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El Consejo de Ministros ha aprobado la convocatoria de ayudas en concurrencia competitiva a salas de exhibición cinematográfica para el desarrollo de su actividad en 2023 por valor de 14,5 millones de euros. Esta cifra supone un incremento de más de cuatro millones con respecto a la convocatoria de 2022.
Asimismo, ha aprobado un acuerdo para subir el salario de todos los empleados públicos hasta un 0,5% adicional en la nómina de octubre, con efectos retroactivos desde enero; y y también las subidas salariales de entre 430 y 450 euros al mes pactadas con jueces, fiscales y Letrados de la Administración de Justicia (LAJ).
Sobre las ayudas a las salas de cines, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial en funciones, Isabel Rodríguez, ha justificado que "se pusieron en marcha como consecuencia de la crisis de la covid y este sector es uno de los pocos que no se han recuperado de aquello. Aún falta cubrir la asistencia a salas y por eso el Gobierno mantiene esta ayuda que fomenta la actividad cinematográfica en España".
Y, por otro lado, facilitar el acceso a una cultura cinematográfica "lo más diversa posible", posibilitando la presencia en la programación de las salas de producciones de distintas nacionalidades y lenguas.
Con esta medida se pretende dar continuidad al apoyo iniciado en 2020 al sector de la exhibición, uno de los más afectados por la situación extraordinaria de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Aunque el año 2022 cerró con 61,2 millones de espectadores, un 45% más que el ejercicio anterior, todavía no se han recuperado las cifras prepandemia.
Para esta convocatoria, la Conferencia Sectorial de Cultura acordó la centralización de manera excepcional de estas ayudas a las salas de cine a través del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales.
Los titulares de las salas de exhibición cinematográfica destinatarios, además de mantener su actividad durante el año 2023, han debido proyectar, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2023, un porcentaje de al menos el 25% de películas comunitarias, esto es, aquellas que posean certificado de nacionalidad expedido por uno de los Estados miembros de la Unión Europea.
Para calcular dicho porcentaje se computará como dos películas la programación de una cuya versión original sea en cualquiera de las lenguas oficiales de España, de las lenguas reconocidas estatutariamente por las comunidades autónomas, o de las lenguas de signos españolas reconocidas legalmente. De esta forma, se fomenta el acceso a la cultura y la divulgación de lenguas conforme a la normativa internacional.
La convocatoria establece una comisión de valoración que evaluará las solicitudes según los criterios y baremación establecidos en la resolución, relativos al porcentaje de sesiones de películas comunitarias programadas y el impacto en localidades de menos de 50.000 habitantes.
Por su parte, la determinación de la cuantía de las ayudas dependerá del número de pantallas de cada sala, del porcentaje de las sesiones de películas comunitarias y de la cantidad total de sesiones de películas comunitarias y no comunitarias.
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para subir el salario de todos los empleados públicos hasta un 0,5% adicional en la nómina de octubre, con efectos retroactivos desde enero, en virtud de un acuerdo firmado con CCOO y UGT que vinculaba esta subida a la evolución de la tasa de variación anual estimada del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de septiembre, que se situó en el 3,2%.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, ha cifrado el coste global de esta medida en el conjunto de las administraciones públicas en unos 740 millones de euros, de los que una "pequeña parte" corresponde a la Administración General del Estado (AGE), para la que ya se había reservado un montante en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 en previsión de que el IPCA fuera superior al estimado.
Montero ha recordado que esta subida tiene carácter retroactivo desde enero y es fruto del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI firmado por los sindicatos CCOO y UGT con el Gobierno en la Mesa General de las administraciones públicas.
Según lo acordado, las nóminas de los empleados públicos se elevaron en 2023 un 2,5% fijo, con la posibilidad de dos subidas variables, de 0,5% cada una. La primera se aplicaría si el IPC armonizado de 2022 y 2023 --hasta septiembre, según el dato adelantado-- superaba el 6% y la segunda variable del 0,5% operaría si el PIB nominal en 2023 superaba el previsto por el Gobierno (2,1%).
La primera subida variable, vinculada al IPCA, ya se ha cumplido, por lo que el Gobierno ha procedido a aprobar hoy el acuerdo por el que se aplicará en las nóminas del conjunto de empleados públicos.
Montero ha explicado que esta subida adicional del 0,5% será automática para los que son funcionarios. "En las empresas públicas y sector público ese incremento también opera, pero se sujeta también al convenio y, por tanto, a la interlocución sindical con la representación legítima que tenga cada ente instrumental, pero esta subida apela a todo el conjunto de empleados, funcionarios locales y de comunidades autónomas", ha subrayado la ministra en funciones.
La titular de Hacienda ha resaltado que con esta subida se da cumplimiento al acuerdo alcanzado con los sindicatos, al tiempo que ha reiterado el compromiso del Gobierno de cumplir con la otra subida adicional del 0,5% vinculada al PIB.
"Esa será otra variable que se podrá analizar en el mes de febrero y que completará ese 3,5% de subida a más de tres millones y medio de empleados públicos, que se irá completando a lo largo de los próximos meses, dando cumplimiento al acuerdo que se llevó a cabo con el conjunto de organizaciones sindicales", ha señalado.
En concreto, el acuerdo contempla que, en 2023, si el incremento del PIB nominal es igual o superior al que aparece estimado en el cuadro macroeconómico que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado (2,1%), se aplicará otra una subida complementaria de un 0,5%.
Este posible incremento complementario del año 2023, de carácter consolidable, tendría efectos de 1 de enero de 2023 y es muy probable que se produzca, ya que el propio Gobierno ha adelantado que el PIB crecerá por encima de la estimación oficial (2,1%), como así corroboran organismos nacionales e internacionales que han revisado al alza sus estimaciones, en la mayoría de los casos por encima del 2,1% previsto.
También en este Consejo de Ministros quedan aprobadas las subidas salariales de entre 430 y 450 euros al mes pactadas con jueces, fiscales y Letrados de la Administración de Justicia (LAJ). "Hemos dado luz verde al acuerdo de actualización salarial de los jueces y fiscales; y a lo que afecta a los LAJ, incrementos retributivos que cumplen con los acuerdos que se alcanzaron este mismo año", ha precisado Montero.
Así las cosas, se prevé que próximamente se haga efectivo el incremento salarial que debía haberse hecho efectivo el pasado julio para los LAJ y este octubre en el caso de jueces y fiscales.
Según ha explicado Montero, "esta subida salarial se aplicará de forma progresiva con diferentes hitos a finales de este año y a mediados del año que viene para completar todo lo que es el acuerdo retributivo a partir del 1 de julio de 2024".
Al hilo, además, ha apuntado que en el caso de los LAJ este incremento "se suma" a "otras medidas de mejora de sus condiciones salariales y retributivas que se aprobaron también en acuerdos del Consejo de Ministros anteriormente".
El visto bueno del Ejecutivo tiene lugar después de que, a mediados de septiembre, el Ministerio de Justicia explicara que la subida no se había hecho efectiva aún por la "situación política" que atravesaba el país --con un Gobierno aún en funciones y con un debate de investidura pendiente para finales de septiembre--.
En aquella ocasión, el Departamento dirigido por Pilar Llop avisó a los operadores jurídicos de que los acuerdos firmados tenían efectos retroactivos y que no corrían ningún peligro.
Las asociaciones de jueces y fiscales exigieron al Ejecutivo en funciones el pasado 12 de septiembre que cumpliera con la subida salarial de unos 450 euros al mes que pactaron en mayo en el marco de la mesa de retribuciones para evitar la huelga indefinida y advirtieron de que tomarían "medidas" para lograr que se ejecutase lo acordado.
En el mismo sentido se pronunciaron los LAJ el pasado julio, cuando reclamaron formalmente al Gobierno que cumpliese el acuerdo alcanzado en marzo --que contemplaba, entre otras cosas, una subida salarial de hasta 450 euros mensuales-- para poner fin a la huelga indefinida que mantuvieron durante tres meses.
Así las cosas, finalmente se materializa el acuerdo firmado con los LAJ en marzo --tras dos meses de huelga-- y el alcanzado con jueces y fiscales el pasado mayo para evitar la huelga planteada por seis de las siete asociaciones.
Tras resolverse en conflicto con jueces, fiscales y LAJ, queda pendiente que se resuelva el conflicto colectivo con los funcionarios de la Administración de Justicia, que antes de verano y a raíz del ambiente electoral suspendieron la huelga.
Por otro lado, este martes, los secretarios de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, y de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, han asegurado que el mercado laboral español en septiembre ha sido "dinámico" en lo que afiliación se refiere y han apuntado a un paro muy "focalizado" en Andalucía y la actividad turística.
Durante la rueda de prensa de presentación de datos del desempleo y afiliación, Joaquín Pérez Rey ha explicado que septiembre es un mes "negativo" normalmente, y que las 19.768 personas en desempleo de este mes proceden principalmente de Andalucía, quien concentra el 80% del paro registrado del noveno mes del año, y en el sector servicios, principalmente en las actividades más ligadas al turismo.
"En términos normales es un mes donde el paro registrado sube, este mes no es una excepción, sube pero de manera inferior, de hecho, es un 12% inferior al umbral medio de los últimos 12 años", ha recalcado.
Asimismo, Pérez Rey se ha referido al repunte del paro juvenil, que ha aumentado un 9,07% en septiembre, asegurando que ese "ligero aumento" se debe al colectivo sin empleo anterior, que, tras el verano, se ha incorporado al mercado laboral, del que no formaban parte.
Por su parte, Borja Suárez ha señalado que la afiliación sigue una "tendencia creciente". "No hay ningún año en el que se haya creado tanto empleo. El empleo fue particularmente intenso durante los primeros meses, pero después se ha mantenido un ritmo no tan intenso, pero continuado", ha indicado.
Ante estas cifras, Suárez ha adelantado que 2023 será un año "realmente positivo en términos de empleo" y ha puesto en valor que un tercio de los empleos creados en la zona euro se concentren en España.