La proposición de ley de la amnistía ha introducido los cambios "técnicos" y "no esenciales" propuestos por el PSOE, como que no se puedan amnistiar delitos contra la comunidad internacional, como el genocidio, mientras que las iniciativas de Junts y ERC quedan en el aire y se debatirán la próxima semana.

La ponencia de la Comisión de Justicia, que tramita la ley de amnistía, ha aprobado este jueves las ocho enmiendas registradas por el grupo socialista, Sumar, ERC, EH-Bildu y BNG que han sido apoyadas por todos los socios parlamentarios, incluido Junts.

Las enmiendas con más contenido político, de ERC y de Junts, que entre otra cosas piden que los delitos de terrorismo no queden excluidos, no han salido adelante y se mantiene vivas para su debate y votación en la Comisión de Justicia que se reunirá el día 23 de enero.

Además, Junts ha decidido retirar una de sus enmiendas porque coincidía con otra iniciativa del PSOE mientras que ERC ha apoyado también todas las propuestas de los socialistas excepto una en la que se ha abstenido.

La ponencia, en la que el PP ha recordado el informe de los letrados de la Comisión crítico con la constitucionalidad de la ley de amnistía, no ha sido bronca entre los socialistas y los independentistas, según han afirmado fuentes parlamentarias.

Por otra parte, la Comisión también ha decidido introducir en la ley solo las salvedades "técnicas" del nuevo documento de los letrados. 

Preguntado por las enmiendas de ERC y Junts, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, dijo este miércoles que "los delitos graves han de estar exceptuados de la amnistía" a los implicados en el proceso de independencia de Cataluña "como ya lo están en la proposición de ley" del PSOE.

El ministro ha asegurado que en la tramitación parlamentaria se va a seguir dialogando "pero siempre sobre esos principios de enmiendas técnicas que están pactadas" y que refuerzan una proposición, ha dicho, "impecable" y "absolutamente conforme con la Constitución".

Este martes se ha conocido además un nuevo informe de los letrados de la Comisión de Justicia que muestra dudas de que la proposición de ley tenga cabida en la Constitución y señala que debería ser articulada a través del procedimiento de reforma constitucional. 

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