Aprobada la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados no entrará en vigor hasta su publicación en el BOE. La norma prevé amnistiar a unas 400 personas por delitos relacionados con el procèss cometidos entre 2012 y 2023. Entre ellos está el huido Carles Puigdemont.

¿Cuándo empezarán a aplicar los jueces la Ley de Amnistía? ¿Veremos a Carles Puigdemont pronto en España? ¿Qué pasa con el recurso que ya ha planteado la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso?

Aprobada la ley de amnistía con 177 síes y 174 noes, hay que esperar a su aprobación en el BOE, previsiblemente la semana que viene.

La ley de Amnistía tiene carácter preferente. Eso implica que el poder judicial tiene un plazo de dos meses para materializarla. Las medidas cautelares existentes a día de hoy se levantan de forma inmediata. Eso afecta directamente a Carles Puigdemont, que prometió que estaría en el debate de investidura en el Parlament, ganara o no y que podría volver a España sin miedo a ser detenido.

Sin embargo, si se presentan recursos a la ley de amnistía esas medías cautelares podrían verse afectadas. Aunque la propia ley marca que la suspensión de un procedimiento penal no impedirá el alzamiento de las medidas cautelares contra libertades y derechos fundamentales, hay juristas que no lo tienen tan claro. Hay división sobre este asunto en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre vocales progresistas y conservadores.

Caben dos posibilidades de recursos a la Ley de Amnistía. Por un lado, ante el Tribunal Constitucional (TC) como ya ha adelantado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que harán las regiones gobernadas por el PP.

Y por otro, los propios jueces que tengan que aplicar la ley aprobada hoy en el Congreso pueden presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), si consideran que la ley colisiona con el derecho comunitario. En este caso, el proceso judicial quedaría en suspenso a la espera de respuesta.

Más allá de si la aplicación de la ley es inmediata o se dilata en el tiempo, la norma establece que  “no será de aplicación en los delitos de terrorismo cuando se hayan producido las graves violaciones del derecho a la vida y la prohibición de la tortura que recoge el Convenio Europeo de Derechos Humanos”.

Tampoco se puede aplicar en los delitos de malversación cuando haya habido enriquecimiento personal.

En lo referente a los delitos de alta traición tampoco será de aplicación cuando la amenaza sea "efectiva y real con uso de la fuerza contra la integridad territorial".

Sea como fuere esta ley de amnistía está hecha para beneficiar a casi 400 personas, 73 de ellos agentes de policía, investigados en asuntos relacionados con el procèss y que habrían cometido supuestos delitos entre el 1 de enero de 2021 y noviembre de 2023. 

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