El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha respondido al consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, tras llamarle "loco comunista", asegurando que el directivo de la aerolínea "transmite cierto nerviosismo" y que "forma parte de una estrategia de presión o chantaje".

El trasfondo de esta polémica es la multa superior a los 100 millones de euros impuesta por la Secretaría General de Consumo a la aerolínea irlandesa por el recargo del equipaje de mano y otras irregularidades. Además, esta sanción afecta también a otras cuatro 'low cost'. Para el líder de la aerolínea irlandesa, los aviones están llenos y no se pueden llevar equipaje ilimitado por motivos de seguridad.

El ministro ha defendido que "son multas basadas en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en posiciones del Parlamento Europeo y la legislación española". Por ello, Bustinduy ha asegurado que no cree que "todas estas instituciones sean locos comunistas", señalando que lo que están haciendo es "que se cumpla la ley". "Lo que busca la aerolínea es que la ley se adapte a sus intereses, a que las tarifas de los aeropuertos se adapten a su modelo de negocio y no al revés, que es como debe ser", según palabras del titular de Derechos Sociales.

Aún así, el ministro ha señalado que la aerolínea tiene ahora derecho a recurrir ante la Justicia y la Unión Europea, al mismo tiempo que ha afirmado que su obligación es no amedrentarse y defender la ley con "todo rigor en defensa de los derechos de los consumidores".

Esta multa a Ryanair junto a Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea, que se anunció en noviembre de 2024 y suma un total de 179 millones de euros, puso fin a la investigación iniciada por la Dirección General de Consumo en 2023 sobre unas prácticas que han sido calificadas como infracciones "muy graves" de la normativa de consumo.

Se trata de la primera ocasión que se da firmeza a sanciones calificadas como muy graves por parte de la Administración General del Estado en el ámbito de consumo, cuyo Ministerio adquirió competencia sancionadora en junio de 2022. Las sanciones incluyen, además, la prohibición expresa de continuar con las prácticas que han sido sancionadas.

Entre ellas, exigir el pago de un suplemento por el equipaje de mano en cabina, el sobrecoste por el precio de billete en asientos continuos para personas dependientes y acompañantes, no disponer de pago en metálico o imponer una tasa por imprimir la tarjeta de embarque. El cálculo de las sanciones se ha realizado calculando la multa con base en los beneficios obtenidos por las compañías aéreas por las prácticas infractoras, tal y como establece el régimen sancionador de Consumo.

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