El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que el verificador que participe en las reuniones entre PSOE y ERC, fruto del acuerdo de investidura sellado entre ambas formaciones, será una persona distinta a la que ejerce esa función en los encuentros con Junts, el diplomático salvadoreño Francisco Galindo.

En una entrevista en la cadena Ser, recogida por Europa Press, Sánchez ha señalado que "en principio" este verificador será una persona distinta y tendrán mesas de interlocución diferentes con ambas formaciones.

Sin embargo, ha señalado que están hablando "de los mismos temas" tanto con ERC y Junts y le gustaría que se pudiera llegar a un proceso de negociación en la que estuvieran esas dos formaciones aunque considera que eso ahora mismo es "muy prematuro" y está "muy verde".

Ha señalado que en la reunión con Junts "se está negociando sobre lo ya acordado" y que el objetivo último es restaurar la convivencia en Cataluña. "Todo lo que hagamos será dentro de la Constitución y a partir de ahí son mesas entre partidos políticos sobre lo ya escrito", ha asegurado.

Además, Sánchez ha justificado la reunión que se llevó a cabo este sábado en Ginebra entre PSOE y Junts y ha admitido que se celebra en esa ciudad porque el expresidente catalán, Carles Puigdemont (Junts), que participa en las reuniones se encuentra fuera de España, huido de la justicia por los hechos del procès.

En este sentido, ha recordado que en esa misma ciudad suiza se llevaron a cabo reuniones entre el Gobierno de José María Aznar y la banda terrorista ETA.

Asimismo ha rechazado que esta reunión se llevase a cabo con secretismo sino con la "debida discreción", ha señalado que ha sido la primera de otras muchas que se celebrarán próximamente y que la política necesita "espacios de discreción".

Coincidiendo con los cinco años que se cumplen hoy de la no renovación del CGPJ, el presidente ha aprovechado para cargar contra el PP. Sánchez ha insistido en la idea del "secuestro" del CGPJ por parte de los populares y ha señalado que es un "caso paradigmático de lawfare y politización de la justicia".

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