Los magnicidios están abonados a las teorías conspirativas. Aunque el autor o autores materiales hayan sido juzgados y condenados, se haya abierto una comisión de investigación -caso del atentado contra el 35º presidente de EE.UU., J.F. Kennedy-, escrito centenares de libros o escuchado horas y horas de declaraciones, siempre hay una vuelta de tuerca. Si, como en este asunto -el asesinato del presidente del Gobierno español entre junio y diciembre de 1973, Luis Carrero Blanco-, quedan por desclasificar documentos, hay una cierta nebulosa sobre las motivaciones y los beneficiados -muchos o todos- con la muerte del almirante y una cierta desidia histórica en clarificar los últimos años del franquismo, el terreno está abonado a la ficción y la revisión del caso.

La primera acción de ETA fuera del País Vasco, la operación Ogro, cumple este 20 de diciembre 50 años. Coincidiendo con la efeméride, nuevas publicaciones abordan el hito que, según los libros de Historia, “marcó el final del franquismo”: el asesinato de Luis Carrero Blanco, el hombre que estaba llamado a perpetuar el Movimiento.

La Justicia cumplió con su “obligación de reparación” a los familiares del almirante Carrero (Santoña, 1904-Madrid, 1973), se procesó a 26 personas, 20 de ellas en rebeldía. El 21 de enero de 1978 se les amnistiaría a todos ellos.  

La verdad judicial recoge que el comando Txikia de ETA fue el autor material de la construcción y colocación de tres cargas explosivas de 25 kilos cada una de Goma 2 en el túnel que previamente habían excavado frente al número 104 de la madrileña calle Claudio Coello. José Miguel Beñarán, Argala, detonó el explosivo al paso del coche de Carrero a las 9:36 horas del 20 de diciembre de 1973. Carrero, que entonces tenía 70 años; su chófer, José Luis Pérez, y su escolta Juan Antonio Bueno “volaron” en el Dodge 3700 en el que viajaban 20 metros. La berlina aterrizó en la azotea del convento de los jesuitas de la calle Serrano. Carrero llegó a recibir la extremaunción dentro del mismo coche, los otros dos murieron en el acto. El régimen franquista ya nunca pudo ser igual.

“A Carrero se le ha querido olvidar después del atentado; el primero, el propio Franco, y luego todos los demás. No se ha hecho nada por saber de verdad quién -la sombra- dio el dato a los terroristas de que el presidente iba diariamente a misa de 9, siempre hacía el mismo trayecto y apenas tenía escolta, quién les puso en la pista de que el heredero del régimen franquista fiaba su seguridad a la mano de Dios”, sentencia el veterano periodista Manuel Cerdán (Aspe, Alicante), que presenta “Carrero: 50 años de un magnicidio maldito” (Plaza&Janés). En su segundo libro sobre el mismo personaje, este reportero de investigación aporta en 582 páginas documentos y entrevistas -incluida una con Iñaki Pérez Beotegui Wilson, miembro del comando Txikia-, de una vuelta de tuerca sobre unos hechos y plantea algunas preguntas.

Si de algo parece que estaba avisada la entonces temida policía franquista, la Brigada Político Social, la Guardia Civil y el incipiente servicio secreto era que “la ETA” pretendía hacerse notar fuera del País Vasco, en Madrid. “¿Avisos? Los tenían todos, el propio general Iniesta Cano estaba informado de que había un grupo de jóvenes en la calle Mirlo que era muy sospechoso y no hace nada. Todos los etarras estaban además fichados, es decir tenían antecedentes policiales”, apunta Cerdán. Los topos -agentes de seguridad infiltrados en el entorno de la banda terrorista- también alertaron de lo mismo y además unos días antes se produce la detención de un etarra que admite en los interrogatorios que ha estado en Madrid para llevar dinero al comando.

¿Por qué el entonces ministro del Interior, Arias Navarro, que fue nombrado presidente tras la muerte de Carrero, no ordenó un refuerzo de la seguridad de todas las altas personalidades del régimen? ¿por qué no se interrogó a aquellos jóvenes del barrio de Campamento a los que los vecinos conocían como los vascos o los de la ETA?

El plan inicial de la banda terrorista era secuestrar a Carrero. La dirección de ETA planificó la operación Ogro primero como un rapto con la intención de conseguir de las autoridades franquistas la libertad de los compañeros encarcelados. Las dudas de la cúpula y los problemas con la logística les hicieron meses después modificar el proyecto.

En el Madrid donde la Policía no contaba con sofisticados medios técnicos pero sí con la posibilidad de detenciones aleatorias sin mediar razón o sospecha, la misma que  no tenía empacho de usar la tortura y la mano dura en los interrogatorios, no se enteró de que en el verano de 1973, en plena capital, se reunieron Pertur (Eduardo Moreno Bergaretxe), Peixoto (José Manuel Pagoaga Gallastegui), Ezkerra (José Ignacio Múgica Arregui) y otros 15 dirigentes etarras para celebrar un comité ejecutivo en un piso en Getafe y discutir su plan inicial, el secuestro. Los terroristas se pasearon y durmieron en algunas pensiones del centro de Madrid con documentación falsa. Toda la cúpula, en la capital de España semanas después de que la policía hubiera extremado sus protocolos de vigilancia tras el asesinato de un policía armada por un miembro del FRAP. Nada. No tuvieron ni una sola incomodidad,

“Es impensable que durante un año se movieran por Madrid entre 20 y 30 etarras, contraten pisos y coches con documentación falsa, asalten una armería, una oficina del DNI, le roben el cetme (fusil) a un centinela de la Capitanía General, salgan de copas por Madrid, estén todos fichados por la Policía, y no se detuviera a nadie… con la cantidad de errores que cometieron, si hasta se olvidaron de un arma en una bolsa en una cafetería”, puntualiza el autor de "Carrero: 50 años de un magnicidio maldito".

¿Por qué no se investigó la desidia policial que impidió detectar a un comando permanente en Madrid que tuvo tiempo de hacer incluso prácticas de tiro? ¿Por qué tuvieron tantas facilidades para preparar el atentado? ¿fue solo suerte que no les detuvieran?

La operación Ogro se prestó a muchas interpretaciones desde el principio. 50 años después, la obra recientemente publicada se divide entre quienes argumentan que los hechos refutan cualquier teoría conspirativa –caso del catedrático de Historia Contemporánea de la UPV Antonio Rivera- y concluyen que el “relato está fundamentalmente acabado” y quienes mantienen que no todo puede explicarse por la combinación de “suerte de los terroristas, desidia del régimen y fracaso policial”.

“No es solo que no investigaran la preparación del golpe, es que tampoco hubo interés en investigarlo hasta el final. Por supuesto que había una guerra de familias dentro del régimen, Carrero tenía muchos enemigos dentro. El único miembro de su Gabinete al que no nombra es Arias Navarro, que era el responsable de su seguridad y que es finalmente a quien nombran presidente”, argumenta Cerdán.

Por versiones, se conoce incluso la que los terroristas quisieron dar –más allá de la rueda de prensa de la banda el 28 de diciembre de 1973 y los interrogatorios que figuran en el sumario-, y Genoveva Forest, intermediaria y colaboradora necesaria en el atentado, publicó en 1974 su propia versión de los hechos.

“Los terroristas, que no conocían Madrid, encontraron el lugar estratégico para construir el túnel porque alguien así se lo indicó, ni siquiera eran expertos en minas, pensaban que iban a tardar cuatro días en hacerlo, tardaron un mes, y nada… nadie se enteró de nada”. Cerdán habla gráficamente de “la sombra” para mencionar al hombre que según la documentación que aporta tiene mucha responsabilidad en el éxito de la ekintza (acción) al señalarles el número 104 de la calle Claudio Coello como el sitio para atentar contra Carrero. Lo que no hace el periodista es identificarlo.

“En el Madrid donde los serenos, los porteros y conserjes, que eran sobre todo en el barrio de Salamanca una red de chivatos policiales… nada, no detectan nada”.

El expediente judicial de Carrero Blanco, que pasó por varios jueces -Andrés Martínez Sanz, que fue quien se personó en el lugar de los hechos, Antonio Carrero y Luis de la Torre- es sorprendentemente pequeño, según quienes han tenido acceso al mismo. Anonimizado bajo las cifras 142/73 y que custodia la Audiencia Provincial, no se parece en extensión a cualquiera de los sumarios abiertos por atentados terroristas.

El libro de Cerdán recoge las quejas del magistrado De la Torre por los escasos medios que se le facilitaron para investigar los hechos. También el fiscal del caso, José Raya, y el propio fiscal general del Estado, Fernando Herrero Tejedor, informaron de dificultades parecidas. De lo que no queda ni rastro es del informe que Tejedor le habría entregado a Franco, que se apoyaba en información de los servicios secretos franceses, y que abría una línea de investigación sobre la participación de organizaciones ajenas a ETA en el atentado.

La familia de Carrero, en boca de su nieto, ha denunciado con motivo de este aniversario redondo la dejación de todos los estamentos de entonces -políticos, militares, judiciales- en llegar al fondo del asunto. De manera gráfica cuentan que en el despacho del almirante no había “ni un solo papel” cuando semanas después fueron a recuperar sus enseres personales.

El atentado se produjo un día después de la visita del entonces secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, a Madrid. La última foto en vida del presidente Carrero Blanco fue con el mandatario norteamericano, que llegó a recortar la visita a Madrid ante lo que, según recogen algunos documentos recientemente desclasificados y recogidos en el libro de Cerdán, el escaso “feeling,” por no hablar de falta de entendimiento” que en las reuniones que mantuvieron. La cercanía con el atentado, y la presencia de un nutrido cuerpo de seguridad del diplomático norteamericano a escasos metros de la casa donde los terroristas del comando Txikia habían construido un túnel -a apenas tres minutos a pie de la Embajada de Estados Unidos en España-, han dado para muchas preguntas en este caso que cumple ahora medio siglo.

“A nadie le interesó investigar, hubo una amnistía para los autores. Borrón y cuenta nueva porque además Carrero era un franquista, a la Transición no le interesó saber”, concluye el autor que presenta este miércoles el libro como un homenaje a los periodistas de investigación.