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La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, mantiene su postura crítica con la gestión del Gobierno de la crisis migratoria de Canarias, insiste en el “caos” que genera la llegada masiva de migrantes a la región y asegura que hay dos denuncias que “está investigando” la Policía y un juzgado por supuestas agresiones a mujeres en Alcalá de Henares. La policía, no obstante, desmiente que la zona viva un repunte de agresiones por culpa de los inmigrantes. Ayuso, no obstante, ha rebajado la rotundidad de sus afirmaciones de ayer y este jueves ha matizado que deberá ser un juez quien determine si los presuntos agresores a los que se ha denunciado son vecinos de Alcalá o personas "de fuera".
El delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha dejado claro que "no hay ningún indicio que vincule a los migrantes con esas agresiones sexuales, por lo tanto la señora Ayuso está mintiendo. Le pedimos, le exigimos que rectifique", señalaba.
Ambas administraciones se desmienten mutuamente y se acusan directamente de mentir.
Martín asegura que Díaz Ayuso “está mintiendo” cuando vincula a estos migrantes con denuncias de agresión sexual y la presidenta apunta que Martín “mintió ayer” porque esas dos denuncias sobre supuestas agresiones a mujeres en Alcalá las “está investigando” la Policía y un juzgado.
Pero Ayuso ha seguido recriminando la actuación del delegado del Gobierno de Madrid que la llamó xenófoba. "El delegado del Gobierno mintió ayer. Si los agresores son vecinos de Alcalá, si son de fuera, eso lo tiene que determinar un juez pero por los testimonios de las mujeres agredidas que parece que ahora no importan, el hermana yo si te creo aquí no consta. Hay que investigarlo sin más y es algo que no me corresponde a mí", se ha defendido.
Desde hace semanas el Ejecutivo regional ha manifestado la falta de información con la que cuentan las diferentes áreas del Gobierno de Díaz Ayuso para hacer frente a las necesidades de estos migrantes y reiteran la necesidad de conocer los datos que tiene el Gobierno central, sobre todo de los menores que están llegando a la Comunidad. Martín ha asegurado recientemente que el Ejecutivo de Díaz Ayuso cuenta desde el lunes con toda la información actualizada sobre estos migrantes.
Por su parte, el Delegado del Gobierno mantiene que la Policía Nacional le ha confirmado su postura y pide a Díaz Ayuso de ir por el camino del “racismo” al “vincular las agresiones sexuales y la inseguridad a la migración”.
La oposición se ha sumado a las críticas a Ayuso, a la que acusan de xenofobia. La líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, afirma que "Ayuso agita la xenofobia y el racismo, exactamente igual que Junts", y sostiene que sus palabras son una "cortina de humo para que no hablemos de su nula gestión y los recortes de derechos" pero para ello "pone la diana a personas en situación de máxima vulnerabilidad".
Por su parte, el líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, ha acusado a Ayuso de "incitar a la xenofobia" con sus declaraciones y ha comentado que Ayuso anteriormente "había parado los pies a Vox" con el discurso de la inmigración, pero ahora la presidenta regional "ha entrado de lleno en el debate en una posición de incitación a la xenofobia".
Hasta el centro de Alcalá ha ido hoy la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, que ha reclamado al Gobierno la repatriación de todos extranjeros ilegales en suelo español.
Según Monasterio, los vecinos de ese barrio viven una "tremenda situación" pues "hay madres que nos dicen que han cambiado las rutas de sus hijas de 17 años y que no dejan salir de sus casas a sus hijos adolescentes. ¿Por qué tienen que perder su libertad cuando los inmigrantes ilegales tiene toda la libertad para vagar por las calles?", ha comentado.
Mientras tanto, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha denunciado "el maltrato" al que están sometidos, según la organización, los migrantes procedentes de Canarias alojados en Alcalá de Henares, a quienes "marcan con boli para identificarlos" y sufren "duros controles" para poder salir del centro habilitado por el Gobierno.
En una carta, que ha avanzado el Gobierno regional, el secretario general de la organización, Rafael Escudero, ha trasladado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, su "enorme preocupación" por la situación en este centro, gestionado por la ONG Accem, y que, asegura, han denunciado en tres ocasiones ante el Defensor del Pueblo.
La Red adjunta una fotografía en la que se ven marcas de boli en los brazos de los usuarios brazos para identificarlos, y asegura que se les somete "a un duro control (en tres fases) para poder salir, se les limita el acceso a la calle y se cuenta con una alimentación y procesos de integración absolutamente deficiente".
También aseguran que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones "ha dado orden de proceder a vaciar de forma progresiva este centro, es decir, que van a empezar a evacuar sin solución habitacional a más de 300 usuarios".
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