El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha recurrido la decisión del juez del 'caso Koldo' ante su rechazo como perjudicado y ha aprovechado para recordar que, respecto al informe encargado por el ministro, Óscar Puente, en el seno del Ministerio de Transportes, se tomaron "decisiones similares" en otras instituciones, como en la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento de Valladolid, donde era alcalde el ahora ministro de Transportes.
En el recurso, la representación legal de Ábalos ha evocado al juez que la ley ampara el ofrecimiento de acciones, tanto al ofendido por el delito como al perjudicado. Por ello, considera que las noticias en las que se le menciona y el informe de auditoría del Ministerio son motivos de peso para aceptar su petición.
Asimismo, se detalla en el escrito que "la legitimación del perjudicado no nace del delito sino de la objetivación de la producción de un daño", en el que insiste en que lleva "meses sorprendiéndose de que los medios" publiquen contenido de la causa "que debieran haberse mantenido en la confidencialidad".
Así pues, el letrado cita el informe de auditoría elaborado por petición de Puente sobre los expedientes para subrayar que "no responde a ninguna finalidad razonable, no cumple con el mínimo estándar, ni se ajusta a las mínimas exigencias de objetividad". Además, incumple la directiva de la Unión Europea (UE) de protección de denunciantes porque "no se informa a los intervinientes de la finalidad de la deposición, cuando el mismo se orienta sin ambages a señalar a un responsable, el exministro".
Para el letrado de Ábalos, el documento "solo busca un cortocircuito" en las responsabilidades sobre esos contratos con la empresa vinculada a la presunta trama y prescinde de la dimensión de la situación en la que se produjo la compra de mascarillas, la pandemia. También lamenta que omita la concurrencia de otras autoridades o cargos implicados en este tipo de decisiones y cita, por ejemplo, que "decisiones similares" tuvieron que adoptarse en la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento de Valladolid, donde era alcalde el ahora ministro de Transportes.
Ábalos incide en que ese informe plagado de "irregularidades" y "destinado a perjudicar" a su persona ha generado un juicio paralelo por lo que pide al juez instructor que valore "el sentido y fin" del mismo para volver a pronunciarse sobre la idoneidad de que conste como perjudicado el exministro en la causa. Esto, añade, permitiría que él presentara su contrainforme rebatiendo al incorporado y que proviene del ministerio.
Por otro lado, lamenta que las difusiones de noticias relacionadas con la causa dan cobertura a la mención de Ábalos "siempre en un contexto peyorativo o vinculado con imputaciones de presunta y pretendida corrupción". Y añade que ante esto, su única defensa, por el momento, es dar explicaciones en medios. De esta manera, la representación letrada del exministro señala que se puede convenir "sin mucho fórceps argumentativo" que el procedimiento está causando "un perjuicio irreparable" a Ábalos a pesar de que el juzgado sostenga que, por el momento, "no hay indicios de actuaciones de relevancia penal respecto a él".
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