Manuel Marchena abandona la presidencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo con el respeto de sus compañeros, testigos de la transformación de un jurista nada mediático en el magistrado más influyente del país, que fue encumbrado por su gestión y autoridad en el juicio del siglo, el procés.

Cumple así dos mandatos de un recorrido tan judicial como político por la proyección de las resoluciones dictadas bajo su presidencia, que inició en 2014 y que termina diez años después erigido en un juez estrella, lo que, por cierto, le incomoda visiblemente.

Marchena da un paso al lado. La ley prohíbe un tercer mandato y pocos dudan de que, de no existir este obstáculo, no hubiera tenido rival. Otra cosa es que hubiera querido seguir. Porque nadie es ajeno al desgaste personal que le ha supuesto dirigir la sala que investiga y juzga a los aforados en un contexto político y social marcado por el órdago independentista de Cataluña, la creciente polarización y la cascada de procesos electorales acontecidos en la última década.

Dejará la trinchera, como tantas veces se refiere, el foco mediático y la exposición continua, pero se quedará como magistrado en el Supremo, donde entró con 48 años, en el 2007.

No será uno más, su trayectoria pesa y seguirá contando con una enorme trascendencia en la sala. En la judicatura no se cuestiona. Su carisma y su verbo han ayudado a ello, sin descuidar la alta talla jurídica de la que presumen sus compañeros, quienes destacan que su ascendencia y su predicamento pesan tanto como su cercanía.

Y aunque históricamente se le ha considerado un hombre de confianza del PP, su nombre fue aceptado en 2018 por los socialistas para presidir el Consejo General del Poder Judicial a cambio de una mayoría progresista de 11-9. Pero todo saltó por los aires.

La causa fue la difusión de un whatsapp del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, a sus compañeros de partido en el que se jactaba de que con su nombramiento los populares seguirían controlando "la Sala Segunda por detrás".

Fue de tal magnitud la polémica, que no tardó en renunciar con una carta pública. "Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal", dijo.

Esta decisión le llevó a presidir el juicio más mediático de la democracia contra los líderes independentistas catalanes. Aquello le encumbró. Marchena abrió telediarios con sus alocuciones a los acusados y su gestión del juicio, pero sometido a tal presión que era consciente de que un error sería imperdonable. Se retransmitió en directo, fue así cuando Marchena entró en las casas de este país.

Para el recuerdo sus frases. "La fiebre no tiene trascendencia jurídica"; "Hacernos perder el tiempo tiene consecuencias jurídicas", "Vamos a ver... no empezamos bien"; "Letrado, no discuta conmigo; usted, que es un extraordinario procesalista, sabe que tengo razón" o "No existe la figura del testigo opinante". Son infinitas.

La redacción de la sentencia fue suya. La unanimidad de los siete magistrados un éxito de todos. Pero para llegar a la misma hizo falta negociar, persuadir y convencer y nadie se lo niega a Marchena.

No obstante, ocurre que su figura ha ido ganando en popularidad a la par que en críticas, principalmente desde algunos sectores de la izquierda y desde el independentismo catalán. Porque desde la Sala que preside se ha cuestionado la ley del solo sí es sí, la reforma de la malversación y la sedición, los indultos a los condenados por el procés y finalmente la amnistía. Dicho de otro modo, se ha enfrentado, desde el derecho y sin ambages, al Gobierno de Sánchez.

Y las circunstancias han querido que concluya su mandato con un fiscal general investigado por el Supremo y un caso de corrupción que afecta al que fuera uno de los hombres fuertes de Sánchez, José Luis Ábalos, es decir, con el runrún político instalado en el tribunal. De todo ello será testigo (y a veces partícipe) en primera línea.

Andrés Martínez Arrieta le sustituirá en funciones. Compite con Ana Ferrer por sucederle en la presidencia. Su proyecto, dijo hace días en el CGPJ, pasa por "mantener las excepcionales relaciones personales" entre magistrados y "la estructura organizativa". En cierto sentido, Marchena sigue marcando el camino de la Sala. 

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