El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha referido al líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis ‘Alvise’ Pérez, para manifestar que espera que “acabe en la cárcel” tras haber admitido que aceptó cobrar 100.000 euros en efectivo y sin factura al empresario Álvaro Romillo como "honorarios privados" para, –según dijo–,"poder tener más ahorros" y no enriquecerse con su actividad política. No obstante, se le investiga por un delito de financiación ilegal en la campaña de las europeas.

Recordando su frase “hueles a cárcel”, que Alvise ha utilizado en diversas ocasiones para referirse a distintos adversarios políticos en las redes sociales, Óscar Puente ha señalado que “él sí huele a cárcel”.

"¿Dónde merecen estar los delincuentes? En la cárcel", ha dicho durante una entrevista en Cadena SER de la que se hace eco Europa Press.

Según ha señalado el ministro de Transportes, a su juicio no es lo mismo cobrar 100.000 euros para una campaña electoral a cambio de legislar en favor de la persona que te da ese dinero, que no cobrar un trabajo con factura. "Uno es una irregularidad administrativa (...), lo otro es un delito grave", ha sentenciado Óscar Puente.

Así, ha expresado su deseo en que caiga sobre él todo el peso de la ley: "Espero que recoja lo que ha sembrado este personaje. Bastante daño le ha hecho a este país", ha aseverado, insistiendo en que "gente como esa no merece representar a nadie".

Tras salir a la luz el caso, Luis ‘Alvise’ Pérez se pronunció a través de un vídeo publicado en Telegram en el que se declaró "culpable" como "autónomo que ha cobrado en efectivo un trabajo" y por haber ejercido, según denunciaba, su "legítima defensa" contra "el terrorismo fiscal del Estado".

Defendiéndose con el ataque, continuó: "Somos millones de trabajadores esclavizados a impuestos en este país y a veces cobrar una actividad ilegal de quienes no hacen factura es muchas veces la única salida que queda".

El eurodiputado, que tildó al Ministerio de Hacienda como "mafia", confirmó así que cobró del empresario Álvaro Romillo 100.000 euros "sin factura" y, –según dijo–, "para poder tener más ahorros" y no enriquecerse con su actividad política, tal y como prometió en la campaña electoral de las elecciones europeas.

Más allá del caso ‘Alvise’, durante la citada entrevista y al ser preguntado por  la decisión de la Audiencia de Madrid, que ha aplazado su deliberación porque no tiene el recurso en el que Begoña Gómez pide el archivo del procedimiento, Óscar Puente se ha mostrado muy crítico con la resolución del juez.

"Da la sensación de que efectivamente hay una investigación prospectiva que abarca un periodo temporal determinado y a todas las actividades de una persona concreta. Y eso, sinceramente, es que no es que esté vetado en nuestro derecho penal, es que no tiene un pase", ha dicho.

Así, ha sacado a relucir que no haya un juzgado en Madrid que "no haya querido ir un poco más allá" para investigar las muertes en las residencias madrileñas durante la pandemia del Covid-19 pero que sí estén investigando "a una señora por si el software (...) se lo ha apropiado", en referencia a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

"Estamos viendo una investigación que no tiene ni pies ni cabeza sobre hechos que tienen una trascendencia pública nula frente a un asunto de una gravedad tan enorme que no ha encontrado cómo en ningún juzgado de Madrid", ha sentenciado.

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