El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el nuevo decreto ómnibus pactado entre el Gobierno y Junts con 29 medidas sociales, entre ellas la prohibición de desahucios, mantener las bonificaciones para el transporte público o las ayudas relativas a la DANA. Las medidas entrarán en vigor este jueves.

Este real decreto fue aprobado este martes por el Consejo de Ministros después de que el Gobierno consiguiese cerrar el apoyo del partido de Carles Puigdemont y según el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "contiene la práctica totalidad" de la norma que tumbó el Congreso de los Diputados la semana pasada.

Entre las medidas recogidas en el decreto se encuentran, la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2025 de los procedimientos de desahucio y también las ayudas destinadas a la financiación del transporte público.

En el texto, que tendrá que ser aprobado por el Congreso, se extienden también hasta finales de junio las ayudas dirigidas a la reconstrucción de La Palma y se recogen además las ayudas para los afectados por la DANA que asoló Valencia y otros puntos del territorio.

Este nuevo decreto mantiene también la cesión al PNV del palacete de París que ocupó el Gobierno vasco en el exilio y que después fue incautado por la Gestapo nazi y entregado al régimen franquista.

Precisamente, este edificio fue uno de los argumentos que esgrimió el PP para votar la semana pasada en contra del decreto ómnibus inicial, llegando a tachar al PNV de "aprovechategui" y calificando la cesión como un "regalo" del Gobierno a sus socios.

Lo que queda fuera del decreto son todas las medidas tributarias, que se negociarán más adelante, así como las relativas a ayudas a empresas electrointensivas, las medidas para suavizar el impacto contable del impuesto a los bancos y las subvenciones a empresas sin el balance previo pertinente.

Tampoco se ha incluido "la perpetuación de unos anticipos por la financiación autonómica sin pactar una redistribución diferente de los objetivos de déficit y sin haber abierto una negociación seria sobre el concierto económico" de Cataluña.

Otras cuestiones que no están incorporadas en el acuerdo son la modificación de la Ley de la Sociedad de la Información o del servicio postal porque, según Junts, suponían la vulneración de las competencias de Cataluña.

Paralelamente, el Gobierno está negociando con los grupos parlamentarios la aprobación "en cuestión de semanas" de un paquete económico que irá en otro real decreto-ley, con medidas que estaban incluidas en el anterior decreto.

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