El borrado de los mensajes del móvil compromete al Fiscal General al quien el PP acusa de "obstrucción a la justicia"
El Gobierno no ve problemas en el borrado de mensajes del móvil del Fiscal General del Estado y el PP lo considera "obstrucción a la justicia"
La UCO encuentra "cero mensajes" en el móvil del fiscal general entre el 8 y el 14 de marzo
Pedro Sánchez exige a la oposición que se disculpe con el fiscal general tras el informe de la UCO
El Gobierno trata de esquivar la presión del Partido Popular por la investigación al Fiscal General del Estado imputado por el Tribunal Supremo acusado de filtrar datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Demasiados frentes al mismo tiempo tras conocer un informe de la UCO en el que se habla de un borrado de los mensajes del móvil de García Ortiz durante los días claves de la investigación.
El Fiscal General del Estado se defiende asegurando que eliminar los mensajes periódicamente es parte del protocolo habitual, un asunto que tendrá su propio recorrido judicial, pero que se complica al conocer como tres altos cargos del Gobierno presionaron al exdirigente socialista madrileño, Juan Lobato para que diera a conocer lo que ocurría con González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
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Presiones de Moncloa
De esos mensajes se deduce que la jefa de gabinete de ahora ministro Óscar López, Pilar Sánchez Acera, el entonces secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, y su sucesor actual en el cargo, Ion Antolín habrían presionado para que la versión de Moncloa se difundiese y afectase a la pareja de la presidenta madrileña.
La respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la conocimos ayer cuando reclamó al PP que pidiera perdón al fiscal general atendiendo a la literalidad del informe de la UCO, pero sin hacer mención al borrado de los mensajes del móvil de García Ortiz.
Desde el PP, el informe de la UCO tiene otra lectura. Creen que refuerza los indicios contra Álvaro García Ortiz por el borrado de sus mensajes con la intención, afirman de que no se puedan investigar. Para los populares se trata de un caso de "obstrucción a la justicia".
El otro entramado que aún queda por desentrañar es el que rodea a Juan Lobato y sus mensajes con su jefe de Gabinete sorteando las presiones de Moncloa para que diese publicidad al correo de Pilar Sánchez Acera sobre la causa tributaria contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Tanto Lobato como David del Campo fueron conscientes del riesgo de compartir los datos personales de González Amador y se negaron a hacerlos públicos a pesar de que, desde el Gobierno se quería hacer el "máximo ruido y jaleo".
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