El Ministerio de Sanidad impone hoy miércoles la obligatoriedad de las mascarillas en hospitales y centros sanitarios, pese a la oposición de la mayoría de las comunidades, que apuran el plazo para pronunciarse sobre el asunto y proponer otras medidas, como las autobajas justificadas. La medida impuesta por el Gobierno central tiene el objetivo de reducir la presión sobre la Atención Primaria ante el repunte de las infecciones respiratorias.

El Ministerio de Sanidad dio 48 horas a las autonomías para presentar alegaciones ante su propuesta. El plazo expira hoy después de que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no llegara a un acuerdo el lunes.

Hasta el lunes, sólo seis comunidades habían decidido imponer el uso de mascarillas en centros de salud y hospitales: Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón, a las cuales se sumaron Asturias y Canarias tras la reunión del Interterritorial.

Navarra, sin embargo, aboga por recomendar el uso de la mascarilla en centros sanitarios, sociosanitarios y para los pacientes con síntomas, en especial en lugares cerrados. De aplicarse finalmente esta medida, el Ministerio realizará un análisis jurídico de la decisión y, "si no hay alternativa", la acatará.

Por su parte, la consejera de Salud de Euskadi, Gotzone Sagardui, aseguró que este miércoles se hará una propuesta al Ministerio de Sanidad para sustituir la obligatoriedad del uso por una "recomendación", ya que el Ministerio entiende que la obligatoriedad del uso de la mascarilla en toda España carece de justificación epidemiológica y crearía "dificultades jurídicas". Sagardui, de hecho, ha aclarado que el departamento jurídico del Ministerio está revisando la legalidad de las intenciones del Gobierno, cuestionando la forma y el contenido de la decisión: "Las cosas no se hacen así", ha advertido.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, ha señalado que el Ministerio de Sanidad español puede ordenar a las comunidades autónomas el uso de mascarillas en ambulatorios y hospitales. Según explicó, existe una disposición legal en el sistema de comunidades autónomas de "coordinación imperativa" que regula la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública.

Y es que al Gobierno español no le temblará el pulso a la hora de usarla, en virtud del artículo 65 de ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que "obliga a todas las partes" incluidas en ella. En todo caso, dice Subijana, para ello deben acatarse los términos del precepto legal.

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