El acuerdo entre PP y Vox para el Gobierno de Aragón se basa en 80 puntos divididos en 10 áreas que incluyen sacar la ideología de las aulas, poner a la familia en el centro de las políticas públicas, derogar la ley de memoria democrática de la Comunidad o el desarrollo íntegro de todas las obras necesarias para garantizar la reserva hídrica, sin nombrar el trasvase del Ebro.

El acuerdo ha sido rubricado este viernes por los portavoces parlamentarios de PP y Vox, Ana Alós y Alejandro Nolasco, sin la presencia del que será investido presidente de Aragón, el popular Jorge Azcón.

Un pacto de Gobierno por el que Vox dirigirá dos consejerías, de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, está última con rango de vicepresidencia primera que ocupará Nolasco, mientras que el PP estará al frente de una vicepresidencia segunda, con competencias de gestión que hoy no han concretado.

Estos son algunos de los aspectos más destacados del acuerdo, según de su propia redacción:

- Se reforzará la inspección educativa para preservar la calidad de la enseñanza, sacando la ideología de las aulas y permitiendo que los padres elijan la educación de sus hijos.

- Se situará a la familia en el centro de todas las políticas públicas, eliminando cualquier traba normativa que lo impida, para lo que la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales pasará a ser o Consejería de Bienestar Social y Familia y se creará la Dirección General de Familia, Infancia y Fomento de la Natalidad, cuya prioridad será redactar la Ley integral de apoyo a las familias, impulso de la natalidad y protección de la maternidad.

- Se reformará la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de Aragón y modificará el Reglamento de las Cortes para incluir la perspectiva de familia en la elaboración de las leyes que se aprueben.

- Compromiso absoluto en la lucha contra la violencia machista reclamando medidas más duras contra agresores y asesinos, así como la identificación del perfil del violador o maltratador, del mismo modo que promoverán políticas que persigan erradicar la violencia doméstica o intrafamiliar, en especial la que sufren mujeres, ancianos y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas.

- Se rebajará en medio punto los cinco primeros tramos del IRPF (hasta los 50.000 euros) para que la tributación de las familias aragonesas con ingresos medios y bajos se sitúe en la media española.

- Reducción del impuesto de Sucesiones y Donaciones estableciendo una bonificación del 99 % entre padres, hijos, abuelos y cónyuges. Reducción gradualmente del impuesto actual entre hermanos, tíos y sobrinos mediante bonificación en la cuota.

- En tanto no se produzca la derogación del Impuesto sobre el Patrimonio, se elevará el mínimo exento a los 700.000 euros y se bonificará al 100 % el patrimonio formado por inversiones en empresas, activos productivos de bienes o servicios generadores de empleo.

- Racionalización de las subvenciones a los agentes sociales y las ayudas al desarrollo.

- Desarrollo de un modelo de radio y televisión pública que sea acorde con la coyuntura económica y conformado por unos contenidos que reconozcan la pluralidad de la sociedad aragonesa, que favorezcan la cohesión territorial y los valores constitucionales y que promocionen la cultura y tradiciones aragonesas con el impulso de la producción propia de contenidos.

- Plan de choque inmediato contra la sequía, con ayudas directas a agricultores y ganaderos y una línea de financiación de préstamos para que puedan hacer frente a los gastos ordinarios de las explotaciones.

- Pacto contra la despoblación y probación de medidas para favorecer el establecimiento de docentes y profesionales médicos en el medio rural, como la implantación de puntuaciones más elevadas para esos destinos en los concursos de méritos y oposiciones.

- Desarrollo íntegro de todas las obras de regulación hidráulica necesarias para garantizar la reserva hídrica estatutaria, la modernización y ampliación de regadíos, el suministro industrial y de boca y el uso eficiente de los recursos hídricos en las próximas décadas.

- Derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón.

- Supresión de la Dirección General de Política Lingüística y traslado de funciones a la Dirección General de Cultura y Patrimonio, eliminación de las ayudas a entidades sin ánimo de lucro en materia de política lingüística y revisión del texto de la Ley de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón.