El PP, Sumar, Podemos y Junts han criticado este martes en el Pleno del Congreso la reforma de la Ley del Suelo que el PSOE pactó con el PNV y que tiene por objeto limitar el efecto que pueden tener las denuncias en proyectos de ordenación urbanística por errores fácilmente subsanables.

En concreto, la norma desglosa un listado de los defectos formales que pueden determinar la nulidad del instrumento de ordenación territorial y urbanística, con el objeto de poner coto a las personas que se aprovechan de la normativa vigente para presentar reclamaciones ante planificaciones urbanísticas que después acaban retirando tras llegar a un acuerdo económica.

La ley en cuestión es prácticamente la misma que el Gobierno llevó en solitario al Congreso en mayo del año pasado y que tuvo que retirar a última hora por la falta de apoyos parlamentarios, pues Sumar, ERC, Podemos y Junts se oponían y el PP no garantizaba su apoyo.

Y las críticas de entonces se repiten en la actualidad. Por parte de Sumar y Podemos, las formaciones censuran que la norma fomenta el "pelotazo urbanístico", Junts critica la invasión competencial, ERC dice que es similar a la que el PP presentó en 2018 y el PP dice que el texto es insuficiente y urge una reforma de mayor calado para paliar la crisis de la vivienda.

La encargada de defender la iniciativa ha sido la diputada del PNV, Maribel Vaquero, quien ha espetado a la bancada del PP que si bien es cierto que la ley de los 'populares' engloba más reformas de diferentes textos legislativos, en lo relativo a la Ley del Suelo la redacción "es idéntica" en algunos puntos. "Un voto no favorable por parte de su grupo sería muy difícil de explicar", ha añadido.

Asimismo, se ha dirigido a Sumar y Podemos, que ven en la norma una modificación para fomentar la especulación urbanística. Vaquero ha dicho que las reformas propuestas en esta norma son necesarias para evitar que tras años de trabajo se anulen proyectos urbanísticos por errores "completamente subsanables"

"Acotar la nulidad de los planes y facilitar la posibilidad de subsanación de los vicios no supone, per se, una actuación especulativa, algo que tanto Podemos como SUMAR plantean con sus reticencias", ha explicado.

En el turno de Podemos, Noemí Santana ha aseverado que la propuesta de PNV y PSOE implica que los proyectos sólo se podrán impugnar durante sus cuatro primeros años, cuando a veces se necesitan décadas para detectar posibles pelotazos.

Por parte de Sumar, Alberto Ibáñez también se ha sumado a la crítica de que la ley es un "copia y pega" de la que presentó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018 y tan sólo plantea respuestas para la inseguridad jurídica de los promotores inmobiliarios. A su vez, ha señalado que con la propuesta se está "hurtando" el poder de la acción popular. "Cuando uno está luchando contra poderosos, quizás solamente le queda esa herramienta para poder hacer de contrapoder", ha apostillado.

Por parte de Junts, Marta Madrenas ha denunciado que el texto incluye "patrones legislativos que son recentralizadores" e incluso "restrictivos" para las comunidades autónomas. Por eso, ha defendido que una norma de este tipo debería estar decidiéndose en el Parlamento de Cataluña y no en el Congreso de los Diputados.

Por último, el diputado del PP Miguel Ángel Sastre Uyá ha indicado que el texto debatido "sólo modifica dos leyes y de forma superficial". En contraposición, ha ensalzado la propuesta del PP en este área, que abarca una reforma de hasta seis normas, incluida la Ley de Vivienda, y ha sido redactada tras hablar con los expertos y las comunidades autónomas.

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