El líder del PSC, Salvador Illa, ha descartado que el PSOE acceda a las exigencias de Junts en la ley de amnistía sobre los delitos de terrorismo y traición asegurando que el partido ha dado este martes en el Congreso muestras de "responsabilidad" no poniendo en riesgo "una seguridad jurídica que es imprescindible" y que seguirá siendo "un criterio fundamental".

Así se ha expresado Illa este martes en una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press, al ser preguntado por la hoja de ruta del PSOE después de que la votación de la ley de amnistía haya naufragado en el Congreso por la votación negativa de Junts, además de PP y Vox.

Según ha apuntado el líder del PSC, la "seguridad jurídica es un requisito indispensable de una ley de estas características" y cree que sería "un error sacrificar la seguridad jurídica" en una ley tan "importante para Cataluña y para el conjunto de España".

Para Illa, la ley de amnistía es un "gesto enorme de generosidad" e "inteligente, de mirar hacia adelante", por lo que ha insistido en que Junts "le ha fallado una vez más a Cataluña" votando con "aquellos que quieren aplicar el 155 permanente".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado esta noche sobre la votación de la ley de amnistía que en cualquier democracia normal una derrota parlamentaria como la de hoy "hace dimitir a un gobierno".

La proposición de ley de amnistía impulsada por el PSOE ha sido rechazada este martes por el pleno del Congreso al no contar con los votos de Junts, con lo que se retrasa su tramitación: el texto vuelve a la Comisión de Justicia y se reabre la posibilidad de negociar cambios.

"En cualquier democracia normal, una derrota parlamentaria de este calibre hace dimitir a un gobierno. Sánchez ha sido humillado públicamente, pisoteado, con una ley de amnistía que vendían como impecable mientras todos sus socios insultan a los jueces. España y los españoles no se merecen esto", ha publicado Díaz Ayuso en la red social X.

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha calificado de "preocupante" para la gobernabilidad del Estado lo ocurrido este martes en el Congreso, donde no se ha logrado un pacto para la ratificación y envío al Senado de la Ley de Amnistía, por lo que la norma volverá a la comisión de Justicia.

En declaraciones ofrecidas en Bruselas, donde realiza un viaje oficial, Urkullu ha manifestado que le preocupa que no haya un entendimiento entre el Gobierno español y el PSOE, y los partidos catalanes. "Quiero pensar que en este caso, por lo que venían siendo las horas previas al debate y a la votación con Junts, y en este sentido es preocupante que una iniciativa tan controvertida como la Ley de Amnistía tenga todavía esta situación o sufra de esta situación", ha agregado.

Al mismo tiempo, ha dicho hacerse cargo de la "dificultad que tiene el Gobierno español para seguir manteniendo esta situación en la que necesita de todos los votos todo el tiempo y que, además, ha volcado también parte de lo que pueda ser su estabilidad institucional en lo que pueda ser el entendimiento con Cataluña". "Si esto hoy no se ha producido, es realmente preocupante", ha insistido.

En esta línea, ha precisado que "si no hay acuerdo, es preocupante no solo para el futuro de la Ley de Amnistía, sino también para la gobernabilidad del Estado". "Es un asunto entre el Gobierno y algunos partidos catalanes, los demás podemos ayudar, pero la responsabilidad les corresponde a ellos, a algunos partidos políticos catalanes y del partido que está al frente del Gobierno español", ha añadido.

Agentes de la Policía Nacional han vuelto a acordonar con vallas la sede del PSOE en Ferraz (Madrid) ante el aumento considerable de manifestantes, 350 personas --según datos de la Delegación del Gobierno-- que han protestado esta tarde contra la ley de amnistía, en una concentración que ha provocado además el corte del tráfico en esta céntrica calle.

Entre enseñas nacionales y con carteles exclamando 'No al golpe de Estado', algunos de los asistentes también se han encarado a los agentes aunque sin incidentes reseñables. También había banderas de Revuelta, la organización juvenil de la órbita de Vox, y de Democracia nacional, un partido político extraparlamentario. Se han escuchado además cánticos a favor de la unidad de España, contra el presidente Pedro Sánchez y el himno de la Falange de las JONS, el 'Cara al sol'.

Las protestas contra la sede del PSOE en Ferraz por sus pactos con los independentistas catalanes se iniciaron el pasado 3 de noviembre, en el marco de las negociaciones de los socialistas con Junts y ERC para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez.

