El nuevo paquete que ha aprobado hoy el último Consejo de Ministros es el octavo impulsado por el Ejecutivo para seguir respondiendo al impacto de la guerra en Ucrania y el incremento de precios, una movilización de recursos que, hasta ahora, asciende a unos 47.000 millones de euros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en rueda de prensa tras el último Consejo de Ministros de este año para explicar este decreto anticrisis, un texto que supone rebajas en impuestos y beneficios fiscales por más de 2.500 millones de euros durante el año 2024.

Pese a este despliegue de recursos, Sánchez ha asegurado que el nuevo paquete de medidas "se contextualiza en el compromiso del Ejecutivo con la consolidación fiscal". "El Gobierno de España mantiene su compromiso de lograr un déficit público del 3% del PIB durante el año 2024 tenemos también marcada una reducción de la deuda pública al 106%", ha subrayado el jefe del Ejecutivo.

Según el Gobierno, la evolución de la economía y de los precios ha experimentado mejoras precisamente en ese último año, a lo que han contribuido los reales decretos ley aprobados por el Gobierno, que han supuesto un ahorro de más de 25.000 millones de euros tanto para la ciudadanía como para las empresas. No obstante, el Ejecutivo ha decidido impulsar un nuevo paquete de medidas con la prórrogas de algunas que entraron en vigor en 2022 o empezaron su andadura en 2023.

Dentro de este acuerdo, que ha coincidido con el balance del 2023 de Pedro Sánchez, los partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, han acordado la prórroga de las bonificaciones al transporte público a toda la población y no solo para menores de edad, jóvenes y desempleados, según ha confirmado Pedro Sánchez, que ha empezado hablando de la revalorización de las pensiones conforme al IPC del 3,8%.

El presidente ha anunciado también que "vamos a mantener seis meses las medidas de protección a las familias vulnerables, las tarifas reguladas del gas y la bombona". Y ha sacado pecho de la situación económica de España que "va a crecer el 2%", no sin destacar "la positiva evolución de los precios de la energía".

En el nuevo paquete de medidas para combatir los efectos de la inflación, la crisis energética y la guerra de Ucrania se extenderá la ayuda al transporte a todos los colectivos, en lugar de solo dirigirse a menores de edad, jóvenes y desempleados como se pretendía en un principio.

El Gobierno ha vuelto a prorrogar para todo el año 2024 la gratuidad de los trenes de Cercanías y Media Distancia para usuarios habituales, así como los descuentos del 50% en el transporte de competencia autonómica. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros que estas medidas seguirán aplicándose como se ha hecho hasta ahora.

Esto supone que las comunidades autónomas estarán obligadas a aportar un 20% del descuento del 50% para que el Estado pueda transferir los fondos para subvencionar la rebaja del 30%, todo ello destinado a abonos y títulos multiviaje. Junto con la gratuidad de los trenes de Media Distancia y de Cercanías, también seguirá habiendo billetes gratuitos para los viajeros de autobuses cuya competencia recae en el Estado, igualmente para viajeros habituales.

Cabe recordar que el Ejecutivo incluyó una dotación de 1.440 millones de euros en su plan presupuestario de 2024 para la subvención del transporte público, incluida la gratuidad de trenes y autobuses y las ayudas a las comunidades autónomas para los descuentos en el transporte de competencia autonómica.

También se mantendrá la supresión del IVA en los alimentos de primera necesidad, que se aplica entre ellos al pan, la harina, la leche, el queso o los huevos. Esta eliminación del IVA estará vigente, al menos, durante seis meses más, hasta junio e incluirá un IVA al 5% para las pastas y aceites.

El presidente del Gobierno sí que subirá los precios de la luz y el gas de forma paulatina. "Hemos decidido retirar las bajadas de impuestos de electricidad y gas, de manera gradual en los próximos seis meses". En los próximos seis meses, se irá retirando gradualmente la bajada de los impuestos del gas y la electricidad, en concreto, del IVA de la electricidad, del impuesto sobre la producción eléctrica y la eliminación del impuesto especial eléctrico. Hacienda decidió rebajarlo del 21% habitual al 10% desde julio 2021 y en septiembre del mismo año lo dejó en el 5%.

