Ley de amnistía: la estrategia del PP en el Senado para paralizar su tramitación dos meses

Las movilizaciones contra la amnistía no serán el único arma de la oposición para intentar frenarla, a la espera de lo que pueda hacer la justicia. Unas movilizaciones que el PSOE ha calificado como ruido y crispación. El PP hará valer su mayoría absoluta en el Senado para aprobar de manera definitiva este martes su reforma del Reglamento con la que dilatará hasta dos meses la tramitación de la proposición de ley de amnistía en la Cámara Alta.

Los de Alberto Núñez Feijóo decidieron acelerar al máximo la tramitación de esta reforma del Reglamento, de modo que el pasado miércoles se tomó en consideración y será el lunes cuando se reúna la Comisión de Reglamento para que se vote de manera definitiva el martes, anticipándose a que la ley de amnistía salga del Congreso.

En concreto, el PP ha presentado esta reforma del Reglamento del Senado para dar potestad a la Mesa de la Cámara Alta, donde tienen mayoría absoluta, para decidir o no aplicar el procedimiento de urgencia en las proposiciones de ley, como será previsiblemente el de la amnistía.

En la exposición de motivos de su propuesta de reforma, el PP explica que la Carta Magna en su artículo 90 regula la tramitación por el Senado de los proyectos de ley ordinaria u orgánica aprobados por el Congreso, reduciendo a veinte días naturales el plazo de que el Senado dispone para vetar o enmendar los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por la Cámara Baja.

El PP subraya en su iniciativa que el artículo 90 de la Constitución se refiere, por tanto, a los proyectos "pero no a las proposiciones de ley, mediante una literalidad que, tal como demuestran los trabajos parlamentarios, no es casual sino fruto de la voluntad de los constituyentes".

En cualquier caso, el artículo 90 de la Constitución también establece que la tramitación de los proyectos de ley que vienen del Congreso, como puede ser el de la ley la amnistía, no pueden exceder los dos meses en el Senado desde su entrada en esta Cámara, si se acaban haciendo por procedimiento ordinario. Además, el artículo 106 del Reglamento del Senado también recoge este plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, para aprobarlo expresamente o para oponer su veto introducir enmiendas al mismo y devolverlo al Congreso.

Además, el PP aprovechará esta tramitación de la reforma del Reglamento del Senado para incluir además un apartado en el que se obligue al presidente del Gobierno o a los ministros a comparecer en la Cámara Alta cuando así lo soliciten los grupos parlamentarios, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

En concreto, el PP utilizará esta reforma del Reglamento para incluir una enmienda a su propia propuesta para incluir un apartado que especifique que los ministros y el presidente del Gobierno estarán obligados a comparecer en el Senado cuando lo soliciten dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los senadores.

Esto surge después de que cuatro ministros rechazaran acudir al Pleno del Senado de la semana pasada para comparecer sobre distintos temas después de la petición de varios grupos, alegando que esta obligación no estaba recogida en el Reglamento de la Cámara Alta.

En cualquier caso, tanto el fondo de la reforma del Reglamento como la forma de tramitación ha levantado las quejas del PSOE y sus potenciales socios de la investidura. De hecho, los socialistas no descartan acudir al Tribunal Constitucional.

En concreto, PSOE, ERC, Bildu, PNV, Junts y Sumar elevaron un escrito a la Mesa del Senado, que finalmente fue rechazado, para que reconsiderara la forma de tramitación de esta reforma, censurando la agilidad en los plazos y advirtiendo de una "grave infracción reglamentaria".