Varapalos, uno tras otro, para los independentistas. Tanto para la ley de amnistía como para sus enmiendas. El nuevo informe de los letrados del Congreso coincide básicamente con la opinión que tiene el Tribunal Supremo. Las demandas de los independentistas catalanes pueden chocar directamente con los planteamientos de la justicia europea.

Es importante porque el derecho comunitario está incorporado a nuestra legislación. La normativa europea permite reducir sanciones de delitos relacionados con el terrorismo, pero nunca su exención completa. Y sobre los casos de corrupción Europa rechaza que pueda haber ámbitos de impunidad.

Los letrados de la Comisión de Justicia han ido más al detalle de la ley mientras que el informe con el que se inició la tramitación en el Congreso era más general y no veía una contradicción palmaria con la Constitución.

Con sus enmiendas, los independentistas pretenden que la amnistía también proteja a los acusados de terrorismo por la Audiencia Nacional en las causas contra los CDR y en la de Tsunami Democrátic, ésta con Marta Rovira y Carles Puigdemont al frente.

Precisamente el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boyé ha estallado hoy ante los medios al señalar que "hablar de Tsunami como terrorismo es una aberración jurídica y una judicialización política. Amnistía ya, no en 20 años", ha declarado.  No solo eso, ha manifestado que volverá a España en cuanto la ley de amnistía, que está en trámite en el Congreso, se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El letrado ha confirmado que ha sido uno de los redactores de las enmiendas de Junts presentadas ayer para incluir "seguridad jurídica" en la aplicación de una norma, pactada con el PSOE, que dejará sin efecto cualquier acto ilegal vinculado al 'procés' independentista desde 2012. Para Boye, "el Tsunami no es terrorismo, ni la causa contra los CDR es terrorismo", porque "el movimiento del 1 de octubre es pacífico y ajeno a cualquier actividad terrorista". En lo que sí ha admitido dudas legales es en el apartado de la propuesta que supondría devolver las multas económicas a los condenados.

En contra de esta opinión está la realidad. Que el terrorismo quede fuera de la amnistía es algo se pactó por escrito en el acuerdo con Junts y eliminarlo tendría difícil encaje en el ámbito europeo. El PSOE no lo acepta. 

Bolaños, el hombre fuerte del Gobierno es tajante y dice que lo que piensa este: "Creemos que los delitos graves deben estar exceptuados. Por tanto, respetemos todos los informes. Los trabajamos, los analizamos, los estudiamos y, por supuesto, las opiniones, también doctrinales, también jurídicas, son libres."

Tampoco otra enmienda, la pretensión de que la amnistía se aplique inmediatamente aunque los jueces realicen consultas prejudiciales a la justicia europea tiene el beneplácito del Gobierno. Lo dice Oscar Puente, convertido en ministro de Transporte pero también en portavoz. "El marco que nosotros estamos dispuestos a aceptar está en las enmiendas que hemos suscrito y esa es la posición del partido socialista".

Esto, a día de hoy. Pero las negociaciones siguen abiertas. El PP cree que el PSOE acabará cediendo sin límite. Feijóo da un paso más y considera que "probablemente desemboque en indultos a presos etarras por delitos de sangre. Esto que está ocurriendo es una enmienda a la totalidad a los 45 años de Constitución y a los 45 años de estado de derecho"". Palabras mayores.

Los socialistas sí han pactado con sus aliados enmiendas de carácter técnico.

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