La Comisión del Estatuto de los Diputados del Congreso se ha reunido para iniciar la tramitación del suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para José Luis Ábalos en relación al caso Koldo y ha citado al exministro el 13 de enero por si quiere defenderse ante esa petición. El suplicatorio es un requisito por el que la Justicia pide al Congreso o al Senado poder actuar contra algún miembro del Poder Legislativo, y sin su aprobación no pueden ser procesados.

En este caso, el Supremo lo ha solicitado al Parlamento al apreciar en la actuación de Ábalos indicios de delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación en el caso Koldo. La comisión, según han informado a EFE su presidente, el diputado del PP Manuel Cobo, ha aprobado por unanimidad dar de plazo a Ábalos hasta el lunes 13 de enero, a las 10:00 horas, para que pueda presentar las alegaciones que considere oportunas. Pero se ha convocado para las 12:00 horas de ese mismo día una nueva reunión de la comisión por si el exministro desea comparecer ante ella y defenderse verbalmente.

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, el suplicatorio será sometido a votación en el primer pleno ordinario que tenga previsto celebrar la cámara, por lo que ese trámite se completaría ya en febrero. En el plazo de ocho días, contados a partir del acuerdo del pleno que concede o deniega la autorización solicitada, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, deberá dar traslado del mismo al Tribunal Supremo, advirtiéndole de la obligación de comunicar a la cámara los autos y sentencias que se dicten y que afecten personalmente al diputado.

El suplicatorio, según el Reglamento del Congreso, se entenderá denegado si la Cámara no se hubiere pronunciado en el plazo de 60 días naturales, computados durante el período de sesiones a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio.

El debate y votación de los suplicatorios en el Pleno del Congreso tampoco es público, sino que se desarrolla con el hemiciclo a puerta cerrada y sin transparencia. Los diputados tampoco están obligados a seguir consignas de voto ya que su voto es secreto. Sólo se da a conocer el resultado.

En el plazo de ocho días contados a partir del acuerdo del Pleno de la Cámara sobre concesión o denegación de la autorización solicitada, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, dará traslado del mismo a la autoridad judicial, advirtiéndole de la obligación de comunicar a la Cámara los autos y sentencias que se dicten y afecten personalmente al diputado.

Por el contrario, el suplicatorio se entenderá denegado si la Cámara no se hubiere pronunciado en el plazo de sesenta días naturales, computados durante el período de sesiones, a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio.

Hasta ahora el Congreso ha aprobado 33 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soares Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.

En el caso de Ábalos, se da por segura la concesión del suplicatorio ya que incluso el PSOE ha adelantado que lo apoyará cuando tenga lugar la votación, ya que su deseo es esclarecer el caso lo antes posible y llegar hasta el final.

El último suplicatorio que salió adelante data de septiembre de 2022, cuando la Cámara dio vía libre al Supremo para investigar al fuera diputado del PP Alberto Casero por presuntos delitos de prevaricación y malversación, por contratos que realizó como alcalde de Trujillo (Cáceres).

En aquella legislatura se concedieron también suplicatorios a la expresidenta de Junts Laura Borràs, que acabó condenada por haber fraccionado contratos en favor de un amigo en su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y a Alberto Rodríguez, que era diputado de Podemos. El Supremo le condenó por haber propinado una patada a un policía en una manifestación antes de ser diputado. Le impuso una multa y le inhabilitó para concurrir a las elecciones, lo que le costó el escaño. Después el Tribunal Constitucional anuló la condena, pero ya no pudo recuperar su acta.

En legislaturas anteriores se autorizó a juzgar a tres diputados del PP --Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte-- que habían dado positivo al volante y el anterior fue el que dio vía libre a investigar al también 'popular' Jesús Merino por el 'caso Gürtel'. El del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, no llegó a completar la tramitación por dimisión del afectado.

Además, entre los concedidos destacan los del exministro socialista José Barrionuevo por el 'caso GAL' o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.

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