El exministro de Transportes José Luis Ábalos prepara el contraataque después de que el juez haya pedido su suplicatorio, según informa Julio Muley en Informativos Telecinco.

El juez, que reconoce que estamos en la fase inicial del proceso, no da credibilidad a la declaración de Ábalos e incluso parece dar más a la del empresario Aldama.

De hecho, podía haber archivado la causa, pero ha hecho todo lo contrario: pedir autorización para investigar a Ábalos.

El magistrado entiende que "ha llegado un momento en el que la constancia de indicios cualificados" de la posible participación de Ábalos en los hechos "hace imprescindible para avanzar en el camino procesal recabar la autorización de la Cámara prevista en la Constitución, que se cursará mediante exposición razonada remitida al presidente de la Sala Penal del Supremo para que le confiera el trámite correspondiente".

El magistrado considera que este ha podido cometer cuatro delitos: pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

Ahora el juez quiere investigar a fondo las comunicaciones, el patrimonio y las cuentas bancarias del diputado. Ábalos dijo en su declaración que nada había quedado en el tintero. Pero el juez deduce la posibilidad de que haya obtenido beneficios a cambio de adjudicaciones.

El auto señala que "existen elementos bastantes" para considerar que Ábalos, "prevaliéndose de su condición de ministro", "y a cambio de determinados beneficios económicos que obtuvo por ello para sí, haber determinado la adjudicación de varios contratos de la administración pública o del sector público institucional con empresas privadas, en el marco de la situación de emergencia determinada por la pandemia del COVID-19, en particular relativos a la adquisición, por vía de urgencia y emergencia, de material sanitario, mascarillas, trajes especiales y laboratorios para identificar vestigios de la enfermedad"..

Ábalos negó la percepción de cantidad económica alguna lo que, naturalmente, señala el auto, "no se aviene con los indicios".

Ante esta circunstancia, Ábalos ha decido pasar al contraataque y tiene previsto denunciar en la Fiscalía General a la Guardia Civil por haberle interceptado sus comunicaciones realizado una investigación "ilegal" y de registrar sin autorización judicial "un sobre cerrado" de su propiedad.

Ábalos va a reclamar en el Supremo la nulidad del auto porque considera que se le investigó cuando era aforado y que se hizo de manera ilegal, que se interceptaron sus comunicaciones.

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