El Gobierno afronta el primer gran examen de la legislatura al tener que superar las convalidaciones de tres decretos ley. El Ejecutivo no cuenta con el apoyo de sus socios de investidura y trata de negociar contra reloj para aprobarlos, pero Junts está anclado en el 'no' y así lo ha vuelto a reafirmar en el Pleno, celebrado de manera extraordinaria en el Senado por las obras en el Congreso.

El Gobierno de coalición, PSOE-Sumar, negociaba 'in extremis' el apoyo de los independentistas catalanes de Junts, que se han vuelto a erigir fundamentales para el propósito de sacar adelante los primeros decretos del Ejecutivo, que contemplan desde bajadas del IVA, bonificaciones al transporte y subida de las pensiones hasta la modernización de la Justicia y el alza del subsidio por desempleo.

Tres decretos ley que no han sido negociados con los de Carles Puigdemont y que otros socios de investidura urgen mejorar a través de su tramitación como proyectos de ley, al tiempo que los independentistas catalanes también ven peligrar la aplicación de la ley de amnistía en la norma vinculada a la Justicia, ya que podría permitir dejar en suspenso una causa judicial cuando se presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Lo cierto es que está en juego la llegada de fondos europeos, la prórroga de medidas de ayuda para contener la subida de la inflación, la subida del 3,8 por ciento de las pensiones contributivas o la extensión de la prohibición de desahucios para hogares vulnerables y el aumento del umbral de renta para acceder a las medidas de alivio hipotecario.

Con las miradas puestas en Junts, --que ha pedido facilitar la vuelta de empresas a Cataluña e incluso sanciones para las que no quieran regresar, una cuestión sobre la que no se han pronunciado con claridad los socialistas que, por otra parte, sí están dispuestos a que pueda haber bonificaciones fiscales--, los de Carles Puigdemont no han dejado lugar a la sorpresa en el Pleno de hoy y han reiterado su postura.

Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, se ha reafirmado este miércoles ante el Pleno en su voto en contra a los tres decretos y ha sugerido la conveniencia de retirarlos y empezar de nuevo.

Durante su intervención en el debate del decreto relativo a las ayudas para paliar las consecuencias de la crisis económica, ha recriminado al Ejecutivo de Pedro Sánchez el modo en el que ha gestionado la tramitación de los mismos, reprochando que no haya negociado con su partido estas medidas antes de aprobarlas en el Consejo de Ministros y que haya sido necesario llegar a una "situación límite" para que haya entendido que cuando Junts avisó al PSOE de que no les darían sus votos "a cambio de nada" querían decir exactamente eso.

"Hagan el decreto de medidas sociales sin trampas y así tendrán el voto de Junts", ha subrayado Nogueras, quien, no obstante, ha señalado que van a seguir negociando con el Ejecutivo porque, a su juicio, "aún hay tiempo" de que "rectifique".

De momento, si se llega a un acuerdo con Junts los decretos podrían ser convalidados con la condición de ser tramitados a través de enmiendas, ya que otros socios de investidura como EH Bildu, ERC y BNG pedirán que así sea pese a que avanzan que no obstaculizarán las votaciones.

No obstante, aunque los tres decretos están en riesgo, el del aumento del subsidio por desempleo a mayores de 55 años es el que tiene más riesgo de decaer, ya que aunque fructifique un pacto con Junts dependería de los votos de Podemos.

Así, son momentos de máxima tensión en una sesión plenaria que se prevé maratoniana, con traducciones por el uso de las lenguas cooficiales y con votaciones telemáticas y por llamamiento en su último punto del día: el debate de totalidad a la ley de amnistía.

Podemos ha decidido finalmente apoyar el decreto de las ayudas anticrisis después de alcanzar un acuerdo con el Gobierno para suspender hasta 2028 de los desahucios hipotecarios a familias vulnerables, sin embargo, la formación morada va a votar en contra del decreto que recoge la reforma del subsidio por desempleo.

Así lo ha anunciado en los pasillos del Senado la líder de Podemos, Ione Belarra. En concreto, la suspensión de los desahucios de vivienda habitual para familias vulnerables acordada con el Ejecutivo de coalición se articulará a través de una modificación de la de la ley para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Belarra ha detallado que el Gobierno se ha comprometido a tramitar el decreto como proyecto de ley, de manera que los grupos podrán plantear enmiendas. Según Podemos, el compromiso es que ese proyecto de ley se tramitará en un plazo máximo de seis meses.

Los morados también habían planteado al Gobierno la necesidad de limitar al 2% el incremento anual de los alquileres, tanto para los contratos en vigor como para los nuevos, y de topar el margen comercial de los grandes supermercados para controlar el precio de los alimentos. El partido mantiene estas demandas y seguirá planteándolas durante el trámite parlamentario del decreto.

Sin embargo, no ha sido posible un pacto relativo al decreto sobre la reforma del subsidio de desempleo puesto que el Ejecutivo no ha accedido a "retirar el recorte en las pensiones de las personas que cobran subsidio de 52 años".

"No tenemos un compromiso por escrito de que se fuera a retirar el decreto y de que volviera sin ese recorte, por lo que no podemos votar a favor de ese decreto como era nuestra voluntad", ha indicado Belarra, dejando claro que lo rechazarán.

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