Las investigaciones a Begoña Gómez, al fiscal general o al novio de Isabel Díaz Ayuso, la anulación de las condenas de los ERE de Sevilla o el caso Koldo y la imputación del exministro José Luis Ábalos han hecho de 2024 una vorágine judicial que ha marcado la actividad política y ha dejado casi en el olvido el asunto clave al empezar el año: la amnistía.

Ha sido el año de las primeras veces. Por primera vez una mujer ascendió a la presidencia de un Consejo General del Poder Judicial que tardó más de un lustro en renovarse; por primera vez la Guardia Civil registró el despacho de un fiscal general, también por primera vez imputado. Y, de nuevo, por primera vez, un presidente del Gobierno declaró ante un juez como testigo en Moncloa en la causa en la que se investiga a su mujer.

De nuevo, los tribunales han conquistado la actualidad política, con casos que han servido de munición constante a la oposición, al afectar a familiares del presidente, Pedro Sánchez, o a políticos que integraron su núcleo duro. Mientras, en Moncloa ven con preocupación la proliferación de acusaciones populares -asociaciones o partidos- que, en función de sus intereses, alimentan causas judiciales.

En 10 puntos, el mapa judicial de un año.

En abril, tras una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias, un juez empezó a investigar a Begoña Gómez, mujer del jefe del Ejecutivo, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios en torno a su actividad profesional y su relación con la Universidad Complutense de Madrid, donde codirigió una cátedra.

Hasta en tres ocasiones ha acudido a declarar Begoña Gómez, en medio de un despliegue de seguridad poco común en los juzgados, y ha negado cualquier irregularidad ante el juez Juan Carlos Peinado, que llegó a trasladarse a la Moncloa a interrogar como testigo a Sánchez.

Aunque las decisiones del juez han sido rotundamente cuestionadas por la Fiscalía, Peinado sí se ha visto respaldado por instancias superiores y han fracasado las querellas por prevaricación que presentaron contra él Gómez y la Abogacía del Estado en representación de Sánchez.

Lejos de Madrid, en Badajoz, otra causa afecta a un familiar del presidente. Su hermano está citado en enero en la investigación sobre su contratación en la Diputación pacense, abierta tras una denuncia de Manos Limpias.

Lo que comenzó siendo un presunto fraude a Hacienda de 350.961 euros que un empresario, el novio de Isabel Díaz Ayuso, confesó para pactar con el fiscal una pena menor, pronto desembocó en la primera causa a un fiscal general del Estado abierta tras una denuncia de este empresario.

El Supremo investiga si Álvaro García Ortiz intervino en la filtración a la prensa del correo en el que la defensa de Alberto González Amador confesaba esos delitos, y ha citado como testigo en enero al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, en quien el fiscal general ve "indicios" de que accedió "a una parte del contenido de los correos".

Poco ha avanzado la investigación a González Amador en un juzgado de Madrid; mientras el Supremo se ha encontrado con que el móvil del fiscal general no tiene mensajes de los días clave, si bien el análisis del teléfono del Juan Lobato, que acabó dimitiendo al frente del PSOE-M tras publicarse que llevó al notario mensajes de una asesora de Moncloa con el polémico correo, apunta a que Ferraz y Moncloa sí dispusieron del mismo antes de filtrarse.

La corrupción saltó a la portadas en febrero cuando estalló el caso Koldo, nombre de quien fue la mano derecha del exministro de Transportes José Luis Ábalos, de quien el Supremo aprecia "indicios bastantes" de delito por su papel en una supuesta trama de corrupción, cuya investigación arrancó con supuestas comisiones por adjudicaciones, esta vez por las mascarillas en 2020, pero que ha escalado hasta comprometer a La Moncloa.

Detrás de ello está Víctor de Aldama, un empresario y presunto comisionista quien, tras un pacto con la Fiscalía para salir de prisión, ha 'tirado de la manta' denunciando presuntas irregularidades y delitos vinculadas con el rescate a Air Europa, el viaje de Delcy Rodríguez, la mediación con Juan Guaidó así como el pago de supuestas comisiones millonarias a Ábalos y Koldo que estos repartían al PSOE.

La presión hacia el Ejecutivo va subiendo progresivamente y está al caer el suplicatorio para Ábalos, quien por cierto niega todo, como su ex asesor Koldo García, pero los informes de la UCO les comprometen.

Aldama, además, está investigado en relación con un presunto fraude de 182 millones de euros en el IVA de Hidrocarburos, una causa en la que el juez ha pedido analizar el móvil que el empresario, advierte, puede apuntalar y desvelar acusaciones contra el Gobierno.