Con el paso de los días, la concentración diaria se fue reduciendo al mínimo, pero este martes 30 de enero ha vuelto a reunir a un número amplio de manifestantes, coincidiendo con la votación de la ley de amnistía que ha sido votada en el Congreso y posteriormente tumbada por la falta de apoyo de Junts, además de PP y Vox.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido una manifestación convocada este martes frente a la sede del Parlamento Europeo por la entidad estudiantil S'ha acabat! en contra de la ley de amnistía que precisamente ha sido votada hoy en el Congreso de los Diputados y tumbada por falta de apoyo de Junts, además de PP y Vox.

La Policía Nacional ha acordonado la zona y ha avisado a los presentes --una cuarentena aproximadamente-- de que la manifestación había sido prohibida por la Delegación del Gobierno y que si no abandonaban el lugar estaban obligados a pedir la documentación, como finalmente han hecho con algunos manifestantes discrepantes con la decisión.

La manifestación fue anunciada por S'ha acabat! en redes sociales, en una convocatoria fijada para este martes a las 20.00 horas frente la sede del Parlamento Europeo en Madrid, ubicada en el Paseo de la Castellana, 46, y ha contado con el respaldo de asociaciones como NEOS, NNGG Madrid (juventudes del PP), Unión 78, juventudes de Ciudadanos, Pie en pared y Revuelta.

Asimismo, fue informada mediante una carta al Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, el pasado 26 de enero alegando como motivo de la misma la "concienciación sobre la amnistía" con una asistencia estimada de entre 200 y 300 personas.

Sin embargo, según ha publicado en redes sociales el movimiento universitario Libertad Sin Ira, la Delegación del Gobierno en Madrid acordó la no celebración de la concentración debido a que no se han cumplido "los plazos de comunicación establecidos en la L.O. 9/1983".

De igual forma, las asociaciones que han apoyado la manifestación ya advirtieron de que pese a la negativa de la Delegación acudirían a las 20.00 horas al lugar de la convocatoria, como ha hecho el líder de NNGG del PP, Ignacio Dancausa.

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts Carles Puigdemont ha pedido este martes una ley de amnistía más sólida y sin fisuras para frenar la "pulsión patriotera" de jueces y fiscales.

"Es lo que hemos intentado todas estas semanas, hasta el final; nadie podrá decir que no hemos tenido voluntad de llegar a un acuerdo. Pero no lo hemos conseguido", ha destacado en un mensaje publicado en 'X' y recogido por Europa Press, después de que Junts haya votado en contra de la propuesta de la tramitación de la ley de amnistía.

Según Puigdemont, ahora disponen de unos días para "rehacer el consenso inicial" para lograr una amnistía que incluya a todo el mundo, compromiso del que no se moverán, ha avisado.

El secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, ha valorado este martes que la votación de la Ley de Amnistía, que no ha sido aprobada en el Congreso, acerca la posibilidad de "descarrilar" la medida de gracia para los implicados en el 'procés', que ha tachado de "aberración".

Tras la votación, el también líder 'naranja' en Bruselas ha celebrado el resultado, que ha achacado a que "la presión funciona". "El PSOE sabe que tiene la lupa de Europa puesta sobre su infame ley y no ha podido seguir cediendo ante sus socios", ha señalado en un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).

Por ello, cree que "hoy se está un paso más cerca de descarrilar esta aberración", y ha advertido: "que nadie tenga ninguna duda, no vamos a parar hasta lograrlo".

El miedo de Junts a que los casos Tsunami y Volhov, que pueden afectar al expresidente catalán Carles Puigdemont, queden fuera de la amnistía han llevado al partido a votar en contra de la norma y enviarla de vuelta a la Comisión de Justicia para seguir debatiendo cambios.

La formación independentista catalana ha intentado hasta última hora que el PSOE votase a favor de incluir en la amnistía todos los delitos de terrorismo y también los de traición, contra la paz o independencia del Estado porque, ha dicho, "una amnistía selectiva y en diferido" no es lo que acordaron.

Desde el PSOE, sin embargo, han defendido la solidez de la norma tal y como está y han dejado claro que "no puede someterse a cambios con cada nueva noticia que se conoce", en referencia a las últimas resoluciones de los casos Tsunami y Volhov.

Aunque no los ha citado, seguramente esos procedimientos son los "agujeros" de la ley a los que se ha referido la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, en el debate de este martes en el Congreso, donde ha presionado sin éxito in "extremis" al PSOE para que ampliase el paraguas de amnistía.

