Matar a un candidato: los asesinatos que quisieron tumbar la democracia en América Latina

No les tenía miedo, pero lo mataron. Fernando Villavicencio, el candidato del Movimiento Construye a la presidencia de Ecuador, recibió el miércoles tres disparos en la cabeza que acabaron con su vida tras dar un mitin en Quito. “Dijeron que me iban a quebrar, aquí estoy”, acababa de decir con la camisa sudada, ante cientos de seguidores. Lo buscó un sicario a la salida, cuando estaba siendo escoltado hasta su vehículo. De repente, empezó a sonar la balacera y tres proyectiles encontraron su camino hasta la cabeza de Villavicencio.

El candidato se había forjado fama y reconocimiento por su voz valiente contra el narcotráfico y la corrupción. Su discurso, años atrás, había sido especialmente duro contra el presidente Rafael Correa, que gobernó el país entre 2007 y 2017. Aunque sus perspectivas electorales no eran buenas, sus palabras sonaban con una temeridad suicida en cada acto electoral. En sus últimos gritos de ayer ante la multitud, Fernando Villavicencio había vuelto a denunciar las amenazas recibidas de un grupo criminal vinculado al mexicano Cartel de Sinaloa.

El actual presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha decretado tres días de luto nacional y sesenta de estado de excepción. Antes de que finalice este período, se habrán celebrado las elecciones presidenciales el próximo 20 de agosto. El proceso no se detendrá. El 'narco' habrá matado a Fernando Villavicencio, pero no ha matado a la democracia ecuatoriana.

“Al final, siempre, por un lado o por otro, aparece el narco”, dice en respuesta a NIUS Fernando Martín Valenzuela, que fuera secretario de estado de Exteriores con el ministro Borrell y anteriormente presidente de la Agencia Española para la Cooperación y el Desarrollo, AECID. Pero hacía muchos años que la hidra del narcotráfico no golpeaba tan duro en la recta final de unas elecciones presidenciales latinoamericanas. Lo cierto es que, aunque siempre se busque el rastro de la cocaína, hay otros regueros criminales en la política iberoamericana

Colombia ha sido el país que más ha sufrido este fenómeno, con varios candidatos muertos a las puertas de las urnas. El más lejano en el tiempo fue Jorge Eliécer Gaitán, candidato del Partido Liberal, acribillado a balazos en 1948. La reacción popular por su asesinato pasó a la historia como “el Bogotazo”. Pero hace 75 años no habían nacido todavía los narcotraficantes.

En abril de 1949 vino al mundo en la provincia colombiana de Antioquia el célebre y sanguinario Pablo Escobar. Fue en los 70, siendo un veinteañero, cuando se involucró en el tráfico de marihuana y cocaína. Escobar se convertiría poco después en el gran señor de la droga, capaz de desafiar al estado colombiano.

En 1984 ordenó los asesinatos del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, y del director del primer diario de Colombia, El Espectador. Pero fue en 1989 cuando golpeó más fuerte y ordenó matar a Luis Carlos Galán, candidato del Partido Liberal, que había inspirado su carrera política en la vida y muerte de Eliécer Gaitán. Corrió su misma suerte. Le dispararon cinco tiros, tres de ellos fatales, cuando alzaba los brazos encima de un escenario en la ciudad de Soacha. Como ocurrió esta semana con Villavicencio, murió camino de las urnas.

Escobar, su verdugo, murió tiroteado por el Bloque de Búsqueda sobre los tejados de Medellín en 1993. La imagen dio la vuelta al mundo, aunque muerto el gran criminal, no se acabó la rabia. En Colombia habría de producirse poco después otros magnicidios políticos, sin que todavía hoy se hayan desentrañado todos sus detalles.

Meses después de morir Galán, fue abatido en Bogotá, en marzo de 1990, Bernardo Jaramillo Ossa. Era militante del Partido Comunista Colombiano y asumió la presidencia de la Unión Patriótica después del asesinato de Jaime Pardo Leal en 1987. Jaramillo fue el candidato presidencial por este partido. En su caso, se señaló con el dedo también a Escobar, pero el capo lo negó. Finalmente fueron condenados sus verdugos, pertenecientes al grupo paramilitar conocido como ‘Autodefensas Unidas de Colombia’, que siempre negaron su autoría.

Aquellas de 1990 fueron las elecciones presidenciales más sangrientas de la historia colombiana. El listado de víctimas políticas es demasiado amplio. Una de ellas fue un guerrillero: Carlos Pizarro Leongómez, que se había dado a conocer como líder del grupo M-19 por el robo de la espada de Simón Bolívar.

Tras dejar las armas, firmar la paz con el gobierno de Bogotá y reintegrarse a la vida civil, fue asesinado el 26 de abril de 1990, siendo candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19, movimiento político nacido del grupo guerrillero M-19 después de su desmovilización.

Ese día Pizarro se dirigía en avión a Barranquilla. Un sicario logró meterse entre el pasaje del vuelo. En pleno vuelo, sacó del baño una metralleta con la que acribilló a Pizarro, que murió horas después. Como siempre, se culpó a Escobar de su muerte. Sin embargo, las investigaciones posteriores, que nunca llegaron a dar con los verdaderos autores, señalaron a los servicios secretos colombianos como autores del crimen.

Fue en noviembre de 1995 cuando asesinaron en Colombia al líder del Partido Conservador, Álvaro Gómez Hurtado. Era hijo del presidente colombiano Laureano Gómez. También era periodista, como Villavicencio. Álvaro Gómez Hurtado ha sido considerado como uno de los personajes más influyentes de la historia moderna de Colombia. Su lema en las presidenciales de 1990 había sido “Que no maten a la gente". A él lo mataron cinco años después de cuatro disparos en la cabeza, cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda de dar clases de historia constitucional. Las FARC asumieron su asesinato en 2020, veinticinco años después de cometerlo.

México es otro país latinoamericano duramente golpeado por los crímenes políticos. El más grave de la historia reciente mexicana fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de México. Colosio se encontró con la muerte en plena campaña en Tijuana, en marzo de 1994. Tras acabar su mitin, hizo lo mismo que Fernando Villavicencio. Se dirigía a su camioneta cuando un individuo le disparó mortalmente a la cabeza.

El PRI había estado en el poder desde su fundación en 1929. Fue el presidente Plutarco Díaz Calles quien lo convirtió en una maquinaría política imbatible. El PRI detentó el poder setenta años consecutivos en México. Ser el candidato del PRI en 1994 era ser el presidente in pectore, el hombre llamado a coger el testigo. Luis Donaldo Colosio era ese hombre cuando le arrebataron la vida pasadas las cinco de la tarde del 23 de marzo de 1994.

Cuatro mil personas le habían vitoreado en Tijuana. Una de ellas puso un revólver Taurus calibre 38 cerca de su oído derecho y disparó. Se habló de una conspiración desde las tripas del Estado. Incluso llegó a señalarse al presidente saliente, Carlos Salinas de Gortari, como instigador del crimen. La bruma sigue envolviendo aquel asesinato, que condenó a la decadencia al PRI y precipitó su final tras siete décadas de poder ininterrumpido..

El 1 de septiembre de 2022 Argentina tembló. Minutos antes de las nueve de la noche, llegaba a su casa en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un atacante solitario, Fernando André Sabag Montiel, miembro de Unión Republicana, se colocó delante de ella mientras estrechaba decenas de manos. La apuntó y apretó el gatillo.

La pistola, una Bersa del calibre 7.65 mm, con munición real, se encasquilló en dos ocasiones, a escasos centímetros de la frente de la líder peronista. El autor de este intento de magnicidio reconoció posteriormente los hechos y declaró que actuó solo. “Imagínate los nervios”, dijo en un videocomunicado: “Tenía cinco balas en el cargador y ninguna salió”.

La historia de los asesinatos políticos en América Latina es infinitamente más larga. No solo dejaron su vida en el camino los candidatos presidenciales. También muchos activistas y militantes de todo tipo de causas y niveles administrativos. Brasil es posiblemente el país más sangriento en términos políticos.

Según InSight Crime, un centro de pensamiento y comunicación que busca profundizar en las causas del crimen organizado en América, los asesinatos políticos se han disparado en Brasil en los últimos años. El trienio 2018-2020 fue especialmente dramático. Entonces, más de 165 políticos brasileños fueron asesinados. Un promedio de uno por semana.

Los estados más afectados por la violencia política fueron São Paulo (50 asesinatos), Río de Janeiro (45) y Pernambuco (44), todas ellos áreas clave para el crimen organizado brasileño.

Entre las causas de los crímenes políticos en América, según InSight Crime, hay un sinnúmero de motivaciones. La expansión de la influencia de las milicias y grupos paramilitares, la defensa de las rutas de narcotráfico por parte de los grupos criminales o las disputas políticas transmitidas de generación en generación.

Estas muertes "menores" nos impactan menos porque sus víctimas no han sido los candidatos presidenciales. Pero son políticos y políticas que dan lo mejor de sí. Frecuentemente, reciben un plomo en la cabeza como recompensa. Es el caso del humilde Abson Mattos, candidato a la alcaldía de Pedras do Fogo, en Pernambuco, asesinado a tiros en 2020 por hablar abiertamente contra la corrupción del alcalde de la ciudad.

En uno de los últimos mensajes, Abson Mattos declaró: “pueden incluso callarme con una bala, pero mis mensajes y mi historia seguirán presentes”. Muy parecido a lo que dijo ayer Fernando Villavicencio, el candidato ecuatoriano, antes de morir: “Dijeron que me iban a quebrar, aquí estoy, no les tengo miedo”. Su lema era: “Es tiempo de valientes”.