El Constitucional dio un vuelco a la sentencia de los ERE reescribiendo uno de los casos de corrupción más mediáticos, que hizo tambalear los cimientos del socialismo en Andalucía.

El tribunal anuló la condena por malversación al expresidente andaluz José Antonio Griñán y redujo notablemente la inhabilitación a su antecesor, Manuel Chaves, al acotar la prevaricación. Un escenario que trasladó a la mayor parte de los condenados.

Ahora, la Audiencia de Sevilla debe dictar una nueva sentencia respecto de partidas concretas de la prevaricación, que dejará condenas testimoniales. Ninguno está ya en prisión.

La norma más polémica del Gobierno solo tardó tres meses en llegar al TC, que tendrá la última palabra, previsiblemente en verano.

Por el camino, algunos tribunales han ido aplicando sus efectos a decenas de condenados pero no así a los líderes independentistas del "procés": Junqueras sigue inhabilitado y Puigdemont, huido en el extranjero, aunque hizo una breve aparición en Barcelona el 8 de agosto, cuando dio un discurso en la calle y logró salir del país sin ser detenido.

El Supremo rechazó aplicarles la norma al ver ánimo de enriquecerse y daño a los intereses financieros de la UE, que son las excepciones que marca la ley para no perdonar la malversación.

Junqueras ya ha activado la vía del TC, que encara 19 recursos, la mayoría de CCAA gobernadas por el PP, si bien será la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo, abiertamente crítica con la ley, la que marcará el paso, sin olvidar el recurso de los populares.

Tras más de cinco años y medio de bloqueo, PSOE y PP acordaron en verano la renovación del Consejo General del Poder Judicial con un reparto equilibrado en el número de vocales, quienes tras un proceso no exento de polémica, eligieron a la jueza Isabel Perelló como la primera presidenta en toda su historia. Rompió así un techo de cristal histórico de la mujer en la judicatura.

Y con la renovación, el Consejo se puso en marcha para hacer frente a más de un centenar de nombramientos pendientes en la cúpula judicial, 27 del Supremo. Una ingente tarea que ha arrancado con una nueva controversia: la falta de acuerdo entre progresistas y conservadores para las presidencias de Sala del Supremo. La situación apunta a un bloqueo, uno más en el Consejo.

Íñigo Errejón, una de las principales voces de Sumar y del entorno político de la izquierda, dio la sorpresa el 24 de octubre al dimitir tras difundirse en redes denuncias anónimas de violencia sexual que apuntaban a él.

En enero está citado ante un juez para responder sobre la denuncia de la actriz Elisa Mouilaá, que relató haber recibido tocamientos, besos no consentidos y comentarios de índole sexual en 2021; mientras un juzgado de Barcelona ha archivado por prescripción la de la exconcursante de Gran Hermano Aída Nízar, que le acusó de abalanzarse sobre ella y darle un "azote" en el culo.

Tras estrenarse como eurodiputado este año, Luis 'Alvise' Pérez podría protagonizar otra causa en el Supremo, donde podría acabar imputado ante los "indicios sólidos" que un juez de la Audiencia Nacional ha remitido ya al alto tribunal por delito electoral y financiación ilegal de su partido, Se Acabó la Fiesta, por obtener presuntamente 100.000 euros de un empresario para su campaña.

La Fiscalía ha puesto el foco en esta entrega, reconocida por el empresario -investigado a su vez por una presunta estafa piramidal-, y en las "sucesivas donaciones anónimas" recibidas por su formación, sin origen conocido.

Pendiente de juicio en febrero por el beso no consentido a la jugadora Jenni Hermoso en el Mundial de 2022, Rubiales ha visto cómo ha cogido impulso la investigación de presuntos contratos irregulares en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante su época, incluido el que llevó la Supercopa a Arabia Saudí.

Una causa por la que llegó a ser detenido en el aeropuerto y puesto en libertad horas después, y que la jueza amplió a una quincena de investigados, incluido Gerard Piqué, jugador del Barça en el momento del contrato de la Supercopa, en el que su empresa, Kosmos, habría pactado una comisión anual de 4 millones de euros.

Uno de los sucesos más trágicos de los últimos años se ha esclarecido aún más. El jurado popular ha declarado culpables a cuatro acusados de asesinar a Samuel Luiz el 3 de julio de 2021 en A Coruña a la salida de un bar, uno de ellos con la agravante de homofobia, en un caso en el que ya había dos menores condenados.

Ahora la magistrada debe dictar sentencia, después de que las acusaciones hayan solicitado entre 22 y 27 años de prisión. 

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