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El rechazo del Congreso a la propuesta de ley de amnistía en la votación del martes en el Congreso promueve que sigan activas las causas judiciales relacionadas con el 1-O aún pendientes de resolver.
Una de las más próximas marcadas en el calendario es el juicio fijado para a partir de abril a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga; el presidente de ERC en el Parlament y exsecretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, y el exsecretario de Hacienda y ahora presidente del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, por presunta desobediencia en los preparativos del 1-O. La cita se fijó en noviembre de 2023 con la ley en trámite y con expectativas para las defensas de que la norma podría estar lista antes del inicio del juicio, una posibilidad disipada por el 'no' de los diputados.
En esta causa que se juzgará en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la Fiscalía reclama un año de inhabilitación para Garriga, siete años de cárcel para Jové y seis años y tres meses para Salvadó. También podrán seguir su curso las causas relacionadas con el 1-O que están en fase de instrucción y pendientes de enviar a juicio.
A la mañana siguiente del 'no' en la votación sobre la amnistía, el diputado de ERC, Ruben Wagensberg, ha anunciado que, desde las pasadas fiestas, ha trasladado su residencia a Suiza tras ser vinculado al Tsunami Democràtic por el instructor de la causa.
El juez de la Audiencia Nacional que investiga esta causa, Manuel García Castellón, considera que los disturbios tras publicarse la sentencia del 1-O encajan en un presunto delito de terrorismo, uno de los delitos junto al de traición que quedaron excluidos del texto votado el martes en el Congreso y que motivaron el 'no' de Junts.
En la causa sobre Tsunami Democràtic están investigados, entre otros, la secretaria general de ERC, Marta Rovira (en Suiza), el expresidente del Govern, Carles Puigdemont, (también investigado en el Supremo) y el director de su oficina, Josep Lluís Alay, junto a otras personas que fueron antes investigadas en una pieza separada del caso 'Voloh'.
Los indultos en junio de 2021 a los condenados en el Supremo por el 1-O supusieron suprimir sus penas de prisión pero no sus inhabilitaciones para cargos públicos y también incluían un periodo de seguridad, de entre tres y seis años, en el que no pueden reincidir.
Las inhabilitaciones y este periodo de seguridad habrían quedado eliminadas con la amnistía para la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Josep Rull y Joaquim Forn, el entonces presidente de la Assamblea Nacional Catalana Jordi Sànchez, y el de Òmnium, Jordi Cuixart.
La situación tampoco cambia para los procesados que están en el extranjero, pues el 'no' a la amnistía mantiene vigentes las causas sobre los exconsellers Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí.
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