El juez Santiago Pedraz abrirá una pieza separada en el caso Hidrocarburos con el resultado del volcado del teléfono intervenido al comisionista Víctor de Aldama el pasado 7 de octubre cuando fue detenido en relación a un presunto fraude de 182 millones de euros en el IVA de Hidrocarburos.

Según fuentes próximas a la investigación citadas por EFE, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya tiene el volcado de ese móvil y en unos días lo entregará al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Para acceder al teléfono los agentes no han necesitado utilizar las claves que Víctor de Aldama se ofreció a facilitar, si bien sí podrían contar con su ayuda para guiarles en la búsqueda de la información que pueda ser más relevante en esta causa y también en el caso Koldo.

Tras el volcado, los agentes están procediendo a un primer expurgo con el contenido que puede afectar a la intimidad del investigado y de sus interlocutores para después analizar la información que afecta a la causa y trasladar una copia del contenido al Juzgado, que abrirá para ello una pieza separada en esta causa, que permanece bajo secreto.

Más allá del móvil de Aldama, los agentes también han procedido al volcado del teléfono de su socio en la trama de Hidrocarburos, Claudio Rivas, quien ha sido puesto en libertad esta semana, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, tras ingresar en prisión el pasado 10 de octubre junto al comisionista, que logró ser excarcelado hace un mes tras sus confesiones ante el juez del caso Koldo, Ismael Moreno.

Una vez que el juez Pedraz acceda a esa información decidirá por su parte si cabe un nuevo expurgo y si parte de ese contenido afecta a otras causas en las que estén siendo investigados Aldama y Rivas, que tiene otras dos causas abiertas en la Audiencia Nacional también por fraude de Hidrocarburos, para dar traslado si cabe a los correspondientes juzgados.

La causa que instruye Pedraz cuenta ya con más de una docena de investigados, muchos de ellos testaferros que ponían a disposición de esta trama sociedades pantalla, y por el momento ninguno de ellos ha prestado declaración ante él por estar la causa bajo secreto, aunque podría levantarse el próximo enero, según las citadas fuentes.

De este modo, una vez se alce el secreto, el juez podría citar a declarar a De Aldama y Rivas, así como a Carmen Pano, la empresaria que ha afirmado haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz (Madrid) por indicación del comisionista y que fue detenida el pasado lunes por agentes de la UCO, que la dejaron en libertad sin ponerla a disposición judicial tras tomarle declaración.

Ese mismo día, fueron también arrestados y puestos en libertad por la UCO, la hija de Carmen, Leonor González Pano; el presunto testaferro de De Aldama Luis Alberto Escolano -que fue quien firmó el contrato de alquiler del piso que disfrutó la mujer con la que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, mantenía una "relación particular"- y el empresario Carlos del Castillo.

Todos ellos -cuyos domicilios y empresas en Madrid, Zaragoza, Sevilla y Toledo fueron registrados por la UCO- podrían ser llamados a declarar ante el juez a partir de enero, una vez se haya analizado todo lo que les ha sido intervenido y se haya levantado el secreto, que permitirá a todas las partes tener acceso a la causa.

Además de las detenciones y del análisis de la documentación y de los dispositivos electrónicos, el juzgado ha practicado otras diligencias como la puesta en marcha de comisiones rogatorias a países en los que la trama habría ocultado parte de sus ganancias millonarias.

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