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El Gobierno ha logrado sacar adelante, con 162 a favor, 153 en contra y 28 abstenciones, la convalidación del Real Decreto-Ley que recoge la obligatoriedad del uso de las mascarillas, también en exteriores, ante el aluvión de contagios durante la sexta ola de la pandemia de covid-19, impulsada por la variante ómicron.
Entre críticas de la oposición, y también de sus socios parlamentarios, la obligación del uso de la mascarilla en exteriores, no obstante, parece tener una pronta caducidad ante la tendencia descendente de los contagios y las propias palabras de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien ha afirmado que “esta medida demandada por la práctica totalidad de los presidentes y presidentas está más cerca de volver a modularse”.
“No debería descartarse esa posibilidad”, ha dicho Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón, mientras Alberto Núñez Feijoó, presidente de la Xunta de Galicia, ha indicado que “podríamos ir empezando a relajarla”.
La presidenta regional en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su parte, ha sido directa al dudar de las bases para seguir aplicando la medida: ¿Con qué criterio decide el Gobierno que sigamos manteniendo las mascarillas al aire libre en estos momentos?, ha señalado en Twitter.
Otros, no obstante, prefieren mantener la prudencia: “Es una medida de las más eficientes”, ha dicho Gotzone Sagardui, consejera de Salud del País Vasco, mientras su homólogo en Andalucía, Jesús Aguirre, cauto, ha reparado en que “no sabemos a ciencia cierta lo que nos va a venir”.
Tampoco los expertos se ponen de acuerdo respecto a la medida. Para unos, “un lugar abierto a una distancia de otra gente no es ningún problema”, apunta Carlos Pereira, profesor de epidemiología y virología de la Universidad de Santiago, mientras Joan Carles March, experto en Salud Pública, subraya que “tenemos una incidencia muy alta aún y no tiene sentido, para no liar a la gente, quitarla”.
En la calle, igualmente, persiste la división, si bien son muchos los que prefieren esperar a que llegue el momento idóneo para eliminarla.
Durante el debate de la convalidación de la norma, celebrado este martes en el Congreso de los Diputados, las fuerzas políticas que han apoyado tradicionalmente al Ejecutivo durante esta legislatura han avanzado que no se opondrán a la convalidación del decreto, pero no tanto por confianza en la medida --al considrear en su mayoría que no es efectiva en la sexta ola--, sino porque el Gobierno ha metido otros asuntos como la revalorización de las pensiones con el IPC de 2021, lo que dificulta el voto en contra. Ha sido esto, que algunos no han dudado en considerar como una 'artimaña', lo que ha suscitado multitud de críticas.
En cuanto a la norma, que ahora se tramitará como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia tal y como se ha acordado este martes, establece el uso obligatorio de mascarillas para las personas de seis años en adelante en cualquier espacio cerrado o al aire libre de uso público o que se encuentre abierto al público, así como en los medios de transporte públicos.
Además, el texto establece las excepciones a esta obligatoriedad, como puede ser durante la práctica de deporte individual o de actividades en el exterior, siempre que se mantenga una distancia mínima de 1,5 metros con otras personas no convivientes.
Del mismo modo, tampoco están obligadas a llevar mascarilla las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla.
Al margen del uso de la mascarilla, el decreto, en efecto contiene disposiciones sobre otros asuntos. La primera faculta a los profesionales de la medicina y la enfermería jubilados pero contratados en centros sanitarios públicos y privados con motivo de la pandemia a poder compatibilizar esas tareas con su pensión durante todo este año. Así mismo, permite de forma temporal y transitoria, contratar a especialistas en Ciencias de la Salud con titulación obtenida fuera de la UE.
Además, el Decreto contiene actualización del IPC de las pensiones no contributivas, mínimas o de viudedad, entre otras, mediante un único pago que los beneficiarios tendrán que percibir antes del 1 de abril de este año. Ha sido esto, la inclusión de este punto en este Real Decreto-Ley de carácter sanitario el que ha enfadado tanto a la oposición como a los socios del Gobierno.
La vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados y vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha cargado en este sentido contra el Ejecutivo por este "chantaje" y ha rechazado, en cualquier caso, que la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores esté basada en la ciencia. "Nunca han tenido un informe científico-técnico que se lo avale", le ha dicho a la ministra.