Con este nuevo giro de guion en el "procés", la norma vuelve a la Comisión de Justicia durante un plazo máximo de un mes, en el que seguirán en el aire los casi un centenar de causas penales y un alto número de implicados aún por determinar que podrían verse beneficiados por un perdón que todavía seguirá negociándose.

Tsunami y Volhov: principales escollos de la amnistía

Son los dos casos judiciales que en los últimos días han sembrado dudas sobre si entrarían o no en la amnistía.

En Tsunami, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón indaga si los disturbios atribuidos a la plataforma Tsunami Democràtic en respuesta a la sentencia del "procés" en 2019 constituyeron delitos de terrorismo y si estos pueden imputarse a sus organizadores.

El juez, que ve indicios de terrorismo contra Puigdemont y Marta Rovira, trata de determinar si hay relación entre las protestas y la muerte por un paro cardíaco de un turista francés en el aeropuerto del Prat, y cree que no se puede descartar el "ánimo homicida" en las graves lesiones que sufrió un policía, incompatibles "con el derecho a la vida e integridad física", reconocido, entre otros, en "el artículo 2 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos".

Esta semana también se han conocido novedades en otro caso que podría afectar a Puigdemont: Volhov, que se investiga en el juzgado de instrucción 1 de Barcelona.

Su titular, Joaquín Aguirre, cree que hay indicios de que Rusia estaba dispuesta a apoyar "económica y militarmente" la independencia de Cataluña para "desestabilizar la Unión Europea" y que Puigdemont y miembros de su entorno mantuvieron "estrechas relaciones personales" con políticos de extrema derecha alemana e italiana y con Rusia.

El magistrado no ha concretado qué delitos se podrían investigar, de modo que se desconoce si estas conductas entrarían en aquellos que, por el momento, sigue excluyendo el texto de la norma, como los de traición o contra la paz o la independencia del Estado, y que Junts quiere incluir.

Las causas que quedan en el aire

A la espera de saber cómo quedará la ley, con este nuevo capítulo parlamentario deben aún esperar numerosas causas que se daba por hecho que serían beneficiadas, empezando por la principal, que ha investigado y juzgado -aunque solo para algunos- el Tribunal Supremo.

Puigdemont, fugado en 2017 junto a otros dos exconsellers -Lluís Puig y Toni Comín- están procesados por desobediencia y malversación y tienen una orden de detención nacional en vigor, que, según la proposición, debería decaer cuando sea aprobada definitivamente, aunque se recurra ante el Tribunal Constitucional o Europa.

Sí que lo fueron el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, que ha asistido hoy al debate parlamentario, y varios exconsejeros, que actualmente tienen indultada la pena de cárcel, aunque mantienen la de inhabilitación. El líder de ERC y la exconsellera Dolors Bassa, hasta 2031, y Raül Romeva y Jordi Turull, hasta 2030.

Los 12 CDR

Es el segundo procedimiento por terrorismo abierto en relación al "procés" y que los partidos catalanes daban por hecho que entraría en la amnistía tras los cambios logrados antes de llegar al pleno de hoy.

Doce personas están procesadas por delitos de terrorismo y se les acusa de pertenecer a una facción radicalizada de los Comités de Defensa de la República que planeó supuestamente acciones violentas en sedes oficiales de Cataluña en 2019 de cara al aniversario del 1-O.

Junto estos procesos otros muchos que se siguen en Cataluña o en el Tribunal de Cuentas, de la organización y la logística del 1 de octubre, a los gastos del "procés" o las cargas policiales durante la consulta ilegal organizada en 2017.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha lamentado que la proposición de ley de amnistía no haya sido aprobada por el Congreso y tenga que volver a la comisión para ser negociada ya que en su opinión era "buena", "robusta" y daba cobertura y garantía jurídica a los encausados por el procés.

En declaraciones a los medios tras asistir al pleno del Congreso que ha rechazado el texto final de la ley con los votos de Junts, el líder de ERC ha señalado que había un acuerdo para aprobarla y que "no es bueno" que esta ley no haya seguido adelante.

Sin hacer reproches públicos ante el voto en contra de los independentistas de Junts, que han rechazado la proposición de ley, Junqueras ha insistido en que era una ley "buena en el contexto en el que estamos" ya que superaba las cuestiones prejudiciales en Europa y los filtros que pudiera poner el Tribunal Constitucional.

