Cuando hace cuatro meses fue nombrado presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido se marcó dos objetivos claros: desatascar los recursos contra leyes importantes del Gobierno y sacar adelante una sentencia sobre la Ley de Plazos del aborto de la era Zapatero. Eso último ha ocurrido este mismo martes, con una resolución favorable a la norma que ya lleva en vigor 13 años.

En cuanto a los recursos contra leyes de Sánchez, en estos cuatro meses ya han visto la luz las sentencias sobre la Ley Celaá y la de Eutanasia. Las dos fueron recurridas en 2021 por el PP y por Vox, que ya lleva 45 recursos ante el Tribunal Constitucional en lo que va de legislatura.

El paso marcado por Conde Pumpido ha puesto al Constitucional en velocidad de crucero, pero la frecuencia con la que el PP, y especialmente Vox, acuden al tribunal lo mantienen inundado de recursos contra normas gubernamentales. El último en llegar llegar ha sido contra la Ley de Memoria Democrática, que todavía tiene que ser admitido a trámite. En cualquier caso, lo más probable es que acepte estudiarla, como se ha hecho este martes con la Ley Trans y la reforma que derogó la sedición y reformó la malversación.

Desde la moción de Censura de Mariano Rajoy, en 2018, el Gobierno de coalición ha aprobado más de 130 decretos, y ha sacado adelante más de 70 leyes ordinarias, y al menos 34 orgánicas. La actividad legislativa ha sido intensa y la jurídica de la oposición, ante el Tribunal Constitucional también. Los magistrados han advertido que no se les puede considerar una tercera cámara legislativa, pero ni PP ni Vox -ni antes otros- renuncian al intento de tumbar en los tribunales lo que no pudieron parar en el Parlamento.

El 24 de enero, el TC dio luz verde al estudio de la ley del 'solo sí es sí', una de las que más ha dado que hablar por parte del Ejecutivo, debido al millar de rebajas de condenas a agresores sexuales.

Para evitar ese tipo de "efectos indeseados" en el futuro, la norma se acaba de reformar a instancias del PSOE y con el apoyo del PP, pero el recurso de Vox está ya sobre la mesa de los magistrados. El partido de Abascal clama contra ella por "vulnerar todos los principios básicos jurídicos y constitucionales" y la califica como una "aberración jurídica".

La reforma que supuso la derogación de la sedición y la rebaja de penas para algunos delitos de malversación también le ha costado al Gobierno numerosos reproches de la oposición, y también será examinada por el TC, que no solo estudiará el recurso de Vox, sino también el del PP.

Lo cierto es que parece haber una carrera entre ambos partidos para acudir al Constitucional, o al menos eso se desprende de su ritmo de recursos. Cuando se aprobó la ley trans, el PP aseguró que no la recurriría y que la derogaría si gobernaba, pero en abril, Vox acudió al TC y días después el PP anunció que también lo haría, aunque de momento eso no ha ocurrido.

La ley de Memoria Democrática es otra norma recurrida por ambos partidos; igual que la reforma que vetó al CGPJ para nombrar a jueces mientras estuviera en funciones.

Los magistrados intentan darse prisa en sus resoluciones, pero los partidos tienen a sus juristas metidos de lleno en la tarea de estudiar leyes y esgrimir argumentos contra ellas, conscientes de la recompensa electoral que puede dar convencer al TC de que una ley no se ajusta a la Constitución.

Vox exhibió sus triunfos por las sentencias que tumbaron los estados de alarma durante la pandemia de coronavirus y ahora, igual que el PP, intenta repetir con otras normas que han generado polémica. El problema que se puede encontrar, es la sensibilidad progresista de la mayoría del Tribunal Constitucional, que ha sustituido a la mayoría conservadora que examinó aquellos estados de alarma.

El partido de Santiago Abascal ha intentado anular al tribunal desde el primer día con una avalancha de recusaciones que pretendían dejarlo sin cuórum, pero el Pleno se blindó y esa estrategia no ha prosperado.

La mayoría progresista puede suponer un freno a los recursos, aunque los bloques se empezaron a romper con la sentencia sobre la ley de Eutanasia, y no es imposible que no se rompan a la inversa con normas como el 'solo sí es sí', la rebaja de las penas de la malversación o la derogación de la sedición.

De momento, las dos normas más importantes del Gobierno de Sánchez han contado con el apoyo de la mayoría progresista.