La Fiscalía General ha encargado a Anticorrupción que asuma la investigación en la Audiencia Nacional al eurodiputado Luis Pérez, Alvise, por un posible delito de financiación ilegal de partidos por haber recibido, presuntamente, 100.000 euros del fundador de la empresa Madeira Invest para su campaña electoral.

Según han adelantado El Independiente y El Periódico de España y han confirmado a EFE fuentes jurídicas, la Fiscalía que dirige Álvaro García Ortiz ha tomado esta decisión después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, admitiera a trámite dicha denuncia a finales de octubre.

Pese a que el líder de Se Acabó la Fiesta está aforado ante el Tribunal Supremo por ser europarlamentario, el magistrado precisó en su resolución que la admisión a trámite de una denuncia no constituye un acto de "imputación formal", y le hizo el ofrecimiento de declarar de forma voluntaria el próximo 20 de noviembre.

Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "la atribución del estatuto de 'imputado' no requiere de suplicatorio y la autorización parlamentaria se precisa tan sólo para 'inculpar' o 'procesar', pero no para imputar", argumentó el juez.

El magistrado le permitió así a Alvise personarse en la causa, que ha sido abierta como una pieza separada del procedimiento abierto sobre una presunta estafa piramidal cometida a través de la plataforma de inversiones Madeira Invest.

El fundador de este supuesto chiringuito financiero, el empresario Álvaro Romillo -investigado por esa presunta estafa-, fue quien denunció al eurodiputado, a quien dijo haber entregado el 27 de mayo de 2024, antes de las elecciones europeas, 100.000 euros para su formación. El juez le cita también como imputado el 20 de noviembre en esta pieza separada.

Aparte de la investigación sobre si hubo o no financiación ilegal, el juez también apunta a que se podría considerar a Alvise como cooperador necesario o cómplice de la supuesta estafa de Madeira Invest, "dada la implicación que en la denuncia" se le atribuye "en la promoción de la actividad presuntamente ilícita llevaba a cabo a través del entramado financiero generado en torno" a la plataforma.

Tras conocerse ese pago de 100.000 euros, Alvise se declaró "culpable como autónomo" de haber cobrado por su trabajo sin la preceptiva factura y ha animado a sus seguidores a la insumisión fiscal.

Redujo así el asunto a una "factura sin IVA" por el cobro de esos "honorarios privados sin factura" que dice que aceptó para poder tener más ahorros con la finalidad de no enriquecerse por su actividad pública.

Se mostró además convencido de que se librará "como siempre", porque detrás de "las calumnias y los mensajes entrecortados no hay nada más que una complementaria de Hacienda".

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