Tras una larguísima negociación en la que finalmente el PSOE se ha procurado el apoyo de Junts y el resto de sus socios para la investidura de Pedro Sánchez, y en medio de una sucesión de protestas multitudinarias contra ella, ya se conoce el contenido de la proposición de ley orgánica sobre la ley de amnistía.

En un documento de 23 páginas, el texto contiene una exposición de motivos donde justifica la amnistía de los independentistas catalanes como una medida necesaria para acabar con "la tensión, política, social e institucional" y para garantizar la convivencia a "futuro", al tiempo que defiende que se trata de un "mecanismo constitucional", además de un paso "valiente y reconciliador".

A este respecto, la proposición de ley vuelve a situar el origen del "conflicto político" en la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña y lo extiende a todo lo ocurrido desde entonces, desde el 1 de enero de 2012 hasta hoy mismo, incluyendo la consulta del 9-N y el referéndum, de 1-O.

"Estos hechos comportaron una tensión institucional que dio lugar a la intervención de la Justicia y una tensión social y política que provocó la desafección de una parte sustancial de la sociedad catalana hacia las instituciones estatales, que todavía no ha desaparecido y que es reavivada de forma recurrente cuando se manifiestan las múltiples consecuencias legales que siguen teniendo, especialmente en el ámbito penal", dice.

Además, justifica que sea Congreso y Senado quienes tomen la iniciativa porque "en este tiempo las Cortes Generales han tenido un papel preponderante a la hora de configurar la respuesta de la soberanía popular a ese proceso independentista". "Un papel que esta ley orgánica reafirma al reconocer su competencia y legitimidad para hacer una evaluación de la situación política y promover una serie de soluciones que deben ofrecerse en cada contexto, de acuerdo con el interés general", añade.

Así mismo, en el texto se reivindica que "con esta ley orgánica de amnistía las Cortes Generales acuden de nuevo a un mecanismo constitucional que refuerza el Estado de Derecho para dar una respuesta adecuada más de diez años después del comienzo del proceso independentista, cuando ya se han superado los momentos más acusados de la crisis y toca establecer las bases para garantizar la convivencia de cara al futuro".

En el documento, en el que se señala que la ley de amnistía abarcará "todos los actos que acreditan una tensión política, social e institucional, que esta norma aspira a resolver de acuerdo con las facultades que la Constitución confiere a las Cortes Generales", se subraya su legitimidad sin invadir "otros espacios".

De este modo, recalca que "al asumir las Cortes Generales esta decisión de política legislativa, no solo no invaden otros espacios, sino que, muy al contrario y en uso de sus competencias, asumen la mejor vía de las posibles para abordar, desde la política, un conflicto político".

En esta línea, los firmantes afirman también que "esta ley orgánica es un paso más en un camino difícil, pero a la vez valiente y reconciliador; una demostración de respeto a la ciudadanía y de que la aplicación de la legalidad es necesaria, pero, en ocasiones, no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo".

"Por tanto, esta amnistía constituye una decisión política adoptada bajo el principio de justicia en el entendimiento de que los instrumentos con los que cuenta un Estado de Derecho no son, ni deben ser, inamovibles; toda vez que es el Derecho el que está al servicio de la sociedad y no al contrario, y que por tanto este debe tener la capacidad de actualizarse adaptándose al contexto de cada momento", zanjan.