El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves un real decreto-ley que incluye un paquete de medidas urgentes de apoyo al sector agrario para hacer frente a la prolongada situación de sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario como consecuencia de la guerra en Ucrania.

Nada menos que 2.190 millones de euros. Es el valor del paquete "sin precedentes" de medidas para hacer frente a la sequía que el Gobierno ha aprobado este jueves en un Consejo de Ministros extraordinario y que incluye 784 millones para el sector agrario -636 solo en ayudas directas-, así como diferentes inversiones en infraestructuras hidráulicas.

De esta forma, el Gobierno eleva a unos 2.190 millones de euros las ayudas agrarias y las habilitadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en materia de aguas. Teresa Ribera ha señalado también que el objetivo es que el volumen de agua reutilizada que España utiliza pase del 10% actual, al 20 % en el año 2027.

El problema de la sequía es grave, la extinción de alimentos de cara al futuro. De hecho hay alimentos que puede ser difícil que llevemos a la nevera este verano. Lo que sí parece inevitable es la subida de precios de muchos de ellos como consecuencia de la falta de lluvias.

Entre las medidas aprobadas este jueves se incluyen ayudas directas de Estado para los sectores agrícola y ganadero, que superan los 636 millones de euros, o la subvención de hasta un 70% del coste de las pólizas de seguros por la sequía de los cultivos más comprometidos por la falta de lluvias y las elevadas temperaturas. El impacto económico de todas las medidas adoptadas en el ámbito agrario suma más de 784 millones de euros. De las ayudas directas, 355 millones de euros serán para los sectores ganaderos cárnico y lechero, 276,7 millones para la agricultura y 5 millones para la apicultura.

Desde el inicio del año hidrológico, el 1 de octubre de 2022 hasta esta misma semana, el valor medio de las precipitaciones en España ha sido un 27,5% inferior al promedio de este periodo.

El Gobierno ha considerado que en el actual escenario tras la invasión de Ucrania el sector estaba sometido a una situación "compleja" que, unida a las circunstancias climáticas, hace que resulte de "extraordinaria y urgente" necesidad adoptar medidas que garanticen el mantenimiento y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, reafirmen la seguridad alimentaria y permitan reforzar la senda de crecimiento económico del país.

Además del pago de las ayudas directas, el real decreto-ley contiene medidas de apoyo de ámbito fiscal, financiero, socio-laboral, hidráulico y relacionadas con la Política Agraria Común (PAC).

En materias fiscal, quedan eximidas del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) las propiedades de los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas que hayan sufrido, en el ejercicio 2023, una reducción del rendimiento neto de las actividades agrarias de, al menos, un 20% en zonas con limitaciones naturales, según la normativa de la Unión Europea, o de un 30 % en las demás.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha recordado que en la orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública publicada el pasado 25 de abril ya contempla una "importante" rebaja fiscal para el sector agrario, al reducir un 25% lineal el rendimiento neto para el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para todos los agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos, más de 800.000 beneficiarios. Además, la orden incluye numerosas minoraciones en los coeficientes de entre el 30% y el 50% para los sectores ganaderos, así como determinados sectores agrarios.

Se exime del pago de IRPF y del impuesto de sociedades las ayudas que se perciban por los ecorregímenes de la PAC. Igualmente queda eximida del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados la formalización de avales de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (SAECA) en los contratos de préstamo, lo que supone un abaratamiento de las operaciones que facilitan también el acceso a la financiación en mejores condiciones.

En materia laboral, se ha aprobado un aplazamiento en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo devengo tenga lugar entre los meses de mayo a septiembre de 2023, para las empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, y entre los meses de junio a octubre de 2023, para los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

Además, se prorroga, hasta el 31 de diciembre de 2023, la medida excepcional de reducción a 10 el número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio agrario en las comunidades autónomas de Andalucía y de Extremadura.

Por otro lado, el decreto contempla una nueva ampliación en 20 millones de euros de la dotación para la bonificación de créditos de la línea ICO-MAPA-SAECA que pueden llegar hasta el 15% del principal del préstamo. Igualmente se amplía en 3 millones de euros la línea de financiación de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) que son necesarios para la obtención de estos créditos.

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación vuelve a incrementar en 40.485.800 euros la partida destinada a subvencionar la contratación de seguros agrarios. Esta dotación permitirá subvencionar hasta el 70% del coste de la pólizas ya contratadas -el máximo permitido por la normativa europea- que incluyan la cobertura por riesgo de sequía en los cultivos de secano de herbáceos extensivos, olivar, uva de vinificación, almendro, avellano, kiwi, endrino, alfalfa, remolacha azucarera y maíz forrajero. Con esta ampliación, la línea de apoyo a la contratación de seguros agrarios del ministerio ascenderá ya en este ejercicio a más de 358 millones de euros.

Asimismo, el real decreto-ley contempla que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establecerá los criterios para que, de una forma armonizada, las autoridades competentes de las comunidades autónomas puedan flexibilizar determinados requisitos de las ayudas directas de la PAC, al objeto de que las circunstancias devenidas como consecuencia de la sequía no representen impedimentos añadidos para la percepción de dichas ayudas.

Así, se amplía hasta el 30 de junio el plazo para la presentación de las solicitudes.

Tras las reuniones mantenidas con las comunidades autónomas y el sector, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha elaborado una circular que será remitida para consulta este jueves, que recoge los requisitos de condicionalidad reforzada, ecorregímenes y ayudas asociadas para los que se puede aplicar la causa de fuerza de oficio con motivo de la sequía.

