El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha negado este lunes que durante el proceso independentista hubiera "lawfare" judicial y ha asegurado que no se revisará ni enmendará ninguna sentencia en virtud del acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez. Algo que parecía estar en los puntos del acuerdo con Junts, que ha provocado la indignación de los jueces con el Tribunal Supremo a la cabeza y que el PSOE ha intentando de nuevo matizar

En una entrevista en La 1, preguntado por si durante el procés se usó a la justicia para perseguir a rivales políticos, Illa ha respondido: "No. Durante el procés se usó a la justicia para frenar un intento de secesión".

En este sentido, sobre la inclusión del concepto de "lawfare" en el acuerdo entre el PSOE y Junts, el líder del PSC ha justificado que "el Congreso de los Diputados tiene plena legitimidad para crear las comisiones de investigación que los grupos consideren oportunas", pero ha enfatizado que "esto no tiene nada que ver con la interferencia en la independencia del poder judicial".

"No es posible que el Congreso de los Diputados, que un poder legislativo, enmiende resoluciones judiciales", ha subrayado Illa, que ha agregado que cualquier caso de posible mala praxis judicial debería enmendarse mediante mecanismos del propio poder judicial.Asimismo, ha pedido que el ámbito judicial "respete aquellas decisiones que son propias del ámbito legislativo, como lo es legislar, siempre que se haga dentro del marco de la Constitución".

No es lo que dijo Carles Puigdemont en su comparecencia, que señaló que uno de los motivos de la desconfianza era la criminalización del proceso independentista. "Ahora es muy difícil retractarse de lo que se considera terrorista y negociar con representantes de un movimiento que consideras violento y terrorista y pedirles que te ayudaran a gobernar. Quería indicar dos condiciones previas que a la hora de firmar el documento ya se han dado: una, la eliminación del independentismo como objetivo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la directiva de inteligencia aprobada por el Gobierno de España; y la otra la supresión de toda la referencia del independentismo en el informe de la Europol. Esto, y la amnistía, ayudará a descriminalizar nuestro movimiento, pero reconocemos que no son garantías absolutas".

En ese sentido, señaló Puigdemont, "las comisiones de investigación de la Operación Cataluña y el ‘Catalán Gate’ aportarán pruebas y testimonios que llevarán a la erradicación de los elementos podridos que hayan participado en la guerra contra el independentismo". Salvador Illa niega la mayor y destaca en cuanto a la amnistía que "los socialistas han impulsado la medida de gracia por "convicción" y con el objetivo de avanzar hacia la "reconciliación y el reencuentro", como una muestra de la "magnanimidad" y "solidez" de la democracia española.

"Esta medida demuestra la solidez de la democracia española, la capacidad de generosidad de la democracia española para cerrar una etapa y abrir una nueva, devolviendo al ámbito de la política aquello que es del ámbito de la política. Y haciéndolo, además, con pleno respeto al estado de derecho y garantizando la independencia del poder judicial", ha señalado.

El líder del PSC ha argumentado que la amnistía es "un paso coherente" que sigue el "camino de la reconciliación" recorrido los últimos años, con los indultos o la derogación del delito de sedición, "y que ha dado frutos".

Sobre las protestas en contra de la amnistía, Illa ha expresado su respeto "siempre que se mantengan en los cauces del respeto a otros puntos de vista" y ha recordado que los partidos que respaldan la investidura de Sánchez recibieron cientos de miles de votos "de ciudadanos que son españoles como los que se manifestaron ayer".

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