"No es la ley que habría hecho ERC pero es una buena ley en el contexto en el que estamos...y servía para garantizar el fin de la injusticia para centenares de personas en Cataluña que son inocentes", ha dicho.

A partir de ahora la proposición de ley volverá a ser negociada en la Comisión de Justicia del Congreso y Junqueras ha incidido en que habrá que seguir trabajando para seguir con una ley "sólida y robusta" que "no tenga el peligro de caer ante el primer escollo".

"La prioridad es restaurar la Justicia y a los injustamente perseguidos", ha recalcado al tiempo que ha insistido en que la amnistía beneficia no solo a la mayoría de los independentistas sino a los demócratas.

"Todos los españoles de bien deberían aprobar este tipo de ley, porque todos los demócratas merecen ir a votar y a no ser golpeados por la policía al ir a votar", ha señalado.

En la misma línea, la vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha dicho que se tenía que haber aprobado una norma que asegura que en ERC han trabajado de forma "rigurosa" y "seria", y sobre Junts se ha limitado a decir que tendrá que explicar su posición.

"No se puede legislar bailando al son que nos marcan los jueces, ya hemos visto que son capaces de inventarse cualquier cosa", ha declarado.

Asimismo, ha asegurado que seguirán trabajando para que la ley de amnistía sea una realidad "lo más pronto posible para cerrar una etapa de represión política y abrir otra para abordar el conflicto político en Cataluña".

"Próxima estación: autodeterminación", ha comentado.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha mostrado su "rechazo más absoluto" a las críticas vertidas este martes contra jueces en el debate de la ley de amnistía, al tiempo que ha defendido la labor de la judicatura.

Tanto el juez Manuel García-Castellón, que ve terrorismo en las protestas de los CDR y Tsunami Democràtic, como el juez de Barcelona que aprecia indicios de "traición" en la conexión rusa del 'procés', han sido objeto de críticas por parte de oradores de Junts, ERC, Bildu y Sumar durante el debate, coincidiendo en tacharles de "prevaricadores".

En declaraciones a los medios de comunicación al término de la sesión plenaria, Bolaños ha querido mostrar su "rechazo más absoluto" respecto a las declaraciones contra la judicatura y magistrados en particular vertidas en el debate, sin precisar los nombres ni partidos de sus autores.

Según ha subrayado, "España es un Estado de Derecho, con jueces que ejercen su labor de manera profesional y con rigor". Concede que "se puede discrepar" de las decisiones judiciales, pero en cualquier caso recalca que "el propio Estado de Derecho da herramientas para poder impugnar esas decisiones".

Diputados del PSOE han criticado en redes sociales la decisión de Junts de dejar caer este martes en el Pleno del Congreso la Ley de Amnistía, que deberá volver a negociarse en la Comisión de Justicia, y han subrayado el hecho de que su voto en contra haya coincidido con el 'no' de PP y Vox.

"Junts, PP y VOX votan en contra de la Ley de Ammistía. A buen entendedor...", ha escrito el portavoz de Interior del Grupo Socialista, David Serrada, en un mensaje en la red social X, antes conocida como Twitter.

En la misma línea ha incidido el coordinador de los diputados y senadores del PSC y presidente de la Comisión Constitucional, José Zaragoza: "La ley de amnistía, rechazada por 179 votos de PP, VOX y Junts. Sin comentarios".

El nuevo portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha manifestado que queda tiempo para tratar de aprobar la ley de amnistía y que "todos" van a tener que moverse de cara a que la siguiente votación en el congreso prospere.

Así lo ha trasladado brevemente a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, después de que los diputados de Junts hayan optado por el 'no' en la votación de conjunto sobre la Ley de Amnistía.

"Queda tiempo y nos vamos a tener que mover todos. Nosotros siempre hemos pensado y votado lo mismo", ha desgranado Errejón a los medios de comunicación a la salida del pleno.

Los comunes afean a Junts "poner palos en las ruedas"

Por su parte, la líder de los 'comunes' en el Parlament catalán, Jéssica Albiach, ha defendido que la ley de amnistía debería haberse aprobado hoy, dado que es "sólida jurídicamente, y arremetía contra Junts.

"Poner palos en las ruedas, cuando tenemos una victoria a la vuelta de la esquina, sólo beneficia a los que quieren venganza y que Cataluña no avance", ha desgranado.

