Podemos ha interpuesto una querella contra el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y contra el magistrado de refuerzo del juzgado central de instrucción número 6 Joaquín Gadea por presuntos delitos de prevaricación, revelación de secretos y omisión de perseguir conductas delictivas.
Así lo ha trasladado el coportavoz estatal del partido, Pablo Fernández, en rueda de prensa para anunciar su denuncia, formalizada en la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, contra ambos jueces que instruyen la denominada 'pieza Dina' del caso Tándem, en la que se ha indagado en el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de la exasesora del partido desde que le robaron el móvil en 2015 hasta que parte de la información que contenía apareció publicada en medios.
Pablo Fernández ha asegurado que la actuación de ambos jueces es un caso "paradigmático" y "palmario" de 'lawfare', al operar al margen de las normas que regulan la actuación judicial con una investigación "prospectiva" cuyo "único objeto" ha sido "perjudicar reputacinalmente" a Podemos.
En la querella, según el coportavoz morado, se alude a la filtración de cada uno de los hitos de esa investigación con vistas a perjudicar a su organización política, hasta que a instancias de la sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional se decretó el archivo de las actuaciones.
"Hay que señalar el papel fundamental y absolutamente decisivo que han tenido muchos medios de comunicación después de que se hayan dedicado horas y horas de televisiones y de radios, portadas y páginas de periódicos a esparcir y a difundir los bulos de imanados de esa investigación realizada por ambos jueces (...) Esto pone de manifiesto de forma palmaria esa connivencia, esa simbiosis entre determinados jueces y determinados medios de comunicación entre el Poder Judicial y el poder mediático que se alían y que trabajan conjuntamente para atacar y para perjudicar a Podemos", ha espetado.
Finalmente, Fernández ha acusado a ambos magistrados de perpetrar una "auténtica infamia" y "una absoluta vergüenza" en su actuación judicial.