Todas las asociaciones de jueces y fiscales han decidido no empezar su huelga el próximo martes, como estaba previsto, sino que la han aplazado al lunes siguiente, día 22, para "ampliar el margen de negociación durante unos días", como pidió el Gobierno durante la reunión de este miércoles.

La última ha sido esta noche la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en los jueces, cuya comisión permanente acordó, "como gesto de buena voluntad", suspender el paro "a la espera de los avances que se produzcan en la mesa de retribuciones en beneficio de los intereses de la carrera judicial".

Responde con ese gesto, según indica la APM en una nota remitida esta noche a EFE, a lo expresado en la reunión celebrada ayer por el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, "que condicionó la convocatoria de una nueva reunión de la mesa de retribuciones a la suspensión de la huelga convocada, retrasando su inicio, para presentarnos, además, una nueva oferta".

Las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, que abogan por aceptar la propuesta del Gobierno, son las únicas que no se han sumado en ningún momento a la convocatoria de huelga.

Las otras dos asociaciones de fiscales -Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)- y el Foro Judicial Independiente (FJI) decidieron anoche, al término del encuentro con el Gobierno, retrasar el inicio; mientras que la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) se ha sumado al aplazamiento esta mañana tras una reunión de su junta directiva.

El Gobierno ha emplazado a jueces y fiscales a un nuevo encuentro el próximo martes, día para el que estaba previsto el inicio de la huelga. Antes, Justicia y Función Pública trasladarán a las asociaciones su "propuesta definitiva", indica JJpD en un comunicado.

Esta incluirá, además de la oferta económica "inamovible" de unos 46 millones de euros, algunos "aspectos de la mesa de retribuciones que quedan abiertos a negociación futura" y que servirán para "tratar de avanzar en temas como trienios, cargas de trabajo salud laboral, carrera profesional, guardias, retribuciones variables, grupos de población y complemento de carrera", explica JJpD.

Según la asociación, "el proceso finalizaría el día 18 de mayo con una nueva reunión en la que deberán fijarse las posiciones definitivas" de jueces y fiscales.

Por su parte, la AJFV reconoce que las negociaciones "no han dado sus frutos", pero celebra que esté en funcionamiento la mesa de retribuciones, "un órgano de negociación que ha permanecido inerte durante más de una década", y que haya una propuesta respecto al calendario de trabajo de esta comisión.

La mesa de retribuciones es el órgano previsto por la ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, que se debe convocar cada cinco años, pero que no se reunía desde su creación en 2003.

Fuentes de las asociaciones judiciales aseguran que su capacidad adquisitiva ha disminuido un 20 % de media desde 2004, mientras que la oferta del Gobierno supondría un incremento de algo más del 6 % en tres años. Los salarios de jueces y fiscales oscilan, de media, entre los 52.000 y los 131.000 euros brutos al año.

De producirse finalmente, en plena campaña electoral, esta sería la tercera huelga indefinida en la administración de Justicia en lo que va de año, tras la de los letrados, que duró dos meses, y la anunciada este miércoles por los funcionarios de los cuerpos general y especiales también a partir del 22 de mayo.