El juez del 'caso Tsunami' solicita información a la OTAN sobre las incidencias en el bloqueo del aeropuerto de El Prat

El magistrado que lleva el caso Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, ha solicitado a organismos nacionales e internacionales varios, entre ellos la OTAN, más información sobre las perturbaciones del tráfico aéreo debidas al bloqueo del aeropuerto de El Prat en Barcelona durante las manifestaciones por la sentencia del procès en 2019.

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional ha comunicado que todos los datos que se recaben sobre la investigación serán remitidos al Tribunal Supremo, ya que este organismo se hará cargo de las diligencias al afectar a aforados como el expresidente catalán Carles Puigdemont.

En particular, el juez se dirige a ENAIRE, una entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Transportes, a la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA), a AENA, e incluso a la OTAN, "a través del Comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), para recabar las incidencias registradas en el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN en Torrejón de Ardoz (CAOCT)".

También solicitó al Servicio de Emergencias Médicas (SEM) que facilitara todos los registros de incidentes médicos ocurridos en el aeropuerto ese día, así como todos los registros relativos al fallecimiento del ciudadano francés y su traslado en helicóptero al hospital. La familia del ciudadano francés ha consentido ofrecer acciones penales en esta causa para poder ejercer la acusación.

La Fiscalía ha mostrado su rechazo a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ampare al juez que investiga el caso 'Tsunami Democràtic' ante los "ataques" que ha denunciado del secretario de Estado de Justicia, Antonio 'Tontxu' Rodríguez después de haber dirigido su investigación contra el expresidente catalán Carles Puigdemont.

El Ministerio Público se ha pronunciado así, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón pidiera amparo al CGPJ ante las declaraciones vertidas por el secretario de Estado de Justicia, Antonio 'Tontxu' Rodríguez.

El que fuera número 'dos' de Pilar Llop en el Ministerio de Justicia aseguró de forma irónica una entrevista en Radio Popular que era una "casualidad" que el magistrado instructor dirigiera la investigación sobre 'Tsunami' contra Puigdemont y contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, unos días antes de que se llegara "a un acuerdo con Junts y unos días después de que se hubiera llegado a un acuerdo con ERC".

Ahora, la Fiscalía concluye que "no ha de ser la vía penal el camino para hacer frente a ataques tan ofensivos y descalificadores como el que nos ocupa". A su juicio, lo que procede es "circunscribirla en el ámbito de la crítica, la opinión y la libertad de expresión".

"Al Ministerio Fiscal le compete velar por el respeto de las instituciones constitucionales, pero también de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa", explica.

En este sentido, se ampara en la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). E insiste en que "para integrar el delito de calumnias no bastan imputaciones genéricas".

En el caso específico del juez García Castellón, asegura que aunque coincide que "las manifestaciones señaladas como difamatorias" pueden ser "consideradas como provocativas", se trata de "manifestaciones que no cabe dejar de valorar sino en el ámbito de su derecho fundamental a la libertad de expresión".

Así las cosas, la fiscal Ana Galdeano propone que se archiven las diligencias de investigación al considerar que los hechos denunciados no revisten carácter de delito, "quedando a salvo su derecho a interponer denuncia ante la autoridad judicial por estos hechos".

El juez que investiga 'Tsunami Democràtic' ha ofrecido personarse a la familia del turista francés fallecido de un infarto en el marco de los disturbios que se desataron en otoño de 2019 en el aeropuerto de El Prat tras la sentencia del 'procés', al considerar que es un paso fundamental para acreditar que los mismos influyeron en su muerte, al tiempo que ha pedido información a diversos organismos sobre las incidencias para determinar si su entidad merece la calificación de terrorismo.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, insiste en que lo ocurrido el 14 de octubre de 2019 en el aeropuerto de El Prat encaja en delitos de terrorismo porque se trata de un 'hub' aéreo, considerado por tanto "infraestructura crítica", con cuyo "bloqueo" se perseguía "desestabilizar gravemente el funcionamiento (...) de las estructuras económicas o sociales del Estado".