En las filas del grupo plurinacional no ocultaban su decepción con la votación de esta tarde. Algunos dirigentes admitían que el resultado de la votación era un golpe para el Ejecutivo, aunque subsanable, y compartían que todos van a tener que moverse cuando el texto regrese a la comisión, también en el caso de Junts. De hecho, hay voces que apuntan que culpaban a Junts del fiasco con la amnistía, al apreciar que han cundido los nervios ante las últimas decisines judiciales.

Esta mañana la portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, criticó que Junts fuerce las negociaciones sobre la ley de amnistía "hasta el último segundo" y amague con el "juego perverso" de desmarcarse del acuerdo sobre la normativa.

"Llevar las negociaciones hasta el último minuto, no en esta ocasión sino como forma habitual de proceder, yo creo que lo podemos definir como mala política", reprochó la dirigente de En Comú Podem

El Gobierno ha asegurado este martes, después de que Junts haya votado en contra de la ley de amnistía para que se siga negociando en el Congreso, que la legislatura no está en riesgo y que si es necesario se prorrogarán los presupuestos generales del Estado.

Fuentes del Ejecutivo han señalado que no van a cambiar su posición sobre la ley de amnistía y han confiado en que la formación que lidera Carles Puigdemont sí lo haga para poder sacar adelante la proposición de ley presentada el pasado noviembre por el PSOE.

Tras la decisión de Junts de paralizar la norma y votar en contra de la ley, y sobre cómo afecta a las relaciones de cara a otras negociaciones importantes como los presupuestos generales del Estado, las mismas fuentes han adelantado que, de no lograr los apoyos necesarios, se prorrogarán y han remarcado que la legislatura dura lo que decida el presidente del Gobierno. 

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha afirmado este martes que la votación de la Ley de amnistía pone de manifiesto que Junts "dirige la destrucción del Estado de Derecho" con sus reclamos para la amnistía a los implicados en el 'procés', mientras que el presidente, Pedro Sánchez, está "de rodillas".

Rodríguez de Millán también ha afirmado que PSOE y Junts están "en desacuerdo hasta para buscar una forma en la que humillarse" y ha añadido que "ni barcos ni honra", en alusión al tópico que expresa preferencia por el honor que por las ventajas materiales.

El diputado de Vox y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha utilizado la misma red social para arremeter contra el líder de ERC, Oriol Junqueras, presente en el Congreso para asistir al Pleno. Le ha llamado "golpista" y ha lamentado que "se pasee impunemente por el Congreso" cuando "debería estar pudiréndose en la cárcel hasta el fin de sus días". Asimismo, ha advertido a Sánchez de que "pagará por su traición a España".

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, considera "incomprensible" que Junts haya votado en contra de la ley de amnistía y además les ha pedido que reconsideren su posición y acepten la norma tal y como está.

Además, ha echado en cara a la formación independentista que votase 'no', igual que el PP y Vox, partidos que quieren "encarcelarles e ilegalizarles", según ha lanzado.

Bolaños ha insistido en defender la ley tal y como está porque a su juicio es "impecable" y además "consigue el objetivo pretendido". "Por tanto, yo lo que pido desde luego a Junts per Cataluña es que reconsidere su posición, que vote la ley de amnistía como está, constitucional, impecable, que es una garantía de solidez y de robustez jurídica para todos", ha reiterado.

De este modo ha pedido a Junts que "reconsidere su posición" en el nuevo trámite que se va a abrir a partir de ahora y que sean conscientes de que se trata de una ley "muy positiva" para la convivencia en Cataluña y de esta comunidad con el resto de España, según ha indicado.

Respecto al margen que queda ahora para negociar entre PSOE y Junts, dado que ninguna de la dos formaciones quiere moverse de su posición, Bolaños se ha limitado a decir que el texto de la ley de amnistía entró al Congreso siendo constitucional "y así va a seguir siendo".

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este martes que ver al ministro de Justicia, Félix Bolaños, "callar" mientras en el Pleno del Congreso sobre la Ley de Amnistía se "insulta a los jueces" por parte de los partidos independentistas, le "inhabilita" para seguir en el cargo.

