El juez Peinado apunta a un delito de malversación por la contratación de la asesora de Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha acordado tomar declaración en calidad de testigo al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por si de estas diligencias "pudiera desprenderse la comisión de un delito de malversación de caudales y/o fondos públicos" en la contratación de la asesora Cristina Álvarez por parte de Moncloa.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid señala que tras la declaración como investigada de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, y de Alfredo González, la persona que habría propuesto el nombramiento en Moncloa de la asesora, y después de recibir el informe de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, considera pertinente la declaración de Bolaños por si de estas diligencias "pudiera desprenderse la comisión de un delito de malversación de caudales y/o fondos públicos".

De esta forma, y en caso de que finalmente investigue ese nuevo delito de malversación, se sumaría a los que ya indaga: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo laboral.

Añade que "los hechos por lo que debe prestar su testimonio acontecieron cuando tenía la condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno". "Por lo que al no ser los hechos conocidos por razón de su cargo actual, de conformidad con lo establecido en los artículo 412 y 413 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se llevará a cabo dicha diligencia en su despacho oficial", reza el auto de citación.

Acuerda además formar una pieza separada, nueva en el caso, para incluir en la misma el testimonio del ministro, las declaraciones de Álvarez y González y el informe de Presidencia del Gobierno.

Cabe recordar que Bolaños ya estuvo citado como testigo en otro caso, el que investiga en la Audiencia Nacional el presunto espionaje con el 'software' Pegasus, si bien en esa ocasión lo hizo por escrito.

El artículo 412.2.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ofrece esta posibilidad, por cuanto establece que el presidente y los demás miembros del Gobierno "están exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo".

Según fuentes del Ministerio, consultadas por Europa Press en la tarde de este lunes, Bolaños estaba a la espera de recibir esta citación de la que ha tenido conocimiento a través de los medios y, cuando así sea, el ministro responderá en su condición de testigo a "cualquier cuestión que se le plantee".

Peinado da este paso después de imputar a Álvarez el pasado febrero. La asesora de Gómez acudió a declarar como testigo el 20 de diciembre, cuando confirmó que envió varios correos electrónicos relacionados con la actividad privada de Gómez, explicando que se la nombró para ayudar a la esposa del presidente del Gobierno con temas tanto oficiales como privados.

El instructor la volvió a llamar en calidad de investigada el 26 de febrero. Entonces, negó haber realizado gestiones con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) o empresas patrocinadoras para beneficiar a la esposa del presidente del Gobierno antes de la creación de la cátedra en octubre de 2020.

Álvarez, por su parte, ha recurrido su imputación afeando al magistrado que le tendiese "una trampa" al utilizar su declaración como testigo para cambiar su condición a la de investigada.

Peinado busca pruebas en correos electrónicos que refuercen el caso contra Begoña Gómez

Según el sumario de la causa, al que ha tenido acceso Europa Press, en uno de los correos electrónicos en los que se menciona a Álvarez, María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero --miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM-- se dirigen a ella para proporcionarle información sobre cómo registrar el dominio de la página web de un máster de la Complutense.

"Estimada Cristina, tal como hemos acordado hace un momento, te adjuntamos un modelo de 'contrato de cesión de derechos' a la UCM, para que la titularidad de esta obra sea 100% UCM al tratarse de una obra en colaboración con personal UCM que sí tienen dicha vinculación", apuntaban Morillo y Vaquero a Álvarez el 6 de octubre de 2022.

Dicho correo fue enviado también a la propia Begoña Gómez y a Blanca de Juan, coordinadora del Máster en Transformación Social Competitiva. En el mensaje, enviado por el correo electrónico, además, consta un mensaje previo --de 7 de septiembre-- en el que se adjunta un formulario interno que debían cumplimentar para registrar la página web en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual.

Aunque en este caso Álvarez aparece en copia con un 'email' de una cuenta personal, en una cadena de correos electrónicos que figura en el sumario de la causa figura con una cuenta de correo oficial de Presidencia del Gobierno, donde firma como directora de programas de la Secretaría General de Presidencia.

En otro correo recogido en el sumario, se refleja que Álvarez también trasladó a Reale el interés de Gómez en que la empresa aseguradora siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que dirigía.

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