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El juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife considera que el monumento a Franco, erigido en la capital tinerfeña por Juan de Ávalos, tiene valor artístico y cultural y por ello el Cabildo de Tenerife tiene que incoar un expediente de Bien de Interés Cultural (BIC).
De este modo, el juzgado, según adelantan los periódicos El Día y Diario de Avisos, ha dado la razón a la Asociación para la Investigación y Patrimonio Artístico San Miguel Arcángel, que en el anterior mandato pidió al Cabildo de Tenerife que llevase al Gobierno de Canarias la declaración de BIC de la escultura, que está en la intersección de la Avenida de Anaga y la Rambla de Santa Cruz.
El conocido como "monumento del Ángel" y también "monumento a Franco" es una fuente escultórica inaugurada en marzo de 1966 a la que en 2010 el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dio el nombre de "monumento al Ángel Caído", que para algunos colectivos tiene valor cultural y para otros no.
El anterior gobierno de Canarias (PSOE, Podemos, Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera), en aplicación de la Ley Democrática de Canarias, incluyó esta obra en el catálogo de vestigios franquistas, que ha sido revocado por el actual ejecutivo canario (CC, PP, Agrupación Socialista Gomera y AHI) después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo suspendiese de forma cautelar por defectos de forma.
La asociación a la que ahora ha dado la razón el juzgado de lo contencioso número 3 reclamó la tramitación del expediente de BIC para el monumento al anterior grupo de gobierno de Cabildo de Tenerife (PSOE-Cs), que estimó falta de valor artístico excepcional en esta obra.
Tras el rechazo por parte del Cabildo de Tenerife, la Asociación para la Investigación y Patrimonio Artístico San Miguel Arcángel acudió a los tribunales, que en un principio rechazaron su petición, pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias la aceptó y suspendió la resolución de la corporación insular.
El Cabildo de Tenerife presentó un recurso de casación ante el que el Tribunal Supremo, que mantuvo la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y estos días el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a la corporación insular a incoar el expediente de BIC.
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