"Creo que el señor Bolaños sale de este Pleno tremendamente tocado y que desde luego no ha dignificado el cargo que ocupa como ministro de Justicia", ha proclamado Tellado, poco después de que Junts haya votado en contra en la votación de conjunto de la ley de amnistía para que vuelva a la comisión de Justicia

Las palabras de Tellado contra el titular de Justicia se producen día antes de que se produzca la reunión que ha convocado en Bruselas el comisario de Justicia, Didier Reynders, y a la que asistirán el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, y el ministro Bolaños, para intentar desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los cambios en los equipos jurídicos del Congreso y del Senado siguen produciéndose después de que el interventor de las Cortes Generales, Luis de la Peña, haya presentado su renuncia por no compartir el modelo de administración parlamentaria del nuevo secretario general del Congreso, Fernando Galindo.

Al mismo tiempo, la nueva secretaria general del Senado, Sara Sieira, también se rodea de expertas constitucionalistas.

Cuando la tramitación de la ley de amnistía todavía no ha llegado al Senado y a la espera de que los letrados de la Cámara Alta se pronuncien sobre el fondo de la norma, la Mesa del Senado ha nombrado este martes a la que fuera letrada jefa de la asesoría jurídica del Congreso, Paloma Martínez Santa María, que ahora será mano derecha de la nueva letrada mayor.

Martínez Santa María será secretaria general adjunta para Asuntos Parlamentarios de la Secretaría General del Senado y tiene experiencia en representar y defender a las Cortes ante el Tribunal Constitucional, además de que su gestión frente a la asesoría jurídica en el Congreso le ha permitido controlar la legalidad de todo tipo de contratos.

Por otra parte, la Mesa de la Cámara Alta también ha nombrado a Isabel María Abellán Matesanz como secretaria general adjunta para Asuntos Administrativos.

Esta letrada, con experiencia también en asesoría jurídica en el Senado estuvo en el Congreso inicialmente adscrita a la Junta Electoral Central y después a la dirección de Asistencia técnico-parlamentaria.

La proposición de ley de amnistía que perseguía perdonar una década del 'procés' ha naufragado en el Congreso de los Diputados por las exigencias de Junts, que reclamaba el blindaje total frente a las acusaciones de terrorismo y el perdón de los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional. Su inclusión habría impedido seguir adelante al juez del 'caso Voloh', que insiste en la conexión del independentismo catalán con Rusia.

Junts ha votado en contra de la ley de amnistía en el pleno del Congreso de este martes, con lo que la proposición de ley de impulsada por el PSOE vuelve a la Comisión de Justicia con la posibilidad de negociar nuevos cambios.

La ley ha sido apoyada por 171 diputados, pero la formación liderada por Carles Puigdemont se ha unido al bloque del 'no', formado por el PP, Vox, CC y UPN y que ha sumado 179 votos. 

Los grupos parlamentarios dispondrán de un máximo de un mes para introducir nuevas modificaciones en la proposición, aunque este plazo podría acortarse a 15 días por el trámite de urgencia que se sigue en la Cámara Baja.

El PSOE cree que la Ley de Amnistía no se aprobará este martes en el Pleno del Congreso por falta de apoyo de Junts y espera reconducirla en los quince días de plazo que tiene ahora la Comisión de Justicia para elevar al hemiciclo un nuevo texto.

Tras el rechazo del Pleno del Congreso a las enmiendas que Junts aún mantenía vivas, los socialistas sospechan que la formación independentista cumplirá su amenaza y dejará caer la iniciativa legislativa en la votación de conjunto definitiva. La votación está prevista a partir de las 17.45 de este martes.

Junts viene avisando de que, si no introducen cambios en el articulado que 'blinden' la aplicación de la amnistía frente a lo que considera "jueces prevaricadores", sus diputados no apoyarán su aprobación en espera de seguir negociando en una fase extra de diálogo.

Y es que, conforme al artículo 131 del Reglamento del Congreso, cuando una ley de rango orgánica no supera el umbral mínimo de 176 votos requerido para su aprobación, el texto se remite a la comisión correspondiente para que, en el plazo de un mes, prepare un nuevo dictamen que deberá volver a someterse a debate y votación en el Pleno.

El PSOE, al igual que ERC, sostiene que la actual redacción aprobada en la Comisión de Justicia es suficientemnte "robusta" y cuenta con seguridad jurídica ante los previsibles recursos del PP y de Vox y las posibles dudas de aplicación que planteen los tribunales, según apuntan fuentes socialistas.

Por eso no han aceptado los cambios de última hora que pretendía Junts, y esperan que en el plazo de un mes se consiga llegar a un acuerdo que permite sacar adelante la ley en el Pleno del Congreso. El resultado de esta nueva negociación, con unas elecciones gallegas de por medio, no se presume de antemano.