A lo largo de 31 páginas, el instructor relata lo ocurrido aquel día. Así, recalca que comenzó a través de una convocatoria de Tsunami Democràtic por redes sociales: "Todo el mundo al aeropuerto". Un llamamiento, precisa, que se tradujo en la llegada de 8.000 manifestantes a las instalaciones de El Prat con el objetivo de "detener la actividad del aeropuerto de Barcelona".

García Castellón se hace eco de los informes policiales recibidos, según los cuales, "se consiguió bloquear la entrada y salida de personas de vehículos de la Terminal 1", que "quedó totalmente inutilizada". Describe que "los asaltantes accedieron a la zona de embarque, lograron asentarse delante de las puertas para acceder a los aviones, impidiendo el acceso de los pasajeros a los mismos, y consiguieron bloquear la torre de control aéreo de El Prat". Sobre esto último, subraya que, si las fuerzas de seguridad no hubieran logrado despejar el acceso por carretera a la torre de control aéreo, una acción con la que los manifestantes pretendían impedir el relevo de los controladores aéreos, "pudo haberse causado un peligro para la seguridad del tráfico aéreo nacional e internacional".

Con todo, no duda de que "la acción puso en peligro la seguridad del aeropuerto" y la "seguridad aérea", con "un peligro claro tanto para la integridad de los agentes, como para la de los propios asaltantes, cuando se producía el lanzamiento indiscriminado de objetos desde todas partes", un peligro "extensible a los viajeros" y que "pudo materializarse en el fallecimiento del ciudadano de nacionalidad francesa Jean Claude Scherzinger".

En este sentido, el magistrado destaca que, si bien la información recibida de los juzgados que investigaron la muerte y el informe forense hablan de muerte natural por una afección cardiaca, este último indica también que "el diagnóstico de esta categoría está determinado tanto por los hallazgos patológicos como por el historial médico y de las circunstancias de la muerte". "Precisamente, esas circunstancias fueron el colapso del aeropuerto, subraya García Castellón. En la misma línea, recuerda las declaraciones a la prensa de la hija de Scherzinger en las que afirmó que "cree que las circunstancias que se dieron en el aeropuerto influyeron en la dolencia cardiaca de su padre" hasta el punto de que llegó a decir que "su muerte fue a causa de esto", preguntando al periodista si podían denunciar.

Para el juez, "esta circunstancia pone de manifiesto tanto que debe realizarse el oportuno ofrecimiento de acciones a la familia del señor Scherzinger, con información de qué es lo que pueden hacer, y de qué modo, como la necesidad de obtener la declaración de Francine Scherzinger (su mujer, que iba con él ese día), para conocer, de primera mano qué sucedió". Y a tal fin ordena ponerse en contacto con las autoridades francesas.

Por otro lado, el instructor se refiere a los perjuicios económicos ocasionados por 'Tsunami Democràtic', cifrándolos en al menos 1.793.018,25 euros, en base a las valoraciones enviadas por el Ministerio de Transportes y las propias compañías aéreas a la Audiencia Nacional.

De éstas, "Vueling fue la más afectada", con un daño económico de 978.000 euros, por los 169 vuelos cancelados ese día, a los que se suman los 815.018,25 euros señalados por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana por los daños materiales y el lucro cesante, aunque apunta que AENA elevó esa cifra a 1.217.595 euros. Así las cosas, García Castellón requiere más información a ENAIRE, entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; a la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA); y a la OTAN, a través del comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), para que precisen las incidencias registradas ese día en El Prat y en el tráfico aéreo nacional e internacional.

También pide información al Servicio de Emergencias Médicas (SEM) sobre "todas las incidencias médicas contabilizadas" esa jornada y, en concreto, sobre "todos los registros que tengan de aquel día en donde se contengan las circunstancias relativas al fallecimiento de Jean Claude Scherzinger", mismo requerimiento que hace al 112, mientras que al Hospital de Bellvitge, a donde se le trasladó en helicóptero, le pide el historial médico completo del ciudadano francés.