Se escalona además en cuatro fases, en lugar de las dos que estaban establecidas, la entrada en vigor del Cuaderno Digital de Explotación. Según el tipo de explotación, se retrasa al 1 de enero de 2024 y al 1 de enero de 2025 la incorporación de la totalidad de la información obligatoria a dicho cuaderno.

Por último, los agricultores que sean titulares de derechos de riego y que hayan tenido una reducción en los suministros de agua que tienen concedidos se beneficiarán de una rebaja del canon. Esta bonificación será del 100% si la reducción en la dotación de agua supera el 60%, y del 50% si el recorte del suministro ha sido de entre el 40% y el 60%.

Los beneficiarios indirectos de obras de regulación en la cuenca del Guadalquivir, por su parte, tendrán una reducción del canon del 50%.

El Gobierno asume obras de interés general en territorios especialmente afectados por la sequía como Cataluña y Andalucía. Son obras de ejecución prioritaria para construir desaladoras en Málaga y en el Levante almeriense, con una inversión de 200 millones de euros. También en Turdera (Cataluña) y reutilización de agua en Alicante. La ministra ha afirmado que estas construcciones no estarán operativas para este verano.

Con respecto a la situación de Doñana, el Gobierno va a intervenir las obras que permitan reducir la presión en esta zona.

La ministra de Transición Ecológica ha explicado que el Gobierno cuenta con ejecuciones de actuación inmediata en las cuencas hidrológicas más afectadas por la sequía. Se trata de intervenciones, pozos de sequía y conexiones para el abastecimiento por un importe de 35,5 millones de euros para garantizar el abastecimiento de agua este verano.

El Ejecutivo ha anunciado que, cuando desde la Agencia Estatal de Meteorología se produzcan alertas rojas o naranjas por altas temperaturas, sea obligatoria la reducción de jornada de los trabajadores o reorganización de jornada.

Además, las medidas preventivas incluirán la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que concurran fenómenos meteorológicos adversos que así lo requieran, sin perjuicio de las medidas de protección individual que procedan.

El Gobierno ha aprobado una serie de medidas para proteger a los trabajadores ante olas de calor y que incluyen la prohibición de desarrollar determinadas tareas en algunas horas cuando haya alerta naranja o alerta roja por altas temperaturas emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La medida forma parte del real decreto ley aprobado este jueves para hacer frente a los efectos del cambio climático y establece la obligación concreta de prever medidas adecuadas para la protección de las personas trabajadoras ante temperaturas extremas. Según ha explicado tras la reunión del Consejo de Ministros el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se hacen "más estrictas las condiciones" en esta materia con la prohibición de determinadas tareas en esas circunstancias de calor extremo cuando haya riesgo para la salud.

Todas las medidas, explican desde el Ministerio de Trabajo, se sustentarán en una evaluación de riesgos laborales que tendrá en cuenta tanto las características de la tarea como las individuales y en el caso de esas alertas obligarán a adaptar las condiciones de trabajo, incluida esa reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista.

Durante el verano de 2022 la media de las temperaturas registradas entre el 1 de junio y el 31 de agosto fue la más alta desde el comienzo de la serie histórica. En esos meses se produjo un incremento de más de 4.800 muertes atribuibles a la temperatura en toda España. La disposición de las nuevas medidas se enmarca en el desarrollo la reciente Estrategia Española de Seguridad y Salud 2023-2027 y en los Objetivos de Desarrollo sostenible de la Agenda 2030, relacionados con los efectos del cambio climático. 

El Consejo de Ministros también ha acordado adelantar 15 días, desde el 1 de junio al 15 de mayo, el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos de las Temperaturas sobre la Salud para este año 2023. Según ha informado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros extraordinario con motivo de la sequía, la decisión se adoptó el pasado 27 de abril en la Comisión de Salud Pública.

Se trata de adelantar medio mes de dicho plan que se pone en marcha desde hace 19 años en España y en el que participan el Gobierno, las comunidades autónomas, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). "Entrará en vigor el próximo 15 de mayo, se extendería hacia el próximo 15 de septiembre", ha precisado la ministra que ha insistido en que este adelanto permitirá una mejor protección ante los efectos del calor en la vida cotidiana y en los empleos "ante las distintas alarmas de la AEMET".

Dicho plan de actuaciones depende del Ministerio de Sanidad y establece las medidas para reducir los efectos asociados a las temperaturas excesivas y para coordinar las instituciones de la Administración del Estado implicadas, así como también se proponen acciones que puedan ser realizadas por las Comunidades Autónomas y la Administración Local en función de los niveles de riesgo asignadas en base a las temperatura.

La sequía asfixia ya al 80% del campo español y produce pérdidas irreversibles en más 5 millones de hectáreas de cereales de secano, según la COAG. Se dan prácticamente por pérdidas las cosechas de trigos y cebadas en Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, Murcia, Aragón, Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla y León. En las explotaciones de frutales de Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña las restricciones de regadío amenazan seriamente la viabilidad de los árboles y muchos agricultores se verán obligados al arranque.

 El cultivo del arroz en Andalucía no se podrá llevar a cabo. En la mitad sur, olivos y frutos secos de secano difícilmente superarán el 20% de una cosecha normal en las comarcas más afectadas.  La ganadería extensiva, principalmente la cabaña ovina-caprina y el vacuno, ve agravada su situación por la ausencia de pastos. Los ganaderos tienen que recurrir a la compra de pienso y forraje para mantener a sus animales. En el caso de estos últimos su precio se ha duplicado en el último mes y se atisban problemas de abastecimiento durante los próximos meses.

Una situación muy similar es la que atraviesan los apicultores. La falta de vegetación y floración en los montes impide que las abejas puedan alimentarse y producir miel. Y con esta, sería la tercera campaña sin cosecha para estos profesionales.