El Gobierno lleva a la Fiscalía la actuación del presidente del parlamento balear por romper la foto de Aurora Picornell
El Ejecutivo busca que la Fiscalía valore si Le Senne pudo cometer un delito de odio o cualquier otra tripificación penal
Ángel Víctor Torres explica que el asunto podría terminar en el Tribunal Constitucional
El presidente del Parlament balear argumenta que las fotos que rompió eran “partidistas” y denuncia una “campaña de acoso”
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática , Ángel Víctor Torres, ha anunciado que trasladará a la Fiscalía la actuación del presidente del Parlamento balear, Gabriel Le Senne, para que determine si hay delito al haber roto la fotografía de una víctima del franquismo. Ya este miércoles, el Gobierno dijo que estudiaba esta posiblidad.
"Desde el Ministerio se va a trasladar al Ministerio Fiscal los acontecimientos por si los mismos pudieran ser constitutivos de un delito penal de odio o de cualquier otra tipificación del orden penal", ha declarado a los medios a su llegada a la Comisión Constitucional del Senado, en la que estaba citado a comparecer para dar cuenta de la actuación de su ministerio en memoria democrática.
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Ángel Víctor Torres ha explicado que han tomado esta decisión después de que los servicios jurídicos de su ministerio analizaran la actuación de Le Senne en el pleno del Parlamento balear del martes pasado, en el que llamó al orden y expulsó a dos diputadas socialistas de la Mesa por exhibir fotos de republicanas asesinadas en la Guerra Civil y acabó rompiendo la imagen de la costurera sindicalista Aurora Picornell.
Le Senne, ¿sancionado?
Más allá del traslado de estos hechos a la Fiscalía, el ministro ha dicho que van a analizar si hay posibilidad de aplicar al presidente del Parlamento balear, de Vox, alguna sanción prevista en la Ley de Memoria Democrática por vulnerar a víctimas del franquismo.
Y ha señalado que el grupo parlamentario socialista en el Parlamento balear podría solicitar por su cuenta a la Mesa que el presidente sea sancionado y, si no se responde a su petición, llegar incluso al Tribunal Constitucional.
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