Así, ha extendido su crítica censurando las medidas tomadas por el Gobierno para atajar la sexta ola. "Nadie entiende que nos hable de mascarillas en exterior y no le preocupen los aforos", ha dicho la 'popular'.
Pastor, quien ha avanzado el voto en contra de su grupo a la convalidación de este decreto, al igual que VOX, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias, ha terminado su intervención haciendo una 'enmienda a la totalidad' a la gestión del Gobierno en la pandemia: "¿Cómo es posible que España no tenga una norma dos años después para hacer frente a una pandemia? No tenemos un marco normativo eficaz que impida que volvamos a asistir a los espectáculos que hemos vivido, con 17 respuestas diferentes", ha dicho.
Por su parte, Guillermo Díaz, de Ciudadanos, ha defendido que la obligatoriedad de la mascarilla en el exterior forma parte de unas "restricciones arbitrarias, además de atentar contra la libertad", y también ha afeado al Gobierno la inclusión de la revalorización de las pensiones. "Lo unen para tratar de obtener el voto afirmativo", ha dicho.
Desde VOX, Mercedes Jara Moreno, ha reivindicado que "no hay ningún estudio científico que haya demostrado el uso de la mascarilla en espacios exteriores". "Lo único que hacen es dictar medidas inútiles para, así, tapar su incompetencia. No anular el IVA de las mascarillas FFP2, por ejemplo, es una prueba fehaciente de que se antepone la recaudación a la salud del ciudadano", ha criticado.
La dirigente del partido liderado por Santiago Abascal también ha dedicado un apartado al "chantaje" del Gobierno: "Los pensionistas merecen un tratamiento aparte, ya está bien de utilizar a los pensionistas como moneda de cambio. Dejen de hacer chantaje a este Congreso. Es una auténtica cobardía".
Dentro de los socios habituales del Ejecutivo, uno de los más críticos ha sido Iñaki Ruiz de Pinedo, de Bildu, que se va a abstener, pero ha avisado de que "va a ser la última vez" que accedan al "chantaje" del Gobierno.
"No son las medidas adecuadas para la sexta ola y en plenas fechas vacacionales. Faltan medidas útiles y con base empírica. Falta rumbo, mensajes claros y medidas contrastadas. Después de dos años de pandemia, un decreto que venga con mascarillas en exterior y jubilados a trabajar... ahí falta algo. Falta dar medidas que hagan falta. Andar sin rumbo es lo que crea la fatiga pandémica", ha destacado.
PNV y Más País han decidido abstenerse en el Real Decreto pero mostrarse a favor de tramitarlo como Proyecto de Ley. "Se mezclan temas de gran importancia con cuestiones que poco tienen que ver. El Gobierno comete dos errores: el primero, es una medida no eficaz en estos momentos. El segundo, obligarnos a votar en el mismo paquete una medida en la que nadie cree", ha resumido la diputada de Más País Inés Sabanés.
Los partidos catalanes se han posicionado también en la abstención, aunque no sin críticas a la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Es una medida absolutamente inútil, estética, con nula efectividad. No contribuye en nada a controlar la sexta ola", ha dicho Concepció Cañadell, de PDeCAT. Desde ERC, Xavier Eritj, en la misma línea, ha calificado de "filibusterismo" la maniobra del Gobierno para conseguir aprobar el decreto.
Ante el aluvión de críticas, desde el PSOE, Ana Prieto ha parafraseado prácticamente a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en su defensa de la obligatoriedad de las mascarillas en el exterior debido a la "altísima circulación del virus y el aumento exponencial de casos".
"Es una medida pedida de manera mayoritaria por las CCAA en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y en la Conferencia de Presidentes. Tiene carácter temporal y estará vigente durante el tiempo imprescindible hasta que mejore la situación epidemiológica", ha explicado.
A su vez, desde Unidas Podemos, en representación de la otra parte del Gobierno de coalición, el diputado Juan Antonio Delgado no se ha referido a las acusaciones de filibusterismo de la oposición y se ha limitado a criticar al PP por defender a los profesionales sanitarios mientras "los echan" en Andalucía, gobernada por los 'populares'.
"Quien ha prescindido de personal sanitario han sido algunas comunidades autónomas. El Gobierno ha transferido recursos como nunca", ha apostillado al respecto la diputada socialista.