El Partido Popular quiere dar la batalla de la conciliación familiar y laboral frente al Gobierno. Para ello, el líder de la formación conservadora, ha adelantado una serie de propuestas que quiere incluir en una ley que llevará al Congreso de los Diputados en octubre y que pretende negociar durante los próximos días con los agentes sociales. En la base de este programa social está el fomento de la natalidad, para lo cual propone aumentar el permiso de paternidad y maternidad, ayudas a las familias numerosas, gratuidad de las escuelas infantiles, bolsa de horas para facilitar la conciliación, aumento de las desgravaciones fiscales a padres y madres con hijos a su cargo y un cambio en la duración de la jornada laboral.
El anuncio ha tenido lugar en Barcelona junto al líder el PP catalán, Alejandro Fernández, tras reunirse con la Associació de Famílies Nombroses de Catalunya-Fanoc. Núñez Feijóo ha aprovechado este foro para desgranar algunos aspectos de la Ley de Conciliación que quieren registrar en el Congreso y que presentará a los agentes sociales en ronda de contactos que abrirá con ellos a partir del 7 de octubre.
Estas son las principales propuestas del PP en materia de conciliación:
Feijóo espera que la Ley de Conciliación que lleven al Congreso sea la "más avanzada de la democracia en materia de conciliación", con el objetivo de buscar soluciones al envejecimiento de la sociedad española.
"No nos podemos permitir las dificultades que están teniendo las personas jóvenes y de mediana edad para tener hijos y para construir una familia", ha declarado el líder del PP, que ha añadido que la conciliación tiene implicaciones en ámbitos como los cuidados, la educación, la economía y el mercado laboral.
Feijóo también ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por no abordarlo: "España lleva más de seis años no centrándose en la política útil, sino en la política que confronta", en vez de servir a la sociedad, según él.
En los próximos días está previsto que el Partido Popular anuncia nuevas propuestas en este campo con la idea de que sean debatidas en el Congreso de los Diputados si su norma es toma en consideración por la Mesa de la cámara baja. De ser así, durante la tramitación parlamentaria se abriría la posibilidad de que otros grupos políticos incluyesen nuevos avances sociales en el texto definitivo que sea aprobada por los congresistas.
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