Que Manuel Marchena es uno de los jueces más conocidos en España es un hecho; que su nombre ha sonado varias veces para presidir el Poder Judicial, es otro hecho contrastado; que le han propuesto en varias ocasiones ir al Tribunal Constitucional, también está confirmado por este periódico. Y lo que cada vez queda más claro es que, al menos de momento, él prefiere quedarse donde está, al frente de la Sala II del Supremo, la que se ocupa de los grandes asuntos penales, donde Manuel Marchena sigue poniendo sentencias, haciendo trabajo de magistrado más allá del de gestor.

Favorito de los conservadores, tiene el visto bueno de los progresistas, lo que lo convierte en un un candidato recurrente. La última propuesta ha sido incorporarse al Tribunal Constitucional, que tiene que renovar cuatro de sus asientos. Pero Manuel Marchena ha vuelto a decir que no, casi cuatro años después de renunciar a presidir el Supremo. Por entonces, aún no se había celebrado el juicio del procés que le dio a conocer a nivel general. Tras esa vista, ha seguido recibiendo ofertas y la respuesta ha sido siempre la misma: "No".

El 12 de junio, cuatro magistrados del Tribunal Constitucional vieron terminado su mandato sobre el papel, pero siguieron en sus asientos porque no había juristas que los sustituyeran. Cuando se produzca el cambio, la mayoría del tribunal de garantías, ahora conservadora, se convertirá en progresista.

La fórmula para alcanzar esa renovación ha traído cola este verano. Dos de los magistrados serán propuestos por el Gobierno y los otros dos deben serlo por el CGPJ, que está en funciones y en principio no podía designar jueces. Ante esa situación, se barajó la posibilidad de que se nombraran los dos del Gobierno, pero finalmente, el PSOE desistió y reformó la ley para que el Consejo sí pudiera nombrar jueces del Tribunal Constitucional, aunque sólo esos.

Y ahí es donde entra el nombre de Manuel Marchena como posible candidato de consenso entre los vocales de un CGPJ que no están nada satisfechos con la habilitación para nombrar sólo a magistrados del TC. Su peso jurídico le convertiría en un buen representante del sector conservador ante una mayoría progresista. Y los progresistas no miran mal al juez que presidió el tribunal del procés y que dio por buena la tesis de la sedición frente a la de la rebelión, que pedían fiscalía y acusación particular.

Pero hasta donde se sabe, Marchena está decidido a agotar los dos años que le quedan como presidente de la Sala de lo Penal del Supremo. A sus 63 años, tiene tiempo para plantearse el TC como destino a partir de ese momento.

Dos veces ha recibido Manuel Marchena la oferta de presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. La última fue en 2020, una vez acabado el juicio del procés, retransmitido en directo por streaming, y dictada la sentencia que condenó a Junqueras y otros 11 líderes independentistas por el referéndum unilateral del 1-O.

Los siete magistrados les impusieron penas de hasta 13 años de cárcel por sedición, malversación y/o desobediencia. La sentencia iba en el sentido de lo que proponía la Abogacía del Estado. Para los sectores más conservadores se quedó corta, porque consideraban que se les debería haber condenado por rebelión. En cambio, para el nacionalismo y algunos sectores de la izquierda, las penas fueron desmedidas.

En el verano de 2020, según el diario El País, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tuvo una larga entrevista con Manuel Marchena en el Palacio de la Moncloa y allí le pidió que se planteara ser propuesto para sustituir a Carlos Lesmes. La misma información habla de hasta siete llamadas de Pablo Casado y de una sola respuesta tanto a PP como a PSOE: "No". El momento había pasado y el juez Marchena se había puesto a otra cosa.

Diciembre de 2018 fue el origen del bloqueo del CGPJ. PP y PSOE habían llegado a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial en fecha. La clave era, precisamente, Manuel Marchena, el nombre pactado entre los dos partidos para presidir el Supremo y el CGPJ. El consejo, según ese acuerdo, tendría once vocales progresistas y nueve conservadores y Marchena equilibraría la balanza.

Ya en noviembre todo parecía hecho, pero no lo estaba. En aquellos días, se filtró un mensaje del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, a su grupo parlamentario, en el que explicaba el reparto diciendo que con el magistrado se podría controlar la Sala Segunda del alto tribunal "desde detrás".

Tras varios días de bronca y de escándalo, Manuel Marchena, que en principio había decidido aceptar el nombramiento, dio un paso adelante y sin que llegara a haber una designación oficial, anticipó su renuncia en un escrito para defender su independencia y su dignidad.

Nadie lo imaginaba entonces, pero tras aquel whatsapp de Cosidó y el escrito del magistrado Marchena vendrían casi cuatro años de bloqueo en las que se ha mirado varias veces a este juez para desbloquear situaciones. Sin embargo, las posibilidades habían saltado por la borda cuando Ignacio Cosidó le dio al botón de "enviar mensaje" y cuando ese mensaje se filtró.