No habrá huelga de jueces y fiscales. Ses de las siete asociaciones de las dos carreras y el Ministerio de Justicia han pactado firmar este martes un acuerdo. La séptima, la APM, que es la mayoritaria de jueces, todavía está planteándoselo. Ha sido en su quinta reunión, a la que las asociaciones llegaban con posturas divididas, y quizás por eso con menos fuerza de negociación con un ministerio que en los últimos tiempos no da abasto para las numerosas reivindicaciones laborales que se le hacen.

Justicia y Hacienda han puesto sobre la mesa 46,7 millones de euros para evitar el paro. Lo hicieron el ocho de mayo, y desde entones no se han movido de esa cantidad, que supondrá unos 450 euros de media cada mes para los jueces y fiscales.

Sí han implementado algunos otros puntos, como el incremento de cien jueces y fiscales en la oferta de empleo público de 2023.

La firma del acuerdo pone fin a la convocatoria de huelga que se había aplazado del 16 al 22 por parte de cuatro de las asociaciones. La insatisfacción, según fuentes judiciales es generalizada, aunque las dos asociaciones progresistas ya habían dado por buena la oferta.

Todas las asociaciones excepto la mayoritaria de jueces, la APM, han ido confirmando a lo largo de la mañana que estaban dispuestas a aceptar el acuerdo y que acudirían a la segunda sesión del día, ya por la tarde, con la intención de cerrar flecos.

Precisamente la APM es la única asociación de las convocantes, que no se había sumado al aplazamiento de la huelga del 16 al 22 de mayo, es decir el lunes que viene. En su caso, habían suspendido la convocatoria de huelga, pero sin fecha. También es la que se mantiene más beligerante a día de hoy,

Tras la jornada matutina de la quinta reunión, ha sido la más escéptica. Su portavoz, Juan José Carbonero, ha avisado que el acuerdo no estaba garantizado aunque algunos interlocutores parecían dar por hecho que iba a ser así: "Cabe la posibilidad de que la negociación pueda pasar a otra fase, pero no garantiza nada. No sería el primer proceso que se frustra por la redacción que pueda tener una acuerdo", ha aseverado a las puertas del Ministerio de Justicia ante los medios.

Ya por la tarde, Carbonero explicaba que su asociación sigue estando insatisfecha, pero añadía que aún hay tiempo para el acuerdo: "Yo estoy en negociación todavía; los demás parece que no, que ya han llegado al término de la negociación".

Lo que han aceptado los jueces y fiscales es un montante total de 46,7 millones de euros para los 8.000 miembros de la carrera, que supondría un aumento de unos 450 euros al mes, un aumento de un 7% sobre sus retribuciones que se sumaría al 8% aprobado para todos los funcionarios.

Además, la oferta pasa por otras mejoras, como un incremento del complemento de destino por representación o una aceleración dela conversión de plazas de fiscales.

Eso, además de un aumento de 100 plazas en 2023 y la promesa de convocar la mesa de retribuciones una vez al año.

Cinco veces se han visto las caras las cuatro asociaciones de jueces, las tres de fiscales, así como el Ministerio de Justicia y el de Función Pública, en la Mesa de Retribuciones, a la que también asisten representantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

La primera reunión, la del 3 de mayo, culminó sin acuerdo después de que el departamento que dirige Pilar Llop pusiera sobre la mesa una oferta de 44 millones de euros para mejorar las retribuciones de jueces y fiscales. Fuentes cercanas a la negociación precisaron a Europa Press que esta cifra inicial representaba solventar en un 6% la pérdida del poder adquisitivo de jueces y fiscales, cuando las asociaciones habían denunciado que la pérdida de ambas carreras había sido cercana al 20%.

En una segunda reunión, el Ministerio elevó su propuesta en dos millones de euros y llegó a los 46,7 millones que finalmente se han aceptado. El Gobierno dejó claro que esa sería su última oferta y así fue.

Tras varios encuentros, el martes se presentó en firme esa oferta con el resto de flecos y se dieron 48 horas a las asociaciones para dar su respuesta, finalmente afirmativa y que servirá para evitar un colapso aún mayor de la Justicia española.