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El ministro de Sanidad durante la pandemia, Salvador Illa, ha afirmado este lunes en el Congreso que en aquellos meses de 2020 sólo habló una vez con el exasesor socialista Koldo García y que lo hizo para remitirle a los técnicos del ministerio de Sanidad, aunque ha remarcado que su ministerio no llegó a contratar con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, epicentro de la trama del 'caso Koldo'. Ante la comisión de investigación del Congreso sobre la contratación de emergencia durante la pandemia, el exministro ha querido dejar claro ante el PP que no tenía relación directa con Koldo García Izaguirre, entonces asesor del ministro José Luis Ábalos, y que sólo le vio "una vez", según cuenta en el vídeo Iñaki Aguado.
En otro momento de la comparecencia, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián ha recordado a Illa que su propio jefe de gabinete en Sanidad, Víctor Francos, ha reconocido este lunes en el Senado que se vio tres veces con Koldo, pero el ministro ha insistido en que él sólo habló una vez con el asesor de Ábalos. "Le indiqué cuál era el procedimiento y le dije que se dirigiera a los técnicos. El resultado del equipo fue que no contrató nada, esto es el único contacto que yo he tenido con este señor", ha explicado, a preguntas del portavoz del PP, Elías Bendodo, que le ha acusado de "mentir sin inmutarse".
El dirigente del PP ha incidido en que las respuestas de Illa "no coinciden" con lo que dice el sumario de la investigación judicial de la trama. Según Bendodo lo que Illa ha dicho no se corresponde "con la realidad, ni con lo investigado". "Dice que su ministerio no contrató con Soluciones de Gestión (empresa apadrinada por Koldo) y la Fiscalía dice que sí que contrató, por tanto, necesitamos saber si miente la Fiscalía o el señor Illa", ha concluido el 'popular'.
Illa ha defendido su versión y ha insistido en que hizo "lo que tenía que hacer", que era remitirle a los técnicos, ya que, dado el alto volumen de personas que se dirigieron al ministerio durante los meses de la pandemia, desde su cartera optaron por un procedimiento centralizado a través de un correo electrónico.
A partir de ahí, todas las propuestas eran analizadas en función de su solvencia, la calidad del producto y el precio, para su posterior contratación. Una contratación, que por cuestiones de "eficacia" se delegó en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y la Dirección General de Compras.
En este sentido, el dirigente socialista, ahora candidato a la Generalitat, ha defendido a lo largo de su comparecencia que ni su ministerio ni ningún organismo dependiente del mismo contrató "ni un solo euro" con la empresa del 'Caso Koldo'. "El ministerio de Sanidad no falló porque no compramos nada", ha remarcado.
Sin embargo, más adelante Illa sí ha reconocido que la empresa de Koldo estaba en una Unión Temporal de Empresas (UTE) junto con Ferrovial Servicios, que sí participó en el acuerdo marco de compras que auspició el Gobierno.
"En el acuerdo marco que hicimos con posterioridad, iniciamos un procedimiento para homologar, en este caso a 72 empresas con distintos tipos de productos, de acuerdo con las necesidades que nos hicieron llegar las comunidades autónomas, y poder decir que estas empresas estaban capacitadas para suministrar material", ha explicado.
En este caso, la empresa de Koldo sí que pasó los controles de solvencia "porque iba en Unión Temporal de Empresas con Ferrovial Servicios", pero, según ha matizado, su inclusión en el acuerdo "no implicaba su contratación". "Prácticamente nadie compró a ninguna de estas empresas porque no hizo falta", ha celebrado.
Durante su intervención también ha sido preguntado por la portavoz de Sumar, Aina Vidal, por si conocía o tenía sospechas del exasesor socialista Koldo García, algo que Illa ha descartado. "No tuve sospechas, ninguna, me enteré por primera vez en los medios, evidentemente, si hubiera tenido alguna sospecha de él o de quien fuera, la hubiera puesto en conocimiento de quien procedía, de las autoridades judiciales", ha asegurado.
El candidato del PSC en los comicios catalanes ha comenzado su declaración a las 16:00 horas y su comparecencia se ha celebrado cuatro días antes de que empiece la campaña electoral de Cataluña. El exministro de Sanidad ha defendido en la comisión de investigación abierta en el Congreso su gestión al frente de la pandemia con un documento en el que asegura que "el Ministerio de Sanidad adjudicó entre el 20 de marzo y el 10 de abril de 2020, 28 contratos de suministro de mascarillas y otro material de protección por un importe acumulado de más de 750 millones de euros. "Y todos ellos a "precios muy competitivos en los mercados".
"Estas compras permitieron asegurar que nuestro país contara con suministros suficientes y estables para responder a las necesidades de corto y medio plazo, y atender también a futuras incidencias que pudieran producirse por un agravamiento de la pandemia, como fue el caso, o por posibles rupturas de las cadenas de suministro en los meses siguientes. También posibilitaron la conformación de reservas estratégicas", señala el documento, cuya conclusión, a pocos días de que comience la campaña catalana para las elecciones del 12 de mayo, es que "todos los materiales de protección se adquirieron a precios muy competitivos en los mercados, sensiblemente inferiores a los que otras administraciones y entidades españolas estaban comprando en aquellas fechas".
Había máxima expectación este lunes, en plena resaca de las elecciones vascas, ante las comparecencias de Koldo García y de Salvador Illa en las comisiones de investigación por la compra de mascarillas. Corpulento, alto y serio, Koldo García tiene pinta de ser hombre de pocas palabras, y en su cita con el Senado lo ha confirmado, porque si bien no ha contestado a nada sustancial en la comisión de investigación que le había convocado sí ha recurrido a expresiones rotundas para defenderse y asegurar que hizo "lo correcto".
"Mediáticamente, estoy muerto", "A mí ya me han crucificado vivo", "Yo ya no puedo tener relación con nadie", "No puedo salir a la calle", "¿Me van a llamar cuando me declaren inocente?", "Cree el ladrón que todos son de su condición", "Quien tiene que dictaminar es la justicia, no los medios de comunicación ni ustedes", han sido algunas de sus perlas. Las ha soltado casi espontáneamente, como si no pudiera aguantarse más ante el interrogatorio al que pretendían someterle los senadores -algunos más que otros- para tratar de aclarar su papel en la supuesta trama de comisionistas en la compra de mascarillas pandémicas, sin perder de vista a su abogado Javier Pimentel, sentado junto a él.
La comisión de investigación del Senado se ha celebrado en la sala más remota de la Cámara, la Clara Campoamor, ubicada en una última planta, al final de un pasillo y a la que se llega tras subir unas largas escaleras alfombradas que él ha eludido gracias a un estrecho ascensor donde casi no cabía junto a sus acompañantes, perseguido por camarógrafos y fotógrafos. A Koldo, que ha logrado el extraño privilegio de ser reconocido en toda España solo por su nombre, le han dejado esquinado con su traje oscuro y su corbata roja, sentado en el extremo derecho, el puesto más remoto de la remota sala, obligado en ocasiones a estirarse para ver bien a los senadores que durante poco más de una hora han ido formulando sus infructosas preguntas. O no. Porque si la sesión no ha servido para arrojar novedades sobre cómo actuó Koldo, García de apellido, asesor del ministro José Luis Ábalos durante lo peor de la pandemia, sí ha permitido conocer algo más de su carácter y su modo de ser. A ello han contribuido junto a sus palabras -pocas- sus gestos, especialmente el arqueo de cejas, en expresión de absoluto asombro.
Ha dado buen ejemplo cuando el senador de ERC Joan Queralt le ha preguntado si viajó a República Dominicana en el verano de 2022 y con quién. Y los suspiros, porque Koldo habla poco y también suspira. Los miembros de la comisión barruntaban que iba a acogerse a su derecho a no declarar, y así lo ha manifestado una vez que el presidente de la Comisión, Eloy Suárez Lamata, del PP, garantizara en la inauguración de las comparecencias que respetará los derechos de los convocados y recordara su obligación de "no faltar a la verdad". El compareciente García se ha esforzado en guardar silencio, pero no se ha podido aguantar cuando la senadora de UPN María Caballero ha terminado su turno con una cuestión personal: "¿Tiene usted la conciencia tranquila?". "Mucho", ha respondido espontáneamente, y ahí ya se ha visto que algún resquicio daría a su negativa a hablar.
También ha saltado, muy contundente, cuando el senador de EH Bildu Josu Estarrona ha insistido en preguntarle si podía decir quién no tiene "tranquila" la conciencia: "Igual ustedes, los primeros". Y así, entre gestos de disgusto, arqueos de cejas y breves consultas a su abogado ha permanecido silencioso hasta que ha vuelto a expresarse para lamentar ante el senador de CC Pedro San Ginés que no puede salir a la calle y que además de haber sido "crucificado vivo" se siente "mediáticamente muerto".
Pero ha sido con la intervención final del portavoz del PP, Luis Santamaría, inmisericorde en sus preguntas y quien ha llegado a describirle como una persona "sin alma" por haberse aprovechado de la tragedia de la pandemia, deseándole que no saliera "jamás" de la cárcel, cuando García ha estallado y más se ha revuelto indignado, recio. Mirando fijamente al portavoz popular le ha dicho que él siempre hizo "lo correcto", y como el senador ha puesto trabas a que hablara el último, ha protestado mientras su abogado le pedía calma; tras lograr el aval del presidente Suárez ha explicado que había permanecido "quieto" pese a las "verdaderas salvajadas" escuchadas. "Me gustaría verles dentro de un tiempo cuando la justicia dictamine lo que tenga que dictaminar y veremos si son tan eufóricos, aunque tendrían que aprender mucho", han sido sus últimas palabras, dedicadas con toda la intención a los del PP. Después se ha ido, con su abogado y dos acompañantes más, igual que llegó, rodeado de periodistas, cámaras y micrófonos, hasta un taxi blanco que le esperaba bajo el sol en la Plaza de la Marina Española.
El PP ha puesto en cuestión en el Congreso la labor del Tribunal de Cuentas al vigilar los contratos de material anticovid firmados en la pandemia, llegando a afirmar que la institución se ha dedicado a "blanquear irregularidades groseras" e incluso a "dar la enhorabuena" a sus autores. Así lo ha señalado el portavoz del PP, José Vicente Marí, tras escuchar la intervención inicial de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, en la primera jornada de la comisión de investigación del Congreso sobre la contratación de emergencia durante la pandemia. Según ha remarcado Chicano, sus fiscalizaciones han sido "extensas, técnicamente fiables y rigurosas" realizadas por "cientos de servidores públicos, auditores, letrados y funcionarios de todo tipo". Mientras se realizaron fiscalizaciones, las Cortes renovaron el Tribunal en 2021, pero el nuevo pleno hizo suyo el trabajo de sus antecesores y los siete informes se aprobaron por unanimidad.
En el caso de la contratación de emergencia sus exámenes se ciñen a contratos de 2020, en pleno estado de alarma por la pandemia del coronavirus. En eso meses se firmaron 13.211 contratos de emergencia por un importe de 2.129 millones de euros y el Tribunal de Cuentas ha analizado 1.328 contratos que suponen el 83% del importe total de las adjudicaciones realizadas. Tras sus más de 2.600 páginas de análisis de la contratación de emergencia, el Tribunal de Cuentas concluyó que, al margen de "una serie de deficiencias e irregularidades que constan en los informes, con carácter general, la utilización de la tramitación de emergencia resultó ajustada a derecho y, también con carácter general, los precios respondieron al comportamiento normal del mercado en esas fechas". Eso sí, Chicano ha querido dejar claro que el Tribunal de Cuentas es parte del entramado constitucional, pero no es un órgano antifraude ni anticorrupción. Pero el portavoz del PP, José Vicente Marí considera que el Tribunal de Cuentas, "en lugar de poner luces rojas en las prácticas que pudieran suponer fraude o corrupción, se dedicó a poner luces verdes y a dar la enhorabuena y a blanquear las situaciones irregulares". Y se ha remitido al borrador de uno de los informes del Tribunal de Cuentas, que examinó contratos de Sanidad y de Transportes, subrayando que en uno de esos contratos, de 32 millones, se dice que el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, no podía aplicar la contratación de emergencia porque era relativo a la gripe estacional.
En su opinión, eso demuestra que ese contrato fue "inválido", y tiene su relevancia porque implica 32 de los 87 millones que firmó Sanidad. Para José Vicente Marí, ese borrador de informe pone de manifiesto "irregularidades groseras" por parte de la Administraciones y la voluntad del Tribunal de "blanquearlas" optando por una "redacción tendente a dulcificar" las cosas, sin abrir ningún expediente de responsabilidad contable. "Entenderá que los ciudadanos se pregunten ¿para qué sirve el Tribunal de Cuentas?", ha remachado. La presidenta ha replicado que aquel borrador que dirigió el consejero Javier Morillas se desechó en el trámite de alegaciones y se optó por otra redacción que al final fue aprobada por unanimidad por el Pleno del Tribunal, incluyendo el autor del proyecto. También ha negado que el borrador de informe se hubiera bloqueado, sino que se quita de agenda porque en esos momentos se estaba en plana campaña electoral y, conforme a su costumbre, el tribunal evita aprobar informes políticos en época electoral.
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