El reparto de menores migrantes se atasca en la reunión entre el Gobierno y comunidades

Las comunidades autónomas estudiarán la reforma que plantea el Gobierno para establecer una distribución equitativa de menores migrantes y aliviar zonas como Canarias. No se ha llegado a ninguna solución durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebraba este miércoles en Tenerife ante la propuesta legislativa promovida por el Gobierno central y el canario.

Desde el Gobierno mantienen que la reforma de la Ley de Extranjería es la única solución, esto supondría la obligatoriedad para todas las comunidades autónomas de acoger a los menores migrantes. Cataluña ha anunciado que no aceptará la reforma de la ley si no hay financiación. A pesar de las amenazas de Vox, las comunidades del PP aceptarán la distribución de los 400 menores acordada en octubre. Los de Abascal mantienen la idea de romper los gobiernos con el Partido Popular si apoyan la reforma de la ley. Aunque dicen que no tomarán esa medida de manera inmediata. 

Todas las comunidades autónomas, salvo Cataluña, que se ha abstenido, han votado este miércoles en Tenerife a favor de la de la acogida voluntaria de 400 menores no acompañados, 300 de Canarias y cien de Ceuta.

Fuentes del Gobierno de Canarias han informado que este acuerdo, que se desarrollará ahora a través de convenios entre las comunidades autónomas, comenzará lo antes posible su ejecución. Para ello, en la reunión se ha acordado agilizar los protocolos ya que en años anteriores no se han cumplido los cupos asignados a las comunidades autónomas.

Acerca de la reforma de la ley, fuentes de la Junta de Andalucía han señalado que esta ha sido la posición de la comunidad respecto a este punto de la sectorial: "Nos damos por informados y estamos estudiando la propuesta que el Gobierno no remitió a las comunidades hasta ayer tarde, menos de 24 horas de la sectorial".

La conselleira de Política Social e Igualdade de la Xunta de Galicia, Fabiola García, también ha reprochado al Gobierno que el texto fue recibido ayer por la tarde y que la Consellería no ha tenido tiempo suficiente para su estudio.

Y ha añadido que la Conferencia Sectorial no tiene competencias sobre el mismo, que reside en las Cortes, por lo que no será sometido a votación, según han informado fuentes de la Consellería.

Por su parte, el Gobierno del Principado de Asturias ha reiterado su apoyo a la reforma de la ley de extranjería, ya que, según ha asegurado su consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, "va acompañada de financiación, como no podría ser de otra manera".

Y Madrid ha advertido, a través de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, que la reforma de la ley "puede ser inconstitucional", pues "estaría invadiendo competencias autonómicas", y ha exigido al Gobierno central que convoque una conferencia de presidentes.

El conseller de Derechos Sociales en funciones de la Generalitat de Catalunya, Carles Campuzano, ha pedido al Gobierno central hacer las cosas "de forma ordenada y con financiación".

A la entrada de la reunión en Santa Cruz de Tenerife, ha afirmado que Catalunya tiene voluntad de acogida y de ayudar a la sobreocupación en Canarias, pero ha advertido al Gobierno de que ello "implica también no trasladar los problemas a otros sitios".

El Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales, competentes en materia de infancia, han pedido al Ejecutivo central "reglas claras" en la atención de los menores migrantes no acompañados y un plan estructural que evite las vulneraciones de derechos humanos.

Y han precisado, en un comunicado difundido momentos después de comenzar la reunión, que el Ejecutivo autonómico hará mañana un análisis más profundo del encuentro.

Las comunidades autónomas del PP han decidido no posicionarse sobre la reforma de la Ley de Extranjería, para el reparto de menores migrantes no acompañados, porque corresponde al Parlamento. Así lo han manifestado en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, según han informado fuentes presentes en la reunión.

 Así, las comunidades gobernadas por el PP han criticado en la reunión, que ha tenido lugar en Tenerife, que el texto de modificación fue recibido este martes por la tarde y que sus departamentos no han tenido "tiempo suficiente para su estudio". En todo caso, han matizado que la Conferencia Sectorial no tiene competencias sobre el mismo, que reside en las Cortes, por lo que no será sometido a votación.

Vox ha advertido que después de que el PP haya aceptado el reparto por parte de las comunidades autónomas de los 400 menas entiende que los acuerdos entre ambos partidos han quedado rotos.

En un comunicado, VOX anuncia que ha convocado una reunión del comité ejecutivo de su partido para tomar las medidas correspondientes.

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