La ONU dictamina que España violó los derechos de Puigdemont al vetar su investidura tras las elecciones de 2017

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha emitido un dictamen que condena a España por violar los derechos de participación política del expresidente Carles Puigdemont tras las elecciones de 2017, por suspenderlo como diputado del Parlament y no permitir su investidura, que habría sido a distancia, porque Puigdemont ya se había marchado a Bélgica. La Justicia española no le permitió someterse a una investidura de manera telemática, lo que él denunció ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

En su escrito, que puede consultar aquí, el Comité concluye que España "violó los derechos del autor en virtud del artículo 25 del Pacto", que aborda el derecho de participación política, al procesarle por rebelión, lo que desembocó automáticamente "en su suspensión de su cargo como diputado, previa a una condena". Para el organismo internacional, esa decisión no obedeció a "motivos previstos en la legislación, que sean razonables y objetivos" y se tomó tras una acusación por hechos "públicos y pacíficos".

Tras el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017 y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Cataluña celebró unas elecciones el día 21 de diciembre. La victoria en votos y escaños fue de Inés Arrimadas al frente de Cs, pero sin opción de gobernar. En cambio, el segundo, el Junts x Cat de Puigdemont, sí tenía los apoyos necesarios para hacerlo.

Ya fugado a Bélgica, Puigdemont intentó acceder de nuevo a la presidencia, pero ante el riesgo de ser detenido si ponía un pie en España, trató de hacerlo sin regresar, siendo investido en la distancia. El Constitucional le dijo que no era posible de esa manera, y la investidura, ya en primavera, fue la de Joaquim Torra.

España tendrá que adoptar las medidas necesarias para evitar "que se cometan semejantes violaciones en el futuro" y explicar en un plazo de 180 días qué medidas ha tomado en ese sentido.

Eso sí, en lo que se refiere a Carles Pugdemont, el Comité considera que su propia resolución dando respuesta a la denuncia es "una reparación suficiente", por lo que su situación no cambiará pese a esta nueva batalla ganada fuera de las fronteras nacionales.