisar los delitos relacionados con "excesos" en el ejercicio de la libertad de expresión que supongan "claramente" la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta y eliminará las penas de prisión para estos casos.
El portavoz socialista, Odón Elorza ha considerado que muchas de las actuales penas de cárcel deberían ser simples multas y ha instado al PP a participar de forma constructiva en un debate en el que se busque un equilibrio entre libertad de expresión y seguridad.
Los nombres de Hasel, en prisión por enaltecer el terrorismo y condenado también por injurias a la Corona, y del también rapero Valtonyc, que huyó a Bélgica tras ser condenado por esos mismos delitos, además de humillación de las víctimas, han sido una constante en los discursos de los distintos portavoces, tanto a favor como en contra de la derogación.
La portavoz del PP, Edurne Uriarte, se ha mostrado convencida de que Unidas Podemos no pretende garantizar la libertad de expresión: "Buscan impunidad para los Pablo Hasel, para los Valtonytc, para los que queman la bandera nacional, para los que pitan el himno, para los que apoyan a ETA y al GRAPO".
Uriarte ha defendido el castigo a quienes atacan las instituciones y los símbolos del país y enaltecen el terrorismo y ha advertido de que el objetivo de Podemos es acabar con lo que llaman "el régimen del 78", punto en el que ha coincidido con Ciudadanos.
Pero el portavoz de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha denunciado la existencia de una "cruzada punitiva" en los últimos años contra artistas y tuiteros con el concurso de "censores disfrazados de jueces" y ha defendido la necesidad de blindar el ejercicio de los derechos fundamentales.
Modernizar un Código Penal con "rémoras franquistas", a su juicio, es cumplir el acuerdo de Gobierno suscrito con el PSOE y también las recomendaciones de las instituciones europeas, que en los últimos años han llamado la atención a España por su Código Penal.
"Y que nunca ningún rapero o artista acabe en la cárcel por decir lo que algunos no quieren oír, lo que piensan muchos españoles, como por ejemplo, que los Borbones son unos ladrones, y lo digo hoy que sabemos que el rey emérito tiene otra cuenta no declarada, esta vez en Andorra", ha manifestado Asens haciéndose eco de las últimas informaciones periodísticas.
Vox, como el PP, ha defendido la necesidad de límites: "Ustedes quieren poder ofender a la gente por su religión para señalarles, quieren ofender a la Corona para destruirla, quieren ofender a las instituciones para patearlas; ustedes quieren quemar símbolos de España para quemar España", ha dicho a la formación morada el diputado Manuel Sánchez del Real.
En el lado opuesto, los portavoces de ERC, PdCat, JxCat y la CUP han respaldado la proposición de ley, indicando unos que votar en un referéndum también es libertad de expresión y atacando otros a la Monarquía, y en una línea similar se han manifestado EH-Bildu y BNG. "Las ideas se combaten exclusivamente con ideas", ha manifestado el portavoz de Más País, Íñigo Errejón.
El PNV, por su parte, también ha avalado la tramitación de la iniciativa, pero su portavoz, Mikel Legarda, ha recordado que se trata de una cuestión con muchas aristas y ha apostado por un debate sosegado y un examen técnico y jurídico.