El Gobierno ha acordado que a partir del 1 de enero, el IVA de la electricidad pasará del 5% al tipo reducido del 10%, en el que permanecerá durante todo 2024. En el caso del IVA del gas, pasará del 5 actual al 10% entre enero y marzo y a partir de abril regresará al tipo del 21% que tenía antes de la crisis energética.

Este tipo de IVA se aplicará además a pellets, briquetas y leña, sustitutivos ecológicos del gas natural procedentes de biomasa y destinados a sistemas de calefacción. El periodo comprendido para aplicar dicha rebaja abarcará el 1 de enero de 2024 y el 30 de junio de ese mismo año.

Por su parte, el Impuesto Especial sobre la Electricidad mantendrá asimismo una reducción en su tipo impositivo en el primer semestre de 2024. Durante el primer trimestre de ese año, el tipo del IEE quedará fijado en el 2,5%, mientras que en el segundo trimestre, este pasará al 3,8%. Este impuesto alcanzaba el 5,113% antes de que el Gobierno empezara a impulsar medidas.

En cuanto al Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía, el Gobierno ha decidido que tendrá un tipo del 3,5% hasta marzo, pasando a tener un 5,25% hasta junio.

Asimismo, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2024 todas las medidas destinadas a las reformas que ayuden a realizar un consumo más sostenible de energía, ya sea en casas particulares o en bloques de vecinos.

Estas ayudas, vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), permitirán deducirse un 20%, 40% o 60% de IRPF a quienes impulsen estas actuaciones sobre sus propiedades.

Junto a lo anterior, hay que destacar la prórroga en la libertad de amortización para aquellas inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables.

El escudo social incluirá también la prórroga de la prohibición de los desahucios a personas vulnerables. La decisión no viene del entendimiento entre PSOE y Sumar, sino de un acuerdo alcanzado el martes entre el Gobierno y EH Bildu. Por el momento, la suspensión de los desahucios se extenderá hasta 2025. 

El pacto también incluye la prohibición de los cortes de suministros básicos (luz, agua y gas) y la ampliación de la tarifa regulada TUR4 para calderas comunitarias. 

Se extiende también el aumento de los descuentos del bono social eléctrico. Concretamente, el bono social se extendió a aquellos consumidores titulares cuya renta conjunta anual de la unidad de convivencia fuera igual o inferior a 2 veces el IPREM de 14 pagas (16.800 euros) y superior a 1,5 veces el IPREM de 14 pagas (12.600 euros). se llevarán a cabo descuentos del bono social eléctrico del 65% para los consumidores vulnerables, del 80% para los consumidores vulnerables severos y del 40% para los hogares trabajadores con bajos ingresos. Además, seguirá estando prohibido el corte de suministros esenciales. Todas estas medidas se mantendrán hasta el 30 de junio de 2024.

PSOE y Sumar también han acordado prorrogar la "prohibición de despedir" hasta el 30 de junio de 2024. Se trata, en realidad, de una medida que ya está en marcha y que impide a las empresas que hayan recibido ayudas públicas despedir a los trabajadores argumentando como causa objetiva el incremento de los costes energéticos. Tampoco podrán despedir a trabajadores mediante despidos objetivos cuando hayan llevado a cabo un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y se hayan beneficiado de bonificaciones en las cotizaciones sociales en los doce meses previos.

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 4% tendrá que esperar. El Ministerio de Trabajo ha propuesto una subida del 4%, hasta los 1.123 euros en 14 pagas. Pero CCOO y UGT exigen, al menos, un 5%. Por el momento se va a prorrogar el vigente (1.080 euros en 14 pagas) hasta que no se apruebe el real decreto por el que se fije el nuevo para 2024.

El presidente del Gobierno ha anunciado que la gran banca y las energéticas mantienen sus gravámenes. Hay un compromiso de revisión en 2024 de la figura tributaria para que tenga un carácter permanente. En el caso del gravamen energético, Sánchez ha explicado que se van a introducir modificaciones en la ley general de presupuestos para que se puedan deducir desde el 1 de enero las inversiones estratégicas vinculadas con proyectos industriales y con la descarbonización del sistema productivo en el país. Una medida que no ha gustado a Yolanda Díaz.

Además, Sánchez ha señalado el compromiso de la revisión en el año 2024 de esta figura tributaria "que pasará ya a contar con un carácter permanente". "El impuesto fue diseñado con una pervivencia de dos años, vencería el 31 de diciembre de este año y por tanto lo que hemos hecho ha sido garantizar su pervivencia a partir del año 2024, una vez ya revisada", ha explicado el jefe del Ejecutivo.

El impuesto temporal a la banca grava al 4,8% los intereses y comisiones de todas las entidades que facturasen más de 800 millones en 2019 y el tributo afectará a la actividad que las entidades desarrollen en España.

Por su parte, el tributo energético grava el 1,2% sobre el importe de la cifra de negocio de las compañías del ramo energético que facturasen más de 1.000 millones en 2019. Se excluye de la facturación objeto del gravamen los ingresos derivados de las actividades reguladas. De este modo, el impuesto no afecta a aquellos ingresos donde el suministro sea a precio regulado, como es el caso del PVPC de electricidad, la tarifa de último recurso (TUR) de gas, el GLP envasado y el GLP por canalización.

El Gobierno ha alcanzado varios acuerdos con el Grupo Vasco hoy, sobre cuestiones como el contrato relevo o los impuestos a bancos y energéticas. El contrato relevo para el sector de la industria se prorrogará en 2024 para facilitar el rejuvenecimiento de las plantillas y la formación de las personas jóvenes, mientras que los gravámenes a banca y energéticas se integrarán en el sistema tributario y serán concertados o convenidos, según corresponda, previa modificación del Concierto y Convenio en vigor, respectivamente, en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral de Nafarroa. Asimismo, se ha acordado crear un incentivo para el sector energético por las inversiones estratégicas que se realicen ante la posibilidad de una "ralentización" del gasto en transición ecológica.

El Ejecutivo permitirá a los autónomos que apliquen el método de estimación objetiva para el cálculo del rendimiento neto de su actividad económica.

La excepción son las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que ya dispone de un límite cuantitativo por volumen de ingresos específico.

El Gobierno eliminará las comisiones bancarias por la retirada de efectivo en ventanilla para mayores de 65 años y personas con discapacidad, como ha señalado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Esta medida fue anunciada por la todavía vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Comercio y Apoyo a la Empresa, Nadia Calviño, tras una reunión con las patronales bancarias AEB, CECA y Unacc el pasado 19 de diciembre.

La medida se adoptará por ley antes de que termine el año, como avanzó Calviño. En concreto, se llevará a cabo a través de la modificación del artículo 35 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. "Esta es una medida inequívoca de justicia social", ha asegurado este miércoles Sánchez.

El Gobierno ha aprobado este miércoles en Consejo de Ministros la cesión de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a las comunidades autónomas con régimen común que lo soliciten para equipararlas a las comunidades autónomas de régimen foral que ya lo tenían cedido, como son País Vasco y Navarra.

Esta prestación se puso en marcha el 1 de junio de 2020, en el primer año de la pandemia de la Covid-19, y entonces, el Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones, que dirigía José Luis Escrivá y que ahora encabeza Elma Saiz, preveía que esta prestación llegara a 850.000 hogares.

Si bien, por el momento, a finales de noviembre, el IMV había llegado a 710.341 hogares (en los que viven 2.079.233 personas), es decir, 139.659 hogares menos que los previstos inicialmente. El Gobierno estima que a finales de 2023 se alcance una cifra de 2.150.000 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, incluyendo País Vasco y Navarra, según señala el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a una pregunta por escrito del grupo parlamentario Vox, a la que ha tenido acceso Europa Press.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha extendido otro seis meses, hasta junio de 2024, la medida por la que se eliminan las comisiones o compensaciones bancarias por la amortización anticipada de los créditos a tipo variable, una medida contenida en el Código de Buenas Prácticas hipotecario.

Es una de las medidas que Sánchez ha anunciado en el último Consejo de Ministros del año y que ya fue adelantada la semana pasada por la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, tars su reunión con el sector bancario. En la misma, Calviño anunció el incremento del umbral de renta para acogerse a las medidas del Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios hasta los 38.000 euros anuales, desde los 29.500 euros. Este aumento del umbral ampliará la cobertura del código a 100.000 hogares adicionales a los que ya estaban cubiertos hasta ahora, según las previsiones que maneja el Gobierno.

Hasta el mes de septiembre, según datos del Banco de España, las solicitudes recibidas por parte de las entidades financieras son unas 55.000. A este número también habría que sumar las medidas de alivio alternativas que ofrecen los propios bancos y de los que no se han dado datos.

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