El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple cinco años en funciones con su mandato caducado. Está inmerso en una crisis institucional sin precedentes, sin que se contemple a corto y medio plazo una salida al bloqueo por la falta de acuerdo entre PSOE y PP para su renovación. La nueva legislatura podría dibujar dos posibilidades: alcanzar un acuerdo político, algo que parece muy lejano, o una reforma legal que permita al Gobierno sortear al PP en el Congreso. En ese caso la renovación sería parcial porque ocho vocales del turno de juristas están blindados por la Constitución. Además, en las últimas semanas, el CGPJ se ha pronunciado contra la ley de amnistía y ha declarado no idóneo al Fiscal General del Estado.

Sobre esta crisis, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho en una entrevista con 'La Cadena Ser' que el Partido Popular incurre en prácticas de 'lawfare', un término que hace referencia a la guerra judicial contra adversarios políticos.

Además, señala que los populares tienen 'secuestrado' este órgano, pues sus votos son necesarios para llevar a cabo el recambio. En todo caso, ha afirmado que llamará al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para hacerlo. "Yo no tengo ningún problema, voy a llamarle, por supuesto", ha asegurado.

Hay 16 vocales actualmente

El actual CGPJ se conformó el 4 de diciembre 2013 con 20 vocales que ahora son 16 porque en estos años Rafael Fernández Valverde y Rafael Mozo se han jubilado, Concepción Sáez ha dimitido y Victoria Cinto ha fallecido. A ello se suma la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del Consejo y del Tribunal Supremo (TS) en octubre de 2022.

El proceso de renovación arrancó el 3 de agosto de 2018, cuando Lesmes comunicó a Congreso y Senado la apertura del plazo para presentar candidaturas, ya que los 20 vocales son elegidos a partes iguales por ambas cámaras, con 10 cada una --6 entre jueces y magistrados, y 4 entre juristas de prestigio--. Poco después, les remitía la lista con los 51 precandidatos de las asociaciones judiciales para ocupar los 12 asientos del turno judicial.

El 12 de noviembre, se dio a conocer un acuerdo por el que PSOE y PP colocaban al presidente de la Sala de lo Penal del TS, Manuel Marchena, en la cúspide del Poder Judicial, a cambio de que hubiera 11 vocales progresistas y 9 conservadores.

A los pocos días el acuerdo descarriló. La causa era un mensaje enviado por el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el chat de WhatsApp de los 146 senadores 'populares' del momento. Según se publicó entonces, su intención era apaciguar los ánimos ante las críticas internas por el pacto.

"Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional, (...) un gran jurista con una capacidad de liderazgo y 'auctoritas' para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la Sala Segunda desde detrás", decía Cosidó.

Llegaba así el 4 de diciembre de 2018 sin acuerdo político para un nuevo CGPJ. Un mes después, Lesmes envió la primera de las cuatro cartas que llegó a dirigir a las Cortes para recordarles "la necesidad" de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que les encomienda actuar para renovar en plazo.

Su última misiva al Legislativo fue el 15 de julio de 2020, cuando superadas ya las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, que validaron el desembarco de Pedro Sánchez en La Moncloa, creyó oportuno recordar al Parlamento ese "mandato legal".

Pese a ello, el 9 de septiembre de 2019 Lesmes protagonizó la apertura del año judicial como presidente de un CGPJ caducado. Alertó de que la situación de interinidad del Consejo era una "grave anomalía" que podía contribuir al "descrédito" de la Justicia, aunque también se mostró esperanzado. Pensó que estaba en la "fase final" de su Presidencia.

Lesmes pronunció hasta cuatro discursos de inauguración del curso judicial, cada uno más contundente que el anterior, estando en funciones. El último, el del 7 de septiembre de 2022, supuso un punto de inflexión porque ahí deslizó una amenaza de dimisión que cumplió un mes después para forzar el acuerdo PSOE-PP.

Ya situados en la segunda mitad de 2020, las negociaciones PSOE-PP sobre el CGPJ estuvieron íntimamente ligadas al calendario electoral y otros hitos políticos que fueron acercando y alejando el acuerdo sucesivamente.

Ese otoño, el Gobierno lanzó dos iniciativas parlamentarias para empujar al PP a pactar: una para rebajar la mayoría por la que Congreso y Senado eligen a los vocales judiciales y otra para prohibir que un CGPJ caducado haga nombramientos en la cúpula judicial. Ante las críticas de Bruselas, oposición y asociaciones judiciales, el Ejecutivo retiró la primera pero mantuvo la segunda, que se aprobó en marzo de 2021.

La maniobra propició que los negociadores volvieran a sentarse a la mesa. Las conversaciones entre Félix Bolaños y Teodoro García Egea dieron sus frutos y pactaron otras renovaciones pendientes --como la del Tribunal Constitucional (TC)--, dejando el CGPJ para más adelante.

En ese punto, dos nombres volvieron a dinamitar el acuerdo: Victoria Rosell y José Ricardo de Prada, los dos candidatos que Podemos quería promocionar al Consejo y que el PP se negó a aceptar. Repuestos de ese revés, el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, aseguró que las conversaciones seguían y que la lista estaba hecha, a falta de que el PP quisiera hacerla pública.

Campo habló expresamente de la conveniencia de esperar a que se celebraran las elecciones madrileñas del 4 de mayo de 2021. Pero el devenir político se impuso de nuevo a la 'hoja de ruta'. El 22 de junio de ese año el Gobierno indultó a los condenados por el 'procés' y la renovación volvió a naufragar.

El 20 de septiembre, el PP trazó una línea roja al someter a un debate parlamentario su propuesta de cambiar el sistema de elección de los vocales judiciales --para que sean elegidos por los propios jueces--, una idea que con el tiempo se ha convertido en condición 'sine qua non'.

El cambio en el liderazgo del PP, de Pablo Casado a Alberto Núñez Feijóo, que se materializó en abril de 2022 avivó otra vez una esperanza que finalmente se disipó por la convocatoria electoral en Andalucía para ese 19 de junio. Esa nueva fecha clave se superó también sin resultados.

Entretanto, venció también el mandato de 4 de los 12 magistrados del TC, el tercio que corresponde proponer a Gobierno y CGPJ, y Moncloa deslizó la posibilidad de nombrar a los suyos sin esperar al Consejo. Ante las dudas legales, promovió una reforma exprés de la LOPJ para que los vocales pudieran designar a sus dos candidatos.

En ese contexto, Bolaños y Esteban González Pons retomaron discretamente los contactos para renovar el CGPJ pero la mañana de ese domingo 9 de octubre un 'whatsapp' de cada uno transmitió a Lesmes que la negociación estaba muerta, según las fuentes consultadas. Esa misma tarde, anunció su dimisión, dando lugar a una bicefalia en el Poder Judicial, con Mozo al frente del CGPJ --por ser su vocal de mayor edad-- y Francisco Marín Castán, del TS.

La renuncia de Lesmes sirvió para forzar a socialistas y 'populares' a reanudar las conversaciones. Las mismas fuentes aseguran que en las semanas siguientes, PP y PSOE perfilaron un acuerdo global que contemplaba la renovación del CGPJ y hasta del TC, incluida la quinta plaza que Alfredo Montoya dejó vacante por enfermedad y que corresponde cubrir al Senado. Pero todo volvió a desmoronarse cuando el Gobierno ratificó que pretendía reformar el delito de sedición.

Ese 27 de octubre, el PP rompía las conversaciones. Desde ese momento, la atención se centró en la renovación parcial del TC, que se logró propiciando un vuelco a una mayoría progresista que ha sido clave para validar la agenda legislativa del Gobierno.

Tras ello, la situación se congeló, hasta que el pasado marzo la vocal progresista Concepción Sáez dimitió, un movimiento que llevó a que su colega Álvaro Cuesta planteara la posibilidad de que el bloque progresista renunciara en bloque, si bien no contó con el respaldo de sus colegas.

La última crisis del CGPJ se vivió el pasado 19 de julio por la jubilación de Mozo, que llevó a designar al tercer presidente del CGPJ --y el segundo interino--, el vocal conservador Vicente Guilarte, que ha fijado como objetivo prioritario de su mandato la renovación.

Cabe destacar que el CGPJ es el órgano de gobierno de los jueces y como tal, el encargado de designar a magistrados del Tribunal Supremo, el Tribunal Militar, los tribunales superiores de Justicia, la Audiencia Nacional o las audiencias provinciales. En estos cinco años se han acumulado 85 puestos vacantes que nadie ocupará hasta que el Consejo se renueve. Solo en el Supremo hay más de una veintena de asientos vacíos, casi el 30% del total.

Desde marzo de 2021, el Congreso aprobó la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) impulsada por el PSOE y Unidas Podemos para prohibir hacer nombramientos discrecionales mientras está fuera de su mandato.

Por tanto, la única forma de desbloquear la renovación del CGPJ es un consenso tres quintas partes del Parlamento. Es decir, es necesario un acuerdo entre PP y PSOE, algo que parece más difícil cada día que pasa. 

El arranque de una nueva Legislatura ha dibujado dos posibilidades: el acuerdo político o una reforma legal que permita al Gobierno sortear al PP en las Cortes Generales, aunque abocaría a una renovación parcial por cuanto la forma de elección de los 8 vocales del turno de juristas está blindada constitucionalmente.

El PP, por su parte, ha dejado claro este lunes que no tiene ninguna intención de renovarlo. “Queremos despolitizar la justicia, pero conforme al programa con el que nos presentamos a las elecciones. Si no lo acepta, con nosotros no”, ha dicho el portavoz del PP, Borja Sémper, en rueda de prensa en la sede nacional del partido tras la reunión del remodelado comité ejecutivo.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha señalado en la entrevista con 'La Cadena Ser' que hay una acepción de 'lawfare' que hace referencia a la "politización de la justicia" y considera que "no hay caso más paradigmático en España que este. "Este secuestro en el que tiene sumido el Partido Popular al Poder Judicial", según lo ha calificado.

A su juicio esta negativa a llevar a cabo la actualización del CGPJ responde a un "sentimiento patrimonialista" por parte del PP "de la democracia, el poder y las instituciones" y tiene la intención de hacer ver que durante el tiempo que Sánchez ha estado en La Moncloa no se ha superado el bloqueo.

Al ser cuestionado acerca del nombramiento del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz o la designación de un exministro de su Gobierno como magistrado el Tribunal Constitucional; sobre si estos hechos también suponen politización de la Justicia, ha señalado que se podrán compartir o no, pero lo que no es discutible es el cumplimiento de un mandato constitucional como la renovación del órgano de Gobierno de los jueces.

Por tanto considera que en España no hay un problema de separación de poderes sino de "secuestro" del Poder Judicial por parte del PP que afecta al correcto funcionamiento de la democracia. Según ha señalado, se debe exigir a los 'populares' que cumplan este mandato y se pueda desbloquear cuanto antes esta situación que afecta también al correcto funcionamiento de la justicia. En este punto ha señalado que llamará al líder de la oposición para llevarla